Defensores pagan con su vida oposición a industrias intensivas en carbono
No solo son personas cada vez más expuestas a inundaciones e incendios forestales sino que también son amenazadas como resultado de su lucha contra industrias intensivas en carbono y extractivas de los bosques, las cuales aceleran el calentamiento global y minan la posibilidad de adaptación de los ecosistemas frente al cambio climático dado el daño ambiental perpetuado.
“Comunidades alrededor del mundo se están enfrentando a las industrias dañinas e insostenibles, responsables de los estragos a los ecosistemas y el clima. Estas son las personas que están en la primera línea de defensa ante la crisis climática”, se lee en el informe de la organización Global Witness, dado a conocer esta semana.
Según el recuento realizado por la organización, en el 2019 se registraron 212 homicidios de personas defensoras de la tierra y el ambiente. “Un promedio de más de cuatro personas por semana. Informes muestran que muchos más fueron atacados, encarcelados o enfrentaron campañas de desprestigio debido a su trabajo”, destacaron los autores.
Dos tercios de los asesinatos sucedieron en América Latina. Solo Colombia reportó 64 homicidios de activistas, colocándose como el país más peligroso para los defensores ambientales. “14 de estas muertes estaban relacionadas con la sustitución de cultivos ilícitos”, se detalla en el informe.
A Colombia le sigue Filipinas con 43 asesinatos, Brasil con 24, México con 18, Honduras con 14, Guatemala con 12 y Venezuela con 8.
“En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018 a 14 el año pasado, lo que lo convierte en el país per cápita más peligroso en 2019. Es el país con un mayor aumento porcentual en ataques letales en contra de activistas”, subrayan los autores.
En el ránquin latinoamericano también están Nicaragua con cinco homicidios, Perú con uno y Costa Rica también con un caso, correspondiente al líder indígena Sergio Rojas.
Minería y deforestación
Las muertes derivadas de la oposición a actividades mineras se contabilizaron en 50 durante el 2019. En América Latina, más de la mitad de los asesinatos estuvieron relacionados a este sector.
Según Global Witness, las comunidades opuestas a proyectos intensivos en carbono como la exploración y extracción de petróleo, gas y carbón enfrentaron amenazas continuas.
Angélica Ortiz es defensora ambiental perteneciente a los Wayuu de La Guajira. Ella y otros miembros de su comunidad aún sostienen una lucha contra la mina de carbón, el objetivo de su activismo es proteger el derecho al agua de las personas que viven en esta región pobre de Colombia. A causa de esta labor, y según Global Witness, Ortiz ha sido amenazada y hostigada.
La deforestación, causada por el cambio de uso del suelo por la agroindustria y la tala ilegal de bosques, es otra de las actividades aceleradoras del calentamiento global.
Según el Anuario Trase 2020, recientemente publicado, el principal impulsor de la deforestación en América Latina es la urgencia por dedicar más área a actividades agroindustriales como ganado y cultivos (principalmente soya y palma aceitera).
La oposición al cambio de uso del suelo por el agro ha expuesto a los defensores ambientales a amenazas. “Se utilizaron atentados, asesinatos y masacres para dar paso a la producción de aceite de palma y azúcar. Y cuando el Amazonas ardió y nuestro planeta hirvió, las comunidades en primera línea por la justicia climática fueron obstaculizadas mediante leyes contra la protesta, campañas de desprestigio en línea, fueron criminalizadas y enfrentaron represiones violentas a sus protestas pacíficas”, se lee en el informe de Global Witness.
En cuanto a la explotación forestal, este fue el sector con el mayor aumento de asesinatos con respecto a 2018, con un incremento del 85% de ataques contra defensores ambientales en 2019.
Específicamente se contabilizaron 19 funcionarios estatales o guardabosques que fueron asesinados en el 2019.
En Rumania se reportaron 16 guardabosques atacados como consecuencia de detener la tala ilegal. Destaca el caso de Liviu Pop, un guardaparques que trabajaba en la protección de uno de los bosques primarios más grandes de Europa. "Liviu fue asesinado a tiros por proteger árboles en un país donde el crimen organizado está diezmando estos bosques”, se lee en el informe.
“La explotación forestal guarda relación con la extracción de productos madereros en bosques y reservas forestales. Se trata de la tala indiscriminada de árboles para la exportación, el comercio informal, o bien para despejar espacio para otros usos de carácter intensivo (como la ganadería o agricultura extensiva)”, explicó Ben Leather, encargado de Incidencia de Global Witness, en declaraciones a Ojo al Clima.
“De acuerdo a nuestra experiencia en la documentación de casos, ambas industrias (agro y forestal) suelen estar relacionadas, pues, en primer lugar, ven la tierra y los bienes comunes como un patrimonio que se puede explotar, a veces, de manera indiscriminada y sin medir las consecuencias en el mediano y largo plazo. Además, ambas están imbricadas en el sentido en que, en muchos casos, se explotan o extirpa parte de la flora existente para darle espacio a cultivos o abrir paso a descampados para uso ganadero. En la práctica, estos casos no siempre se ven por separado, pues en algunas ocasiones forman parte del mismo proceso para explotar la tierra y los bienes comunes”, agregó Leather.
Indígenas en pie de lucha
Según Global Witness, los indígenas siguen estando en mayor riesgo de sufrir represalias. En el 2019 el 40% de las víctimas de asesinato fueron indígenas.
A pesar de representar solo el 5% de la población mundial, entre 2015 y 2019, más de un tercio de los ataques letales a defensores ambientales fueron contra personas indígenas.
Los bosques resguardados por indígenas almacenan el 20% del carbono en los trópicos, según un estudio realizado por Woods Hole Research Center en el 2015. Según este estudio, los bosques que yacen en territorios indígenas almacenan 168,3 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente.
No todas fueron malas noticias. En Ecuador, por ejemplo, la tribu indígena Waorani ganó un fallo histórico evitando que el gobierno subastara su territorio para la exploración de petróleo y gas. Otro caso: en Indonesia, la comunidad indígena Dayak Iban del centro de Borneo, aseguró la propiedad legal de 10.000 hectáreas de tierra, tras una lucha que se extendió por décadas.
En Reino Unido, un juez dictaminó que la demanda interpuesta por comunidades afectadas por una mina de cobre a gran escala en Zambia puede ser escuchada por los tribunales ingleses, “lo que podría tener implicaciones más amplias para las empresas que no cumplan sus compromisos públicos con las comunidades y el medio ambiente”.
“Cabe destacar que la justicia y la rendición de cuenta se extiende más allá de la responsabilidad estatal de procesar casos criminales. Si hay Estados que demuestran una incapacidad o falta de voluntad para procesar los responsables de ataques contra personas defensoras, por lo menos tiene que haber consecuencias por parte de las empresas que siguen haciendo negocios a pesar de los riesgos y los impactos sobre los derechos humanos”, dijo Leather.
“Por ejemplo: si una empresa minera de Reino Unido opera en una zona de alta conflictividad en Colombia y quienes se oponen a su proyecto son atacados, el gobierno británico debe retirar su apoyo a la empresa, los consumidores pueden hacer lo mismo y los inversores también. Hace falta un enfoque de justicia y rendición de cuentas que sea holístico por parte de todos los actores implicados”, continuó.
Impunidad
Aparte de perder a sus seres queridos, las comunidades afectadas por los ataques deben lidiar con la impunidad y corrupción que dificultan identificar a los responsables de los asesinatos.
En su informe, Global Witness vinculó 37 de los homicidios a fuerzas estatales y también se sospecha de otros actores como sicarios, bandas criminales y guardias de seguridad privada.
Las familias y comunidades también se enfrentan a campañas de criminalización y difamación en contra de los activistas quienes suele etiquetárseles como “anti-desarrollo”, “criminales” o “terroristas”. En 2019, seis asesinatos fueron perpetrados contra familiares de activistas.
“La impunidad es un factor determinante en la situación de las personas defensoras de la tierra y el ambiente. La impunidad, en sí misma, es un aviso por parte del aparato estatal de que no hay consecuencias para quienes levanten campañas de desprestigio, agredan o asesinen a quienes defienden su territorio. En el caso colombiano, por ejemplo, los altos índices de impunidad han predispuesto un clima hostil, pues implica que las personas tienen temor a denunciar por miedo a que las y los operadores de justicia no den curso a los procesos penales y, por el contrario, queden más expuestos a una nueva vulneración de sus derechos”, comentó Leather.
Asimismo, el encargado de Incidencia de Global Witness agregó: “si bien nuestro énfasis no ha sido revisar los procesos penales existentes desde una perspectiva jurídica, los órganos internacionales son claros en señalar que la impunidad es un aviso de que hay ´cancha libre´ para seguir ejerciendo violencia en contra de las personas defensoras. Tal como recomendamos en nuestro informe, los Estados deben abordar las causas estructurales de estos ataques y esto implica garantizar la investigación, juzgamiento y sanción de estos hechos”.
Planeta más resiliente
Para Leather, la construcción de un planeta más resiliente al cambio climático y a futuras epidemias radica en garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, “esto incluye defender a las personas activistas de la tierra y el medio ambiente”.
“Se ha reconocido ampliamente que la deforestación y la pérdida de vida silvestre son factores clave que contribuyen con el aumento de enfermedades infecciosas. Con el fin de evitar una futura pandemia, las personas tomadoras de decisiones deberán escuchar a las y los ambientalistas, líderes indígenas y activistas comunitarios que protegen la naturaleza. Los activistas en la primera línea también pueden ser una voz clave en abordar las desigualdades que han exacerbado el impacto del virus y en proponer formas más sostenibles de hacer negocios en el futuro. Pero esto será posible solo si están lo suficientemente seguros para poder hacerlo”, manifestó Leather.
En este sentido, y raíz de su informe, Global Witness apela a los gobiernos y a las empresas “a eliminar las principales causas de la violencia contra los defensores ambientales, garantizando formalmente los derechos territoriales indígenas y comunitarios, incluyendo el compromiso de abordar la desigualdad de la tierra, particularmente con perspectiva de género”.
También abogan por “apoyar y proteger a los defensores en riesgo para que puedan continuar su defensa de forma segura, reconociendo públicamente la importancia y legitimidad de su labor, y condenando las múltiples amenazas utilizadas en su contra para silenciarlos”.
Por último, la organización pide “garantizar la responsabilidad jurídica, llevando ante la justicia a los responsables de ordenar o llevar a cabo amenazas o ataques contra un defensor de la tierra o el medio ambiente; y otorgar o cooperar en las reparaciones a defensores, organizaciones y comunidades afectadas por amenazas y ataques”.
Actualmente, Global Witness forma parte de la Coalición de Defensa de la Tierra y el Medio Ambiente que reúne a organizaciones que están monitoreando los incidentes relacionados a amenazas a las libertades civiles en el contexto de COVID-19 con tal de identificar tendencias, también se está analizando las respuestas a la crisis por parte de empresas y organismos internacionales como Naciones Unidas.
Acuerdo de Escazú
Las reacciones al informe de Global Witness no se hicieron esperar.
“Se requiere la implementación de las medidas de protección individual y colectiva de lideresas y líderes ambientales y romper con la impunidad, realizando las investigaciones, llevando a la justicia y castigando a los autores materiales e intelectuales. La implementación completa del Acuerdo de Paz de 2016 y la ratificación y aplicación del Acuerdo Regional de Escazú contribuyen en este propósito”, manifestó Luis Gilberto Murillo, exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia entre 2016 y 2018.
El Acuerdo de Escazú es el nombre común del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
De hecho, este fue adoptado en la ciudad de Escazú, en Costa Rica, en el 2018. Tiene por objetivo garantizar la libertad de expresión e información sobre cuestiones ambientales así como establecer medidas para la protección de los defensores ambientales.
Su carácter es vinculante y ya ha sido firmado por 22 países, aunque apenas ha sido ratificado por nueve (requiere ser ratificado por 11 Estados para entrar en vigor). Si bien Costa Rica firmó en setiembre de 2018, aún no lo ha ratificado.
“Cada semana que pasa y no se ratifica el Acuerdo de Escazú, un promedio de cuatro defensores del ambiente mueren al enfrentarse a las grandes actividades extractivas para luchar por nuestro presente y futuro”, dijo Nicole Becker, cofundadora de Jóvenes por el Clima Argentina, quien añadió: “nuestros sistemas actuales cuidan más a los que destruyen nuestras tierras que a los que las protegen. La juventud llegó para transformarlo todo y cuestionar estas lógicas que benefician a unos pocos en pos del sufrimiento de muchos”.
