Endeudamiento climático sofoca a América Latina y el Caribe
- Barbados, Uruguay, Venezuela, México, Argentina y Panamá lideran la lista de naciones con mayor peso de deuda, donde acompañan a Uzbekistán, India, Kazajistán y Bielorusia. Monto de créditos supera el 90% del total del financiamiento para atender crisis climática, según análisis de datos de La Data Cuenta y Ojo al Clima.
Hassel Fallas (La Data Cuenta) y Michelle Soto (Ojo al Clima)
En medio de la creciente urgencia por atender la crisis climática y la presión para tomar medidas para mitigar el calentamiento global y adaptarse a sus efectos, los países latinoamericanos y caribeños se han endeudado de forma creciente en las últimas dos décadas.
Lo han hecho a tal grado que, globalmente, seis de las diez naciones que recurren a más préstamos para financiar las acciones climáticas tienen su hogar en este rincón del planeta. La asfixiante lista la lidera Barbados, la isla caribeña que debe el 100% del dinero invertido en proyectos para atender esta problemática.
En este laberinto financiero de acreedores públicos y privados también se estrujan las economías de Uruguay, Venezuela, México, Argentina y Panamá, donde la carga de deuda oscila entre el 92% y el 97% de todos los recursos captados para hacer frente a la emergencia climática, según revela un análisis elaborado por La Data Cuenta y Ojo al Clima, utilizando a bases de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre financiamiento vinculado con el clima, entre los años 2000 y 2020.
La ardiente cruz de la deuda que cargan estas seis naciones de Latinoamérica y el Caribe se entrelaza con la de otras tres asiáticas: Uzbekistán, India y Kazajistán y, finalmente, con Bielorusia, en Europa Oriental. Todas ellas, además de compartir silla en el mismo club de elevada dependencia a los créditos, tienen en común el haber sido etiquetadas por el sistema financiero internacional como “países de renta media” y, en el caso de Barbados y Uruguay, como “naciones de desarrollo avanzado”.
Debido a la aplicación rigurosa de estas clasificaciones de ingresos en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe -basadas en su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita pero que no consideran las desigualdades y la pobreza subyacente- se han limitado considerablemente las oportunidades para que los países de la región puedan acceder a subsidios o mecanismos de alivio de deuda.
En consecuencia, la ruta a transitar de estas naciones ha sido la de los empréstitos para encarar proyectos principalmente de mitigación. Una realidad que se evidencia en el hecho de que, por cada US $10 para acción climática que capta América Latina y el Caribe, US $7 llegan por la vía de los préstamos, cuyos acreedores son mayoritariamente bancos multilaterales de desarrollo y países ricos que están en OCDE, donde figuran cuatro de las siete naciones cuyas emisiones acumuladas de dióxido de carbono en el último siglo las hacen responsables de la emergencia climática actual.
Entre tanto, apenas una cuarta parte de los recursos para fines climáticos proceden de donaciones y el resto de otros tipos de instrumentos financieros.
“La realidad es que, en la región, somos países con alta desigualdad económica y social. Somos países con altos niveles de pobreza, con economías atadas a sectores primarios. Tenemos ciertas problemáticas estructurales que también son de los llamados ‘países de renta baja’, cuestiones que no están siendo consideradas. Es necesario rever la categorización que el sistema financiero hace de los países: cómo y por qué les asignan a algunos países ciertos beneficios y otros no”, criticó Leandro Gómez, coordinador del Programa Inversiones y Derechos del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin piedad en las condiciones de crédito
Rodando, en medio de las desequilibradas condiciones que dicta la arquitectura financiera climática mundial, ha crecido una gran bola de deuda acumulada en toda América Latina y el Caribe que supera los US $71.000 millones para sufragar proyectos vinculados con el cambio climático desde inicios de este siglo; una cifra que es casi una cuarta parte del acumulado global: US $404.000 millones.
Como si fuera poco, el alto grado de endeudamiento de América Latina (71%) se vuelve más crítico al descubrir que casi dos tercios de los créditos recibidos son “no concesionales”, es decir, carecen de condiciones favorables y tasas de interés reducidas.
En consecuencia, se produce un perjudicial aumento de la deuda externa, generando dificultades para la sostenibilidad financiera a largo plazo y obstaculizando los esfuerzos para enfrentar eficientemente los impactos del cambio climático.
Adicionalmente, la espiral nociva de endeudamiento reduce el margen fiscal de los gobiernos para destinar recursos a sus propias prioridades y programas, se antepone a políticas públicas e incluso los obliga a atascarse o enfocarse en sistemas energéticos primordialmente fósiles, a desviar la mirada de energías renovables e incluso extraer minerales para exportar y pagar los préstamos, todo “a costo de vulnerar, en muchos casos, el medio ambiente e incluso los derechos humanos”, reprochó Gómez.
Este panorama abona el hecho de que América Latina y el Caribe ostenta el título de ser la región más endeudada del mundo en desarrollo, con una deuda total del gobierno central del 79% del PIB. Además, la deuda externa total del gobierno central alcanza el 56% del PIB, según la CEPAL.
“Los países del Sur Global están pagando por la acción climática, por los impactos producidos por los actores del Norte Global, que son los principales responsables del calentamiento del planeta y que deberían estar facilitando nuestro financiamiento. Nuestros países son vulnerables a los efectos del cambio climático y esto tiene repercusiones sociales, ambientales y económicas, pero para atenderlas pagamos una deuda con altas tasas de interés porque los mismos países ricos nos consideran riesgosos macroeconómicamente”, señaló Gómez.
Una deuda para mitigar, lejos de adaptar
Además de contraer deudas caras para hacer frente a los efectos del cambio climático, en América Latina y el Caribe el destino predilecto de estos pasivos es la mitigación en lugar de la adaptación.
La elección no es gratuita, ni exclusiva de la región, sino más bien obedece a la lógica de rentabilidad de la propia arquitectura del financiamiento climático global, explicó Gómez. “Un aspecto en común que tienen los distintos actores financieros es la prioridad que se le otorga a la inversión privada a costa de la pública. Justamente, priorizar mitigación se debe a que son sectores más atractivos para el retorno de la inversión privada, no tanto la adaptación. El repago en mitigación – en sectores como producción de energía o explotación de minerales críticos- es más interesante. Esto es lo que explica que las prioridades de la región en adaptación no las sean para el sistema financiero porque está mirando y atendiendo los intereses de sus inversores o miembros de sus juntas directivas”, puntualizó el experto de FARN.
En América Latina y el Caribe, el 71% de los préstamos concedidos en las dos últimas décadas se han destinado a proyectos de mitigación, principalmente de energía y transporte. El resto, 29%, es para la adaptación, con particular interés en el rubro de suministro de agua y saneamiento.
La mitigación y la adaptación son dos conceptos clave en el contexto del cambio climático. La primera se centra en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), mediante la implementación de políticas, tecnologías y prácticas que deberían ser más sostenibles. Entre tanto, la adaptación reconoce que hay efectos inevitables del cambio climático a los que es mejor habituarse mediante estrategias y proyectos para minimizar sus riesgos.
En la medida en que las consecuencias del cambio climático ya están impactando, haciendo sufrir a los países, se ha venido insistiendo, cada vez más, en la urgencia de invertir en adaptación, comentó Estefanía Jiménez, consultora y especialista en cambio climático y financiamiento.
Sin embargo, aunque los empréstitos destinados a adaptación se han incrementado desde la década pasada, todavía los separa un abismo de millonarios montos dirigidos a mitigación en América Latina y el Caribe y, en general, en todo el mundo.
“La adaptación es mucho más complicada que la mitigación de las emisiones, en esta deben considerarse los aspectos climáticos propios de cada país, sus necesidades, qué elementos se quieren adaptar y por qué, cómo se construye infraestructura resistente al clima, el uso del suelo, la gestión del agua, los impactos en poblaciones que quizá deban reubicarse, los fondos que se requieren. Son muchas variables para considerar. El cambio climático nos está ganando la carrera a la humanidad, entonces ahora nos toca hacer las dos tareas: mitigar y adaptarnos”, reflexionó Jiménez.
En este escenario, expertos internacionales como la investigadora Jessica M. Ayers y el científico Saleemul Huq, director del Centro Internacional para el Cambio Climático y el Desarrollo (ICCCAD) en Bangladesh, han insistido en que los esfuerzos de adaptación deben ir de la mano con la mitigación, movilizando en equilibrio fondos para ambas causas.
Sin embargo, para que las prioridades de inversión entre mitigar y adaptar se nivelen, es necesario también reformular la lógica de operación del sistema financiero climático global, donde fundamentalmente los países ricos del Norte Global prestan dinero con altos intereses a los del Sur Global para que ellos paguen por las consecuencias del cambio climático de las que sus acreedores han sido, históricamente, responsables.
Las implicaciones de esta dependencia excesiva de créditos climáticos que hoy padece América Latina y el Caribe favorecen, además, la sumisión a combustibles fósiles y la explotación de recursos naturales, como los llamados minerales críticos, en lugar de impulsar una transición hacia energías renovables y modelos económicos más sostenibles.
Colateralmente, la creciente deuda acecha con ahogar inversiones en otros sectores vitales como la educación y la salud, desatando un doble impacto negativo en el bienestar y los derechos de las personas.
Este reportaje es parte del proyecto colaborativo de investigación y análisis de datos entre La Data Cuenta y Ojo al Clima
