Zonificación agroecológica brinda a los productores una oportunidad de adaptación al cambio climático

La niebla que recubre el paisaje agrícola en La Pastora de San Marcos de Tarrazú denota dos cosas: lo alto que se encuentra con respecto a la capital (a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar) y el frío que deviene con esa altura.

No en vano, el cantón de Tarrazú es reconocido mundialmente por su café; pero estas tierras también producen cultivos que aprovechan esas condiciones ambientales como son las ciruelas, las manzanas y los melocotones.

Cuatro generaciones de la familia Fallas han labrado este suelo: primero bajo un modelo de agricultura de subsistencia para luego migrar, hace 40 años, a la fruticultura.

“La Pastora, al ser la zona más alta del cantón, en realidad no era apta para sembrar café en ese momento (ahora es diferente porque la temperatura ha aumentado). Entonces, como familia, decidimos incursionar en la fruticultura de altura para mejorar los ingresos”, comentó Francisco Fallas, quien es el fundador del Grupo FASECOR y miembro de la tercera generación.

Al poco tiempo de iniciar con frutales, Fallas vio la necesidad de sustituir el cultivo de melocotón, porque las variedades criollas no estaban teniendo buena aceptación en el mercado. Decidió empezar a sembrar aguacate Hass.

Sin embargo, información científica reciente -resultante del proyecto de zonificación agroecológica- reveló que los suelos en Tarrazú muestran una aptitud baja y media para el aguacate. Esto no quiere decir que no se pueda sembrar esta fruta, pero se deben tomar medidas si se busca ser rentable y competitivo.

“La zonificación es una herramienta para poder determinar cuáles son las mejores zonas para plantar determinado cultivo y sienta una responsabilidad en las buenas prácticas de producción agrícola a la vez que se está produciendo comida”, continuó el agricultor.

Zonificación Agroecológica

En Costa Rica, el sector agropecuario aporta el 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB); siendo la agricultura la que aporta el 70,6% del mismo (el sector pecuario representa el 19,5% y otras actividades –como pesca, acuicultura y madera- completan el restante 9,9%).

La agricultura depende altamente de recursos naturales como suelo y agua, esto en el marco del ciclo hidrológico, cuyas condiciones influyen en los rendimientos y competitividad de los cultivos.

El cambio climático impacta directamente en esas condiciones ambientales, alterando los patrones de fenología de los cultivos (relacionados a las floraciones) y sus rendimientos. Y, por efecto dominó, esas alteraciones influyen en los precios de los alimentos y la disponibilidad de los mismos, lo cual también amenaza la seguridad alimentaria.

Francisco Fallas ha visto ese impacto de primera mano. “Con el cambio climático, las floraciones se han corrido entre tres y cuatro meses. Cuando empezamos con el cultivo, las floraciones arrancaban en junio-julio y ahora estamos viendo floraciones en noviembre-diciembre”, explicó.

La fenología no ha sido lo único. El cambio climático también está haciendo que el fenómeno de El Niño o ENOS sea más frecuente e intenso. “A veces, cuando nos toca El Niño, para frutales es muy bueno. Pero, La Niña es muy grosera porque llueve demasiado y la fruticultura no necesita tantísima agua. Con el exceso de agua empezamos a tener muerte de raíz y eso hace que los árboles sufran. Entonces nos toca recurrir a prácticas para ayudarlos, como drenar lo más que se pueda”, manifestó Fallas.

“Curiosamente hay una inconstancia en los fenómenos. Nos ha pasado que, durante La Niña, uno espera grandes lluvias en octubre y resulta que ese año no llovió. Eso nos pone a correr porque, si tocaba fertilización, hay que ver cómo se hace, sobre todo si uno la hace manual”, continuó.

En este sentido, el contar con información sobre la aptitud de la tierra para producir determinado cultivo puede ayudar a disminuir la vulnerabilidad de los sistemas productivos ante el cambio climático y, con ello, también se reduce el riesgo de subutilizar o sobre utilizar los terrenos, lo cual impacta en los costos de producción y, por ende, en los precios finales que se le presentan a los consumidores.

La Zonificación Agroecológica (ZAE) es una herramienta de planificación que busca ordenar la producción agrícola según la aptitud de las tierras y teniendo en mente criterios de adaptación al cambio climático, lo que permitiría desarrollar actividades más acordes a las condiciones existentes en pro de sistemas productivos más competitivos.

“Al tener el país zonificado, el agricultor tendría alternativas de uso con riesgos previstos al conocer las limitantes de sus sistemas de uso de la tierra”, se lee en la memoria del proyecto Desarrollo de capacidades en técnicos y productores de la región central de Costa Rica en la implementación de una herramienta práctica para la zonificación agroecológica y escenarios para la adaptación al cambio climático.

Dicho proyecto fue implementado por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) con dinero del Fondo de Adaptación, el cual es administrado localmente por Fundecooperación.

El proyecto ZAE fue ejecutado desde junio 2016 hasta diciembre 2019 y buscaba promover el desarrollo de capacidades de adaptación en productores de la región Central del país, mediante la implementación de la herramienta de zonificación agroecológica.

Para desarrollar la metodología, y a manera de proyecto piloto, el INTA seleccionó 10 cultivos ubicados en cinco cantones (Naranjo, Dota, Tarrazú, Alvarado y el norte de Puriscal).

Desarrollo de mapas

Ese trabajo de zonificación agroecológica se visualiza en 12 mapas a escala de 1:50.000 que brinda el nivel de detalle necesario para trabajar a nivel cantonal.

Según Albán Rosales, encargado de la Unidad de ZAE del INTA, la última zonificación agropecuaria se había realizado en la década de 1980 a una escala de 1:200.000, la cual no permite focalizar medidas de adaptación al cambio climático en sistemas productivos.

El más reciente esfuerzo de zonificación requirió la combinación de dos conjuntos de datos: componente físico (edafoclimático) y componente socioecosistémico. Esto demandó coordinar con diversas instituciones para recabar datos climáticos (Instituto Meteorológico Nacional - IMN), suelos y fertilidad (INTA), áreas silvestres protegidas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación - SINAC), así como zonas urbanizadas, límites cantonales y distritales (Instituto Geográfico Nacional - IGN).

Si bien se aprovecharon bases de datos ya existentes en el país, también se requirió levantar información nueva. Ese fue el caso de los datos de suelo de los cantones de Alvarado y Naranjo, cuyo muestreo lo realizó el INTA. De hecho, como parte de otro proyecto y con miras a escalar este esfuerzo de zonificación agroecológica a nivel nacional, el instituto está cartografiando los suelos de los cantones costeros a una escala de 1:50.000.

El otro reto, según Rosales, vino en el proceso de normalización y estandarización de la información. No todas las instituciones utilizan los mismos criterios y escalas a la hora de recolectar y sistematizar los datos, lo cual dificulta realizar comparaciones.

A esto se sumó el recelo de algunas instituciones con respecto a compartir la información, aunque los datos fueron recolectados gracias a recursos públicos, lo cual denota poca orientación hacia datos abiertos.

Todos los mapas desarrollados en el marco del proyecto ZAE están disponibles de manera pública y gratuita en el portal del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), con la ventaja de que otras instituciones también están publicando sus capas de información geoespacial, lo cual ampliará la cantidad y diversidad de análisis que se pueden realizar.

Por ejemplo, eventualmente se podrá comparar los mapas de zonificación agroecológica del INTA con los mapas de cobertura forestal realizados por el SINAC como producto del Inventario Nacional Forestal. Eso permitiría dimensionar los servicios ecosistémicos que brindan las áreas boscosas a los cultivos y los beneficios que ofrecen los sistemas agroforestales ubicados en fincas en cuanto a protección de la biodiversidad, todo ello en pro de la adaptación al cambio climático.

La otra ventaja es que, al compartirse la información, las instituciones no deben invertir dinero en levantar nuevas capas porque ya esos datos están. “La idea es ir a muestrear donde no hay datos y así no repetir”, destacó Rosales.

¿Cómo se hicieron los mapas?

En el componente físico (edafoclimático) se recabaron datos sobre condiciones climáticas, disponibilidad de humedad, oxígeno y nutrientes, toxicidad por sales, sodio y aluminio, capacidad de laboreo, susceptibilidad a pérdida de suelos, condiciones de enraizamiento y riesgo fitosanitario.

En total se definieron 16 variables categorizadas en ocho criterios físicos, los cuales sirvieron de insumo a la modelación geoespacial y al análisis multicriterio.

En cuanto a los datos climáticos, se requirió realizar un esfuerzo extra. El IMN elaboró mapas específicos para cada cantón a escala 1:50.000, ya que la información que estaba disponible era a escala nacional y no brindaba el suficiente detalle para trabajar la zonificación.

Este mismo ejercicio sería necesario si se piensa escalar la ZAE a otros cantones. De hecho, el proyecto piloto evidenció la necesidad de contar con una cartografía climática más detallada, ya que esta información no solo es útil para lo agrícola sino también para otros temas.

“Es necesario hacer ese esfuerzo porque, si usted tiene mapas de suelo a 1:50.000 y mapas de clima también a 1:50.000, se puede hacer zonificación en cualquier parte del país”, dijo Rosales.

En el componente socioecosistémico se analizó cobertura de la tierra, las exclusiones técnicas a partir de los requerimientos de cada variedad de cultivo y se vieron las restricciones legales del uso del suelo.

Las restricciones legales se refieren a zonas que están bajo alguna categoría de protección del SINAC como son parques nacionales, refugios de vida silvestre, zonas de protección en los linderos de los ríos, entre otros.

La exclusión por criterios técnicos se relaciona a los rangos en las variables físicas que no permiten que un cultivo se establezca en un sitio. Se refiere a las condiciones de pendiente, temperatura y precipitación, entre otras, que favorece que unos cultivos se establezcan en un sitio y otros no.

Para hacer este análisis de criterios de exclusión se requirió levantar información sobre los requerimientos técnicos de los cultivos

“Eso nos llevó, a partir de una propuesta realizada por un experto en el cultivo, a socializar la información con científicos, extensionistas agrícolas y agricultores que tienen muchísimo conocimiento. Eso nos permitió crear unas buenas tablas para medir la aptitud de los suelos y establecer los límites de la exclusión técnica”, continuó.

En este sentido, y con ayuda de los participantes de dos talleres, se determinaron los parámetros (altitud, profundidad de suelo, pendiente, entre otros) por cada cultivo y para cada parámetro se establecieron rangos.

“Eso no existía y tuvimos que crearlo. Incluso, tuvimos que crearlos para cada una de las variedades de un mismo cultivo. Si estamos viendo aguacate Hass, por ejemplo, pues los requerimientos técnicos son para aguacate Hass. No le sirven al aguacate de bajura”, explicó Rosales.

“Piénselo así: las personas pertenecemos a la misma especie, pero no todos aguantamos de igual forma el calor. Lo mismo pasa con las plantas. Una variedad de tomate se comporta diferente a otra debido a un factor específico y eso hay que verlo. No se pueden meter todos los tomates en la misma canasta, por eso los mapas de zonificación deben ser específicos”, añadió.

Para el proyecto, se trabajaron los requerimientos técnicos de cultivos como la papa (variedad Floresta), cebolla (variedad Alvara), zanahoria (variedad Bangor F1), repollo (variedad Escazú), café (variedad Caturra), aguacate (variedad Hass), limón persa (Citrus latifolia), maracuyá (Passiflora edulis), pasto Cuba OM22 y pasto kikuyo.

Los conjuntos de datos de los componentes físico y socioecosistémico permitieron sumar capas de información geoespacial. Por ejemplo, la suma de los datos de pendiente, textura y pedregosidad dan por resultado un  mapa que muestra la capacidad de siembra. Ese mapa se añade como capa de información a la zonificación.

A la fecha, y aparte de los 12 mapas de zonificación agroecológica, se desarrollaron mapas de fertilidad del suelo y otros más detallados sobre carbono orgánico, pH (acidez), suma de bases y porcentaje de saturación de aluminio, por cada uno de los sitios estudiados.

Para Rosales, uno de los pendientes del proyecto está dado en cuanto a la capa de datos socioeconómicos, los cuales darían un panorama más completo sobre la aptitud, ya que se toman en cuenta variables como existencia de centros de acopio, redes de carreteras, distribución, cultura de la población, etc.

“Para explicarle cuán importante son esos datos, le pongo un ejemplo: usted tiene dos lugares donde técnicamente se puede sembrar papa, pero puede ser que uno tenga una mejor red de caminos, centros de acopio, la experiencia de la gente en el cultivo, etc. Esos factores socioeconómicos influyen en la producción”, dijo Rosales a la vez que manifestó que esa información permitiría valorar el costo-beneficio de desarrollar determinada actividad agrícola.

Aptitud

El objetivo de la ZAE es medir la aptitud de un territorio y esta se puede definir como “la mejor combinación de condiciones físicas, socioecosistémicas y socioeconómicas que facilitan el establecimiento, desarrollo y comercialización de los cultivos en un sitio determinado”.

Para el caso del proyecto, este consideró las condiciones físicas y socioecosistémicas. El análisis de estas permitió diseñar una metodología que mide la aptitud como alta, media y baja así como establecer zonas de exclusión, ya sea por criterios técnicos o legales.

Cuando un territorio resulta en una aptitud baja para el desarrollo de determinado cultivo, esto quiere decir que esa tierra tiene fuertes limitaciones de tipo físico (edafoclimático). Si aún así se quiere producir, entonces se requerirán grandes inversiones de capital y desarrollo tecnológico.

Como agricultor, Francisco Fallas considera que la utilidad de los mapas de ZAE es que brindan información científica para planificar la producción de la finca. En su caso, la ZAE vino a confirmarle que algunas medidas que había tomado de manera temprana eran las correctas y lo motivó a seguir por el camino de las buenas prácticas de la agricultura sostenible.

Retos

Para escalar el proyecto piloto, la metodología requiere insumos y quizá allí es donde radica uno de sus mayores retos. Aunque el INTA está cartografiando los suelos del país a una escala 1:50.000, este mapeo no deja de ser oneroso y lo mismo pasa con el resto de las variables de los componentes físico (edafoclimático) y socioecosistémico.

Según datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), desde 2015 al 2018, el país ha venido disminuyendo su apoyo a la investigación agropecuaria. El agro apenas contó con el 1,5% del total de fondos dedicados a la investigación.

Según Rosales, y para fines de ZAE, el país aún debe invertir en investigación de suelos, fisiología vegetal y lo relativo a los requerimientos técnicos de los cultivos. También se debe invertir en el monitoreo meteorológico y combinarlo con información geoespacial proveniente de imágenes satelitales.

Los mapas derivados del proyecto muestran la aptitud actual, pero no contemplan escenarios a futuro, los cuales pueden ayudar a los productores en cuanto a una transición justa si se vieran obligados a abandonar un cultivo con baja aptitud para sustituirlo por uno de alta aptitud. Esa información les ayudaría a prepararse tanto en cuanto a las inversiones a realizar como en términos de capacitación y cultura.

Realizar ese modelado de escenarios futuros, según Rosales, es posible. Basados en datos históricos sobre el posicionamiento de los cultivos, los investigadores pueden crear escenarios con determinadas condiciones climáticas para ver cómo se comporta un cultivo. Esos escenarios podrían mostrar no solo la aptitud futura sino hacia qué zonas del país se puede mover ese cultivo.

“Eso no lo pudimos hacer y sí existe la forma de hacerlo. No pudimos llegar hasta allí porque el tiempo y el dinero no lo permitieron”, dijo Rosales y continuó: “el proyecto sufrió un recorte de $50.000 y yo tenía la esperanza de usar ese dinero para financiar la parte de los factores socieconómicos y empezar lo de los escenarios, pero no se pudo”.

El otro reto está dado en cuanto a la continuidad. Según Rosales, el conocimiento adquirido al ejecutar el proyecto ZAE descansa en tres personas y este es esencial a la hora de escalar la iniciativa a nivel nacional.

Sin embargo, y como sucede en muchas instituciones, no existen políticas organizacionales internas que faciliten el relevo generacional y, con ello, el mantener ese conocimiento en el centro de investigación.

“Cuando estábamos con el proyecto, éramos tres personas que manejábamos bien esta parte de zonificación. Una se fue, entonces quedamos dos; pero yo me pensiono dentro de un año y no tengo un aprendiz a quien entrenar para que siga con el trabajo”, comentó Rosales.

“En muchas instituciones no existe esa visión de relevo generacional y técnico, y a uno le da mucha tristeza porque se cuenta con una metodología, pero probablemente no se vaya a usar porque la gente desconoce cómo se hace”, agregó.

Política pública

Para Marianella Feoli, directora ejecutiva de Fundecooperación, ZAE favorece la formulación de política pública, la cual permita la adopción de tecnologías, la capacitación y la transición justa, en caso de que el productor quiera migrar a otro cultivo.

Eso sí, el migrar a otro producto agrícola no solo implica consideraciones técnicas sino también financieras en cuanto a disponibilidad de crédito e incluso dinámicas de mercado dadas las cadenas de comercialización. “Hay que pensar que es una transformación estructural”, resaltó la directora de Fundecooperación.

Fallas es más ambicioso: “en este país deberíamos pensar en una reforma agraria que permita orientar al agricultor en dónde y en qué hacer su inversión. Ya tenemos el respaldo científico y técnico para decirle al productor dónde trasladarse si quiere sembrar determinado cultivo o las opciones más aptas para el terreno que tiene”.

Este trabajo fue posible gracias a una beca para la producción de trabajos periodísticos en temas de ciencia, la cual fue concedida por la Fundación Gabo y el Instituto Serrapilheira, con el apoyo de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe.