Centroamérica debe lograr mayor financiamiento para adaptación en la COP30 si quiere cumplir sus metas climáticas
Los países de la región que han presentado sus nuevos compromisos climáticos buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero señalan que dependerá del acceso a recursos.
Por María José Núñez Chacón desde Belém
Centroamérica es el epicentro de una creciente vulnerabilidad climática que impacta directamente en la vida de sus habitantes, ecosistemas, infraestructura y economías, sumado a problemas estructurales que arrastra del pasado. Esto le planta un desafío esencial en el marco de la 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30): encontrar financiamiento no solo para la mitigación o reducción de emisiones, sino también para la adaptación a los efectos cada vez más intensos y recurrentes de la crisis climática.
Las discusiones de los primeros días de la COP30, que se realiza en Brasil y prevé finalizar el próximo 21 de noviembre, han colocado el financiamiento como una prioridad, pero también como punto de conflicto. Los países en vías de desarrollo han solicitado triplicar el financiamiento destinado a la adaptación, pero el obstáculo radica en lograr criterios unificados.
La meta inicial con la que arrancó esta cumbre es de $300.000 millones anuales para financiar mitigación y adaptación, lo que resulta insuficiente para las naciones que se ven más impactadas por el cambio climático, lo que las llevó a plantear que debía extenderse a $1,3 billones.
La discusión en Belém, sede de la COP30, se desarrolla no solo en torno a cuánto dinero tienen que aportar los países desarrollados (aún resta negociar la nueva meta del Fondo de Adaptación), sino también en los mecanismos para otorgarlos, pues históricamente se han consolidado como financiamientos que producen más deuda pública a las ya sobreendeudadas economías más vulnerables.
Este es un tema que abordó la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, en representación del grupo de países que conforman la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (Ailac), bloque negociador que agrupa a Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Señaló que el peso de la deuda limita la acción climática en la región.
Vélez hizo un llamado para que las discusiones sobre financiamiento incluyan mecanismos concesionales que no incrementen la deuda y generen espacio fiscal, así como una reforma profunda de la arquitectura financiera internacional. Lograr esto resultaría vital para las naciones centroamericanas.
Centroamérica llega tarde
Precisamente, el Séptimo Informe Estado de la Región, proyecta que en el territorio centroamericano podría generarse un incremento de temperatura de entre 2°C y 4°C hacia finales del siglo; una reducción de las precipitaciones de entre el 5% al 31%, dependiendo del país, y con mayor impacto en el Corredor Seco Centroamericano, que incluye a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, así como las zonas costeras de República Dominicana.
En paralelo, la ciencia muestra que habría un aumento de las lluvias intensas que provocarían inundaciones y deslizamientos, generando una mayor vulnerabilidad en la población e infraestructuras; todo ello impactando sectores esenciales como cultivos, cobertura forestal, generación hidroeléctrica y el acceso al agua.
De acuerdo con Leonardo Merino, investigador del informe Estado de la Región, a Centroamérica le “agarró tarde” para entender su verdadero reto en materia de cambio climático, y aunque resulta vital reducir la generación de emisiones contaminantes, se introdujo de lleno donde estaba el dinero: en mitigación.
“Para una región en condiciones de tanta desigualdad, vulnerabilidad, exposición y debilidad institucional, el principal problema que debimos abordar hace años era la adaptación, con el fin de prepararnos para el golpe que nos llegaría. Las proyecciones del informe plantean que tendremos condiciones más hostiles, y mientras el mundo no cambie sus emisiones de manera sólida —y la evidencia muestra que vamos en reversa— la adaptación debe ser nuestra prioridad”, indicó el experto.
Aunque sí reconoció que las políticas de adaptación han avanzado, aún no lo han hecho en la escala y condiciones que se requieren para dar sostenibilidad y reducir los riesgos. El informe destaca 269 experiencias de adaptación en la región centroamericana (incluyendo a República Dominicana) y el 88% contó con participación estatal, alianzas estratégicas con el sector privado, sociedad civil, organismos cooperantes, organizaciones no gubernamentales y la academia.
Pese a ello, presentan importantes limitaciones como una alta dependencia del financiamiento internacional, limitada capacidad institucional en algunos territorios y el apremio de mayor articulación territorial y multisectorial.
El reto: financiar la adaptación
Según el Índice de Finanzas Sostenibles 2025 (IFS), los avances en materia de financiamiento climático son insuficientes. Los ingresos por actividades intensivas en carbono superan en 11 veces a los sostenibles, y los presupuestos destinados a sectores con alto impacto ambiental son 5 veces mayores que aquellos dirigidos a la acción climática.
Al afinar el foco sobre Centroamérica, el IFS ubica a Panamá en su Ranking de Finanzas Sostenibles 2025, como el país mejor posicionado del istmo, con un desempeño “muy alto” (con una calificación de 3,5 de 4 puntos), producto de su alta captación de financiamiento internacional climático y su baja exposición a fuentes intensivas de carbono.
Honduras le sigue con un 3,3 puntos, tuvo una mejora con respecto al ranking del año pasado —cuando obtuvo un 2,5— al obtener un mejor flujo de financiamiento internacional. El Salvador tuvo 2,8 puntos, en una valoración medio-alta al lado de Nicaragua que alcanzó 2,3. Por su parte, Guatemala alcanzó un 2,2 en categoría media, pero que marcó un retroceso, dado que en 2024 alcanzó un 2,6. Costa Rica figura con una calificación medio-baja de 1,4.
Entonces, el financiamiento internacional dirigido a los países centroamericanos —así como para el resto de Latinoamérica— se ha convertido en un instrumento para impulsar la sostenibilidad fiscal y ambiental, pero con el mismo problema: se enfoca en mitigación y poco en adaptación, algo que genera presiones fiscales en economías, ya de por sí, sumamente endeudadas.
Solamente Nicaragua y Guatemala han logrado acceder a mayores subvenciones, un 100% y 56% respectivamente, un apoyo más sostenible, dado que no incrementa el endeudamiento público y suele ser más flexible. En contraste, Honduras accede a este tipo de financiamientos solamente en un 7%, Costa Rica el 5%, El Salvador 4% y Panamá el 3%.
Según el IFS, la calidad del financiamiento es tan importante como la cantidad, de manera que fortalecer el acceso a recursos concesionales, mejorar la transparencia en su uso y asegurar una distribución equilibrada entre mitigación y adaptación resulta esencial para alcanzar una transición justa, fiscalmente sostenible y alineada con los compromisos globales que se han planteado en la COP30.
Para Merino, en el caso de Centroamérica, y en especial Costa Rica, hay que entender la necesidad de que el Estado haga esfuerzos por reducir los riesgos y avanzar en adaptación, que no solo pasa por conseguir los recursos financieros, sino también por ordenar los territorios con procesos participativos y herramientas robustas.
“Debemos encaminarnos de una sola vez en la adaptación transformacional, pensar en cómo modificar los patrones productivos de consumo, en agricultura, viviendas seguras; así como reducir las desigualdades y rezagos, garantizar la seguridad alimentaria, resolver el tema hídrico y la generación de energía sostenible”, comentó el investigador.
¿Qué dicen las NDC centroamericanas?
No todos los países de la región han presentado oficialmente sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) actualizadas —que constituyen las metas de reducción de emisiones, los mecanismos para restaurar los bosques y adaptarse al cambio climático—, pero ya se ha registrado su rendición de cuentas y en todas habla sobre necesidades de financiamiento para la adaptación.
Honduras, por ejemplo, se propuso reducir su emisión de gases contaminantes en un 16% y asumió 13 objetivos estratégicos de mitigación y adaptación, pero todo esto depende del financiamiento internacional.
Nicaragua también presentó ya su NDC, en la cual evidenció el impacto que sufre por eventos climáticos extremos, pero no cuenta con un sistema de monitoreo para sistematizar las acciones de adaptación, por lo que expresó la necesidad de fortalecer sus capacidades para acceder a fondos internacionales. En el análisis de avance y principales metas establecidas en sus NDC, el financiamiento se establece como condicionante esencial para su cumplimiento.
La NDC de Panamá se enfoca en mitigación y adaptación, en la que pretende reducir sus emisiones en un 11%, la restauración de 100.000 hectáreas de ecosistemas e incluso plantea que podría bajar los gases un 6%, pero condicionado a recibir fortalecimiento de capacidades, intercambio de tecnologías y en especial financiamiento, que podría darse a través del mercado de carbono y la cooperación.
Costa Rica presentó, el pasado 15 de noviembre, sus compromisos climáticos, prometiendo, entre otras cosas, reducir en un 53% sus emisiones e impulsar mecanismos y proyectos para mitigación en áreas como energía y transporte, descarbonización industrial, edificaciones sostenibles. También plantea consolidar la carbono neutralidad en la agricultura y ganadería, así como mover iniciativas en adaptación, pero casi todo, estaría condicionado a lograr mayor cooperación internacional, financiamiento externo y del sector privado.
Adaptación es el pilar en la COP30
En entrevista, el viceministro costarricense de Gestión Estratégica del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Carlos Isaac Pérez Mejía, fue enfático en señalar que se requiere acompañamiento desde el punto de vista financiero si se espera que el país y las naciones centroamericanas avancen en las medidas de adaptación.
“Claramente tenemos que ser ingeniosos en cómo serán las futuras finanzas climáticas, según las condiciones que tenemos como país y región, y en eso estamos trabajando. Por eso, la COP30 tiene que ser la cumbre de la implementación, vamos a presentar los resultados que hemos tenido en la implementación de finanzas del clima”, añadió el jerarca.
Por su parte, Carolina Sánchez de la Red Gran Caribe Libre de Fósiles recordó que los gobiernos deben volver la mirada hacia los temas de adaptación y, precisamente, el reclamo de la sociedad civil es que no hay dinero para atender este rubro.
Sánchez agregó que el impacto que sufren los países centroamericanos por los efectos del cambio climático es evidente. Pese a ello, los fondos son mínimos, mientras que las negociaciones en las cumbres no llegan a los montos esperados debido a que no hay consenso ni ejecución real del financiamiento, tanto en adaptación como en pérdidas y daños.
“Desde la sociedad civil pedimos que el financiamiento sea de fácil acceso y directo para las comunidades más afectadas, porque el problema en el fondo es cómo se ejecutan los dineros, muchas veces se quedan en los gobiernos centrales y no necesariamente llegan a las localidades. La COP30 tiene que ser el espacio en que se avance en financiamiento para la adaptación”, recalcó Sánchez.
En este sentido, Carola Mejía, coordinadora de Justicia Climática, Transiciones y Amazonía de la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, social y climática (Latindadd), fue clara en que el financiamiento climático es clave en las negociaciones, pero coincidió en que se necesita dinero público ágil, predecible y libre de deuda, con metas claras.
Por ello, se busca incrementar los flujos a $1,3 billones de dólares anuales, triplicar los fondos de adaptación y alinear todos los recursos financieros con el cuidado de la vida y el planeta, como establece el artículo 2.1.c del Acuerdo de París.
Pese a esta realidad, lo cierto es que los recursos son limitados. El informe sobre la Brecha de Adaptación 2025, publicado por del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), plantea que las necesidades de financiamiento para adaptación de los países en desarrollo rondarán entre los $310.000 y $365.000 millones anuales para el 2035.
Esto mientras que la financiación pública internacional para la adaptación de los países desarrollados hacia las naciones en vías de desarrollo disminuyó de $28.000 millones en 2022 a $26.000 millones en 2023.
Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, aseguró que a menos que cambien las tendencias, no se logrará el objetivo del Pacto Climático de Glasgow (acordado en la COP26, realizada en 2021 en Escocia) de financiar la adaptación en estas naciones por $40.000 millones anuales para 2025, ni destinar al menos $300.000 millones anuales a mitigación y adaptación para 2035.
“Con la Hoja de Ruta Bakú-Belém, que se considerará en la COP30, tenemos la oportunidad de recaudar $1,3 billones anuales para 2035, pero para que esto funcione será necesario que se sumen nuevos proveedores e instrumentos financieros, que la resiliencia climática se incorpore a la toma de decisiones financieras y que los esfuerzos se centren en la financiación en condiciones favorables y donaciones para no aumentar la carga de la deuda de las naciones vulnerables”, dijo Andersen.
Este reportaje fue producido en el marco del programa de cobertura de la COP30 de Climate Tracker América Latina, con apoyo de Oxfam.
