América Latina y el Caribe unifican su posición con miras a la COP28
“Estamos firmemente comprometidas y comprometidos a acelerar la acción contra el cambio climático, en línea con los objetivos, compromisos y principios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Acuerdo de París, así como a fortalecer la cooperación con miras a la adopción de un paquete ambicioso de decisiones para la COP 28”.
Con estas palabras, contenidas en la Declaración de San José, los 33 ministros y ministras de ambiente de América Latina y el Caribe unificaron su posición de cara a la próxima cumbre climática, conocida como COP28, que se realizará en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023.
La adopción y firma de la Declaración San José es el resultado del 23er Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, creado en 1982 con el fin de ofrecer un espacio para que los gobiernos establezcan prioridades y colaboren.
El foro se realizó en la Ciudad de Panamá, a mediados de octubre pasado, al mismo tiempo que se desarrollaba la Semana del Clima de Latinoamérica. Fue presidido por Costa Rica, representada en la figura de su ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach.
“El objetivo de este encuentro de alto nivel fue sentar las bases para una nueva hoja de ruta práctica y de múltiples asociaciones regionales para promover la cooperación e inversión que lleven a nuestros estados miembros a abordar algunos de los problemas estructurales que enfrentamos en las crisis actuales”, dijo Tattenbach durante el foro.
Este consenso marca un hito, pues —en el pasado— América Latina y el Caribe no siempre llevaron posiciones conjuntas a las cumbres del clima. “Hasta ahora habíamos sido incapaces de negociar en bloque, a diferencia de otros continentes, como el africano”, comentó la ministra colombiana de ambiente, María Susana Muhamad, a AFP.
Financiamiento
Uno de los temas abordados en la declaración ministerial se relaciona a “la transformación de los sistemas financieros y su gobernanza, con el objetivo de garantizar la coherencia de todos los flujos financieros públicos y privados con un desarrollo sostenible con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima, en línea con el Acuerdo de París, y con los esfuerzos por erradicar la pobreza, de modo que refleje la equidad y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas”.
En este sentido, se insta a los países desarrollados a proveer los “medios de implementación adecuados, previsibles, oportunos y adicionales, a la ayuda al desarrollo”. Esto incluye tanto recursos financieros como desarrollo de capacidades y transferencia de tecnologías, cooperación técnica y científica, así como intercambio de mejores prácticas y técnicas.
“Hacemos un llamado a la priorización de la región en la asignación de recursos financieros de calidad, altamente concesionales, nuevos, adicionales, predecibles y en cantidad adecuada, de manera que no incrementen la carga de la deuda ni las presiones al limitado espacio fiscal de nuestros países y sin reducir los fondos destinados a la lucha contra la pobreza”, enfatizaron los jerarcas.
En concordancia, los países latinoamericanos urgen a las naciones desarrolladas a cumplir con la promesa de los $100.000 millones anuales para el Fondo Verde del Clima. Asimismo, reconocen la “necesidad de realizar progresos sustanciales en las deliberaciones sobre el nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiación para el clima, garantizando su acceso de manera justa, ágil, equitativa y oportuna”.
Los ministros y ministras también abogaron por que el Fondo de Pérdidas y Daños “no establezca diferenciación entre las naciones en desarrollo en el contexto del cambio climático, en especial, para el acceso a financiamiento”.
Relacionado con lo anterior, ven con preocupación el concepto de vulnerabilidad adoptado en el Índice de Vulnerabilidad Multidimensional aceptado por el Sistema de las Naciones Unidas. “Está pensado únicamente en la recurrencia de choques externos, lo que va en contravía del marco conceptual y preceptos técnicos impartidos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), ratificado en su último informe de 2023, en donde hacen parte de la sensibilidad a variables socioeconómicas”, señalaron.
“Adicionalmente, el índice deja por fuera brechas estructurales para países en desarrollo, indicadores de inequidad, pobreza y capacidad institucional. Lo anterior podría tener lecturas erradas de la vulnerabilidad presente y futura, lo que dificulta el acceso a recursos de financiamiento y tecnológicos a muchos de los países de la región que presentan valores poco alarmantes de vulnerabilidad”, continuaron.
Siempre en el tema financiero, los ministros y ministras hacen un llamado en pro de la disminución progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles.
Género, energía y otros
Como punto a destacar, América Latina y el Caribe es una región pionera en incorporar temas de género en las políticas de cambio climático. “Es una muy buena noticia que la región esté liderando en juntar estas dos agendas (género y ambiente), entendiendo que son dos agendas que se cruzan”, dijo la ministra chilena de ambiente, Maisa Rojas, a AFP.
“Esta es una región vulnerable a los desafíos ambientales en general, pero las mujeres y las niñas somos doblemente vulnerables”, añadió Rojas, quien además indicó que “de los grupos regionales de ministros del Medio Ambiente, este es el único que tiene una agenda de género”.
En la Declaración de San José también se reafirma el compromiso de un futuro energético sostenible, el cual permita afianzar la seguridad energética, promover la interconexión e integración, fomentar la estabilidad de los mercados, “garantizando una transición justa, limpia, sostenible, asequible e inclusiva, respetuosa con la diversidad étnica y cultural, que a su vez proporcione el flujo de inversiones sostenibles necesarias para apalancar la descarbonización del sector”.
Asimismo, se reconoce el rol que cumple REDD+ en la región y se hace un llamado “a todos los actores e instituciones internacionales, regionales o locales, públicos y privados, para que haya un fortalecimiento de los recursos disponibles para pagos por resultados”.
Conscientes de la importancia de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, los ministros y ministras se comprometieron a fomentar redes regionales para facilitar el intercambio de datos y propiciar un entorno de colaboración para la modelización climática avanzada y los sistemas de alerta temprana contra riesgos múltiples.
“También promoveremos activamente la adopción de prácticas estandarizadas y el intercambio de recursos, como tecnología y experiencia de vanguardia, para proteger a las poblaciones vulnerables y mejorar nuestra resiliencia colectiva al cambio climático y a los peligros que pueden desencadenar desastres”, agregaron.
Más allá de COP28
Tattenbach dio a conocer esta postura consensuada en la Pre-COP28, realizada en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) a finales de octubre. Asimismo, marca un punto de partida para “la construcción de una visión regional sobre los resultados deseados de la próxima COP de América Latina y el Caribe, la COP 30”, que se celebrará en 2025.
Ahora bien, la Declaración de San José trasciende las cumbres del clima. En total, los ministros consensuaron 51 puntos que fijan la agenda ambiental para los próximos años y guiarán las negociaciones durante la sexta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA), que se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo de 2024 en Nairobi, Kenia.
