20 cantones ya cuentan con planes de adaptación al cambio climático

Con el objetivo de “blindar” el desarrollo ante los efectos del cambio climático, 20 cantones trabajaron sus planes de adaptación y, con ello, se está beneficiando directamente a más de 890.000 personas que habitan en las seis regiones socioeconómicas del país.

Esos planes son el resultado del proyecto Plan A: Territorios Resilientes ante el Cambio Climático, llamado en corto solo como Plan A, una iniciativa de la Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) implementada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Los recursos provinieron del Fondo Verde del Clima que aportó  $2,86 millones.

El trabajo inició en octubre de 2019 y ya concluyó su primera etapa. Los cantones participantes fueron: La Cruz, Upala, Los Chiles, Cañas, Nicoya, Puntarenas, Naranjo, Montes de Oro, Belén, Alajuelita, Acosta, Parrita, Pococí, Siquirres, Matina, Turrialba, Talamanca, Buenos Aires, Osa y Corredores.

Trabajar en adaptación permitirá a las comunidades lidiar de una mejor manera con el cambio climático, el cual representa una amenaza para su bienestar, economía, educación, salud, seguridad alimentaria y ecosistemas.

Planes de adaptación a la medida

Durante la actividad de clausura del proyecto, realizada el pasado 12 de setiembre, muchos de los comentarios emitidos por los involucrados hacían énfasis en que los planes de adaptación suelen ser muy generales y poco específicos, dando paso a que se dejen de lado a las comunidades o se acentúen las debilidades que podrían ya tener.

Para Santiago Nuñez Ramirez, líder del programa de Resiliencia Climática del PNUMA, entre más actores se involucren, los planes serán más exactos y adecuados a cada necesidad y circunstancia. 

Por ello, el proyecto se estructuró en cinco ejes: 

Dichos ejes fueron diseñados con la intención de cumplir con la interseccionalidad y con la adaptabilidad integradas en las bases de Plan A; esto con el propósito de atacar las vulnerabilidades específicas de cada región, cantón y población. 

Si bien es cierto que cada plan fue hecho “a la medida” de su cantón, todos comparten algunas características. Por ejemplo: cada municipalidad ahora puede identificar y tomar acción directa sobre áreas de riesgo, es decir, si conoce la cantidad de agua llovida por año podrá planificar su infraestructura (puentes, alcantarillados y otros).

Otro aspecto es el ordenamiento territorial para salvaguardar a la población y sus viviendas. Eso implica ordenar el territorio para alejar a las comunidades de lugares propensos a deslizamientos o inundaciones.

Un tercer punto es que todos los cantones priorizan el recurso hídrico. Con estos planes, las municipalidades saben qué inversiones y políticas deben gestionar para garantizar no solo el agua para la población actual sino para la futura.

El cuarto aspecto que comparten es la restauración de los ecosistemas. Las municipalidades identificaron que deben invertir para crear soluciones que protejan y restauren sus bosques, humedales y manglares.

Todos los cantones también coincidieron en que la gobernanza climática participativa es clave. Hay que involucrar a las personas no solo en la toma de decisiones sino también para que participen activamente en las soluciones. 

En este sentido, se elaboraron tres Guías de Planificación para la Adaptación, las cuales orientan el proceso y se espera que se conviertan en una herramienta útil para el resto de las 64 municipalidades que aún no cuentan con su plan. 

Como una de las lecciones aprendidas, Bonilla manifestó que aún “debemos reforzar, optimizar en cuanto a la disponibilidad de recursos. Y cómo trasladar eso al proceso de articulación, para que las municipalidades, las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil puedan participar de los procesos de adaptación de la manera más eficiente”. 

Alajuelita: la cara urbana de la adaptación

Las acciones de adaptación a implementar en las zonas urbanas varían no solo por el clima o contaminación del área, sino por características socioeconómicas, geográficas, industriales y otras. 

Tal es el caso de Alajuelita, uno de los cantones que formaron parte de la primera etapa de Plan A, donde los asentamientos informales representan no solo un riesgo humano, sino una amenaza ambiental.

Reconociendo la problemática, Siles agregó que el plan regulador se encuentra en revisión por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

Como parte del eje Piloto Cantonal, se analizaron el ordenamiento territorial, las precipitaciones, el recurso hídrico, la restauración de ecosistemas y la gobernanza climática; tomando en cuenta factores como geografía y microclimas.

Eso le permitió a Alajuelita, al igual que otros cantones urbanos, incluir medidas para reducir los efectos adversos del cambio climático y generar resiliencia en las finanzas públicas para que los proyectos reciban inversiones que promuevan el fortalecimiento de estilos de desarrollo sostenible.

En cuanto a creación de capacidades, y al igual que el resto de la región Central, Alajuelita señaló la innovación empresarial y tecnológica. En su plan se fomenta el emprendimiento verde y resiliente, con el fin de que la economía se adapte a las necesidades ambientales y así esta no se vea perjudicada.

Turrialba: la cara rural de la adaptación

Los ejes del proyecto también son aplicados de manera específica a zonas rurales y toman en cuenta la prevención de deslizamientos por lluvias, la falta de equipo para procesar reciclaje, las prácticas no sostenibles en turismo, etc.

Las regiones Chorotega, Pacifico Central, Huetar Norte, Huetar Caribe y Brunca son, en su mayoría, territorios rurales, en los cuales se fomenta un desarrollo regional resiliente, inclusivo, justo, innovador y verde. Por ello, los planes contemplan especialmente a las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, con la intención de que participen del desarrollo verde inclusivo.

El cantón de Turrialba es ejemplo de esto. Se le considera un cantón “multiamenaza”, un territorio rural con muchas particularidades, entre ellas, cuenta con territorio cabécar.

Adicional a las especificidades de Turrialba, Plan A actúa en relación directa con el sector agropecuario del país. El proyecto contó con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), lo cual permitió fortalecer a los pequeños y medianos agricultores, ya que ellos son los que producen los granos y hortalizas que se consumen en Costa Rica. 

Mauricio Chacón Navarro, director de Gestión de Cambio Climático en el MAG, elaboró: “se prioriza, por un lado, las zonas piñeras y cafetaleras para adaptarse a la sostenibilidad por un tema económico, claramente. Pero a los pequeños proveedores de hortalizas y granos básicos se les priorizó por un tema de vulnerabilidad alimentaria”.

Chacón mencionó que los pequeños cultivos carecen de la infraestructura para lidiar con eventos extremos o incluso poder aplicar prácticas sostenibles y mantener su rentabilidad. Plan A busca fortalecer estos puntos para así mitigar la desigualdad nutricional, que puede surgir ante la escasez y aumento de precios de los alimentos básicos. 

Ese es el caso de Huetar Norte: sus planes promueven la implementación de prácticas agropecuarias resilientes al clima. Pacífico Central, por su parte, apostó por el fortalecimiento de capacidades y transferencia de tecnologías para la adaptación en el sector agropecuario, pesquero e industrial, a través de alianzas público-privadas.

Por otro lado, las zonas rurales son donde se ubican la mayoría de las áreas silvestres protegidas (como parques nacionales y refugios de vida silvestre). Por esta razón, la restauración de ecosistemas es primordial. Este es el caso del manglar de Puntarenas, cuya municipalidad lo incluyó en su plan como un punto clave. 

La región Chorotega, por ejemplo, priorizó las energías alternativas sostenibles en sus planes para así ganar resiliencia, mientras que la región Brunca enfatizó la necesidad de contar con infraestructura pública, vial y turística climáticamente inteligente.

En cuanto a Huetar Caribe, esta región se centró en las medidas sobre el desarrollo de infraestructura vial y de servicios públicos resilientes. 

Para Bonilla, la adaptación es un proceso continuo. Por ello, los gestores de Plan A consideran que el proyecto debía sentar bases para que los gobiernos locales incorporasen la resiliencia ambiental como un pilar de su funcionamiento.