En los últimos años, cientos de defensores ambientales fueron asesinados alrededor del mundo, víctimas de represalias por proteger los recursos naturales y los derechos de sus comunidades, dejando en evidencia el peligro creciente que enfrentan quienes alzan la voz.

El pasado 9 de septiembre, la organización Global Witness lanzó su nuevo informe, el cual  revela una cifra alarmante: 196 personas fueron asesinadas en 2023 por proteger el planeta. Esto equivale a que, en promedio, un defensor ambiental pierde la vida cada dos días.

Desde que Global Witness comenzó, en 2012, a llevar un registro sobre homicidios, más de 2000 defensores y defensoras alrededor del mundo han sido asesinados. Al menos 1.500 de estas personas han sido asesinadas desde la aprobación del Acuerdo de París, el 12 de diciembre de 2015.

Además, los defensores y sus comunidades están expuestos a un rango cada vez mayor de represalias, muchas de las cuales permanecen ocultas o en muchos casos, ignoradas por los gobiernos. 

Y es que el homicidio no es la única manera de silenciar a quienes luchan por el planeta. La criminalización, los secuestros, las desapariciones, los ciberataques y las amenazas son algunas de las formas en que estas personas deben enfrentar la represión diariamente y, lamentablemente, estos mecanismos cada vez son más comunes.

Carteles de búsqueda de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, reconocido abogado de derechos humanos, y de Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena Aquila. Ambos desaparecieron después de una reunión contra la minería. (Foto: Luis Antonio Rojas para Global Witness)

Un ejemplo de esto es el acoso judicial, esto se refiere al uso indebido de los sistemas judiciales con el fin de silenciar, intimidar o desalentar. Esta práctica se lleva a cabo por medio de tácticas como la presentación de demandas no fundamentadas, el aplazamiento de procesos judiciales y arrestos sin motivo.

En Asia, Forum Asia identificó esta forma de silenciamiento como la violación más registrada contra defensores de derechos humanos en 2021 y 2022, documentando 1033 incidentes. 

En Costa Rica, el caso más reciente es el de Jehry Rivera, líder indígena asesinado en febrero de 2020. En 2023, su homicida, quien se confesó frente a las autoridades, fue condenado a 22 años de prisión. Sin embargo, el juicio fue anulado debido a un manejo inadecuado de las pruebas. Cuatro años después de su muerte, este 9 y 10 de septiembre de 2024, se reanudará el juicio en busca de justicia para este defensor.

Berta Cáceres, activista por los derechos de los pueblos indígenas, fue asesinada en marzo de 2016. Denunció que, desde 2013, venía siendo víctima de acoso y persecución debido a su labor como defensora ambiental. El Acuerdo de Escazú viene a brindar protección a personas que, como Berta Cáceres, dedican su vida a defender los derechos de los más vulnerables a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (Foto: Wikipedia)(Créditos: UN Environment / Wikicommons)

Latinoamérica se tiñe de rojo

166 de los 196 asesinatos registrados por Global Witness ocurrieron en América Latina: 54 ocurrieron en México y Centroamérica, mientras que 112 en América del Sur.

Colombia se posiciona, nuevamente, como el país con más homicidios de defensores, registrando 79 muertes, la cifra más alta jamás reportada en un sólo país por la organización. Además, este país ha acumulado el mayor número de homicidios de activistas ambientales registrados en todo el mundo con 461 asesinatos entre 2012 y 2023.

Honduras no se quedó atrás, con 18 homicidios registrados en 2023. Aunque esta cifra puede parecer baja en comparación, el país tiene la mayor tasa de asesinatos per cápita de la región. Otros países destacados incluyen Brasil con 25 asesinatos, México con 18 y Nicaragua con 10 defensores asesinados durante el mismo año.

Los números también subrayan que Centroamérica es uno de los lugares más peligrosos para quienes defienden el planeta. Desde hace poco más de una década, los defensores en esta región han enfrentado más ataques per cápita que en cualquier otra parte del mundo, con el 97% de estos ataques concentrados en tres países: Honduras, Guatemala y Nicaragua.

Sergio Rojas fue líder y defensor de los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica. Previo a su asesinato en 2019, había sufrido múltiples amenazas y agresiones por parte de usurpadores de tierras indígenas. (Foto: Kathya Alvarado)

El deber inesperado

“No somos defensores, somos guardianes”, expresó Jennifer Lasimbang, directora ejecutiva del Fondo de Solidaridad de los Pueblos Indígenas de Asia (IPAS, por sus siglas en inglés), en conferencia de prensa. 

Esta posición se debe a que muchas de las personas asesinadas no eran activistas ambientales por elección, sino que simplemente defendían sus tierras, sus ríos y su entorno, pues sus vidas y costumbres dependen de estas. 

Por esta razón, muchas de las víctimas de estas violencias sistemáticas son indígenas y miembros de comunidades en riesgo, también personas que buscaban apoyarles, como periodistas y abogados. Estas personas sólo se encontraron en la línea de fuego mientras intentaban proteger lo que les pertenece.

Centroamérica, una de las regiones más afectadas por estas formas de violencia, alberga numerosos pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, cuyos conocimientos y prácticas podrían desempeñar un papel esencial en la lucha contra el cambio climático

De las personas asesinadas en 2023, 43% eran pertenecientes a pueblos indígenas y 6% eran afrodescendientes. Asimismo, un 12% eran mujeres. 

En algunos casos, los familiares de los activistas son el objetivo o se ven atrapados en la violencia. Estos casos son menos comunes, sin embargo cabe destacar que un tercio de estos ataques fueron contra mujeres familiares.

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