Santiago, Chile - Solo unas semanas antes de que Chile sea sede de dos importantes reuniones mundiales, incluidas las negociaciones sobre cambio climático de la ONU, los disturbios civiles han ensombrecido a uno de los países más ricos de América Latina y las ambiciones de su presidente multimillonario.
Desde el viernes pasado, el país ha visto barricadas en las calles, el ejército desplegado en la capital, las estaciones de metro quemadas y miles de personas golpeando ollas en cacerolazos, desafiando los primeros toques de queda impuestos desde la dictadura de Pinochet. Se ha declarado un estado de emergencia.
Dieciocho personas han muerto en el levantamiento, según el gobierno, seis asesinados por el ejército o la policía. También ha habido acusaciones de tortura y abuso sexual por parte de oficiales.
A pesar de eso, la portavoz del gobierno chileno, Cecilia Pérez, dijo en una conferencia de prensa que los planes para ambos eventos "no habían sido alterados".
Fuentes del gobierno dijeron que se les había ordenado callar sobre ambas reuniones, pero la principal preocupación a lo interno era garantizar el éxito del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).
Piñera había esperado que el foro fuera donde Trump y Jinping acordarían poner fin a la guerra comercial chino-estadounidense.
La posición oficial de la presidencia chilena de COP25 es que “hoy todos los chilenos están preocupados por recuperar la normalidad y la tarea de los próximos días es reanudar el diálogo y la unidad. Los equipos continúan su trabajo en paralelo”.
El foro de la APEC está programado para realizarse el 16 y 17 de noviembre en Santiago y la COP25 del 2 al 13 de diciembre en la misma ciudad.
Esta COP ha generado expectativa debido a las crecientes marchas por acción climática lideradas por Greta Thunberg, quien anunció su participación en la cumbre.
Costa Rica, organizador de la PreCOP25, tendrá un rol importante en estas negociaciones. Según el Ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, Costa Rica ostentará una "copresidencia informal" de las negociaciones, apoyando especialmente en temas de bosques y energías renovables.
La crisis
Las demandas de la protesta son muy variadas y el movimiento no tiene líderes, lo que significa que no hay un solo interlocutor para que el presidente negocie el fin de los disturbios.
La chispa fue una subida en los precios del metro. Pero las quejas en las calles son una larga lista de políticas que benefician a una élite económica: pensiones privatizadas, varios casos de corrupción entre la clase política y la propiedad privada del sistema de agua en el medio de una severa sequía de 10 años.
Uno de los puntos focales de la ira de los manifestantes es el presidente de centroderecha de Chile, Sebastián Piñera, quien hizo una fortuna administrando una compañía de tarjetas de crédito.
La semana pasada, antes de que comenzaran los disturbios, Piñera le dijo a The Financial Times que Chile era "un verdadero oasis dentro de una convulsa América Latina".
Los manifestantes no han sido apaciguados por las medidas anunciadas por Piñera el martes, incluido un aumento del 20% a las pensiones mensuales más bajas.
En la plaza principal de la capital, en medio de los ataques con gases lacrimógenos de la policía, CHN entrevistó a Jorge, de 70 años, quien dijo que su pensión era de solo $137 por mes, en un país donde la línea de pobreza ronda los $600 por mes. La nueva "agenda social" de Piñera aumentará sus ganancias en $27.
Negociaciones entre disturbios
El presidente ruso, Vladimir Putin, confirmó su participación en la reunión APEC, mientras que los equipos de seguridad de Estados Unidos y China estuvieron en Chile el viernes pasado para evaluar las condiciones de seguridad.
El francés Emmanuel Macron es uno de los pocos jefes de estado que había confirmado previamente su asistencia a Cop25. Esta semana, el diputado francés Alexis Corbière solicitó al gobierno que suspenda su participación en las conversaciones sobre el clima de Santiago mientras "el ejército esté en las calles".
El metro en Santiago ha sido severamente dañado, con varias estaciones atacadas. El gobierno ha reconocido que el sistema no se restaurará por completo durante más de seis meses. Ahora solo tres de las seis líneas funcionan y solo unas pocas estaciones están abiertas.
En poco más de cinco semanas, más de 30.000 de delegados climáticos de la ONU intentarán llegar a la sede de la COP25 en las afueras de la ciudad.
La línea 6, que lleva a la sede, está relativamente intacta, pero la línea 1, que atraviesa el centro de la ciudad donde se encuentran la mayoría de los hoteles, ha sido duramente golpeada.
Los autobuses de enlace durante la conferencia, por ahora, estarán disponibles solo desde la estación Cerrillos, no desde la ciudad.
Lucía Dammert, experta en seguridad chilena, dijo: “Si esto no se resuelve bien, la cumbre puede ser ideal para que resurjan las movilizaciones. Y lo que el gobierno no quiere es que esto se desborde a la COP".
Dammert dijo que "sería el fin del legado internacional del presidente" si la represión actual, incluido el despliegue de las fuerzas armadas, continuara, mientras que "cientos de activistas climáticos internacionales" se unen al movimiento local en las calles.