- Las soluciones basadas en la naturaleza llevan una década ganando terreno como alternativa a la infraestructura gris —edificios, carreteras y plantas de tratamiento— para reducir el impacto de los desastres.
Cuando llueve fuerte sobre una ciudad, el agua usualmente no tiene adónde ir. Las calles, los techos y los estacionamientos actúan como superficies impermeables, es decir, el agua no se filtra, no baja al subsuelo, sino que escurre. Busca el punto más bajo, llena los alcantarillados hasta saturarlos y termina propiciando inundaciones.
Las ciudades modernas están construidas, en gran parte, con materiales que no dejan pasar el agua. “Si yo tengo solo superficies impermeabilizadas, todo lo que llueve va a escurrir”, explica Adolfo Quesada, geógrafo de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La ciudad esponja es una respuesta directa a ese problema. El modelo propone reemplazar progresivamente esas superficies por vegetación, pavimentos permeables, jardines diseñados para absorber lluvia, humedales artificiales y lagunas de retención. La lógica es que el agua se infiltre hacia el subsuelo en lugar de escurrir directamente hacia las calles y alcantarillas. Al reducir el volumen que llega al sistema pluvial, también disminuye el riesgo de inundaciones.
Según Quesada, los efectos de ese cambio van más allá de evitar que se inunden las calles. La infiltración puede favorecer la recarga de acuíferos subterráneos, la vegetación urbana ayuda a reducir la temperatura local y los sistemas de alcantarillado, al no recibir todo el volumen de agua de golpe, pueden funcionar mejor.
El investigador resume esos beneficios en una misma idea: estas soluciones buscan proteger, mejorar la biodiversidad, refrescar la ciudad, capturar carbono, embellecer espacios y mejorar la salud y el bienestar al mismo tiempo.
Las ciudades esponja —concepto que se expandió en Asia y se popularizó en China— es una de las soluciones analizadas por Quesada y Néstor Montalván Burbano, docente de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador, en un estudio publicado en Physics and Chemistry of the Earth.
La naturaleza como solución
La ciudad esponja es solo una versión urbana de una estrategia aún mayor. Las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) son medidas, infraestructuras y ajustes aplicados al entorno que aprovechan funciones propias de los ecosistemas. Su objetivo es reducir el impacto de amenazas como inundaciones, deslizamientos, erosión costera, erosión de suelos y sequías.
En lugar de depender únicamente de obras grises, las SbN usan vegetación, humedales, manglares, bosques, riberas restauradas o suelos permeables para regular el agua, estabilizar laderas, frenar la erosión y amortiguar el oleaje. Trabajan bajo una premisa sencilla: los ecosistemas también pueden funcionar como infraestructura si se les permite hacerlo.
El análisis bibliométrico, publicado por Quesada y Montalván, repasó 1.359 publicaciones revisadas por pares sobre SbN y amenazas naturales, indexadas en Scopus y Web of Science entre 2015 y 2024.
Los resultados muestran una expansión acelerada del campo. En 2015 se publicaron apenas 2 artículos sobre el tema, mientras que la cifra llegó a 404 en 2024. Solo entre los años 2023 y 2024 se concentra cerca del 51% de todo lo publicado en el período.

El estudio identifica seis grandes agrupaciones temáticas: gestión de inundaciones y aguas pluviales; amenazas costeras; erosión de suelos y deslizamientos; sequías y escasez hídrica; amenazas urbanas y climáticas; y enfoques integrados de gestión del riesgo.
El estudio advierte que todavía falta evidencia sobre efectividad a largo plazo, equidad en la distribución de beneficios y marcos de gobernanza que permitan escalar estas soluciones más allá de proyectos piloto.
Áreas protegidas reducen riesgos
En Costa Rica no existe una política urbana con el nombre de ciudad esponja, pero Quesada señala que los Corredores Biológicos Interurbanos (CBI) operan con una lógica cercana, debido a que reconectan zonas verdes dentro de la ciudad y favorecen el regreso de especies vegetales y animales que no se registraban en los lugares donde se encuentran desde hace años.
Actualmente existen 54 corredores biológicos en el país, incluidos ocho Corredores Biológicos Interurbanos (CBI), que en conjunto representan una cobertura cercana al 38% del territorio nacional a nivel continental.
Ahora bien, el efecto protector de los ecosistemas no se limita a las ciudades. Según el economista ambiental e investigador de la UCR, Juan Robalino Herrera, el bosque regula el flujo del agua. Cuando llueve poco, retiene humedad y sostiene el caudal de los ríos. Cuando llueve mucho, reduce la velocidad y el volumen del agua que desciende hacia las poblaciones.
La diferencia con la ciudad esponja es de escala y no de principio. Cuando ese bosque desaparece, las consecuencias son medibles.
“Si hay ganadería o algún tipo de agricultura, el suelo empieza a erosionarse y pierde esa capacidad de regulación del agua, y entonces los flujos son mucho más rápidos y mucho más grandes”, explica Robalino.
Un estudio publicado en 2023, en el que participó Robalino junto a otros investigadores, cuantificó este efecto utilizando datos reales. El análisis empleó registros mensuales por distrito en Costa Rica entre 1992 y 2019, y por municipio en Guatemala entre 2000 y 2015. El método identificó, para cada cuenca y cada mes, qué proporción de la lluvia caía dentro de áreas protegidas y qué proporción caía fuera, y se estimó si esa distribución afectaba la frecuencia de inundaciones y deslizamientos.
Para Costa Rica, los resultados fueron estadísticamente consistentes. Cuando una mayor proporción de la precipitación cae dentro de áreas protegidas, las inundaciones se reducen en una magnitud equivalente a cerca del 34% del promedio mensual de inundaciones por distrito. Las muertes relacionadas con ese tipo de desastre disminuyen en la misma dirección: sin ese efecto protector, habrían sido aproximadamente un 32% más altas. Los deslizamientos también registran efectos negativos estadísticamente significativos en distritos de alta densidad poblacional.
En el caso de Guatemala, los resultados no alcanzaron significancia estadística robusta. Según los autores, hay tres razones principales: la deforestación dentro de áreas protegidas, las condiciones socioeconómicas más inestables y la diferencia en la calidad y densidad de los datos disponibles. Esa comparación no debilita los hallazgos para Costa Rica, sino que precisa las condiciones bajo las cuales el efecto protector opera.

Según el estudio, Costa Rica reúne esas condiciones de manera favorable, las áreas protegidas cubren cerca del 25% del territorio y se concentran en zonas montañosas, como Talamanca, la Cordillera Volcánica Central y cordilleras periféricas, que funcionan como cuencas altas para poblaciones ubicadas aguas abajo. La protección de esos territorios no fue diseñada originalmente con criterios de reducción de desastres, pero ha generado ese efecto como resultado.
“Si no se hubiera protegido esas tierras y hubieran sido deforestadas, tendríamos mucho más desastres de los que tenemos actualmente”, afirma Robalino.
Medidas aplicables en Costa Rica
Quesada identifica medidas con evidencia y aplicación posible en el territorio costarricense, según el tipo de amenaza.
Para deslizamientos en laderas, menciona terrazas seguidas de reforestación con especies que consoliden el suelo, alternancia de pastizales con cobertura arbórea y eliminación de potreros sin vegetación en zonas de alta pendiente.
Para combatir la erosión agrícola, señala cultivos en curvas de nivel, retención con troncos y piedras, y técnicas de conservación de suelos con respaldo agronómico consolidado.
Para inundaciones fluviales, propone cordones de vegetación junto a los cauces y lagunas de retención que absorban los picos de precipitación antes de que lleguen a zonas habitadas. Además, según el investigador, la legislación costarricense establece retiros mínimos de 15 metros y de hasta 50 metros en zonas de alta pendiente.
Para erosión costera, plantea la reforestación con manglares y otras especies adaptadas al litoral. “Un manglar disminuye la fuerza de las olas”, señala el geógrafo.
Para sequías, menciona captación y reutilización de agua de lluvia, lagunas artificiales y reforestación de zonas de recarga de acuíferos.
Para inundaciones urbanas, el ejemplo más visible es la ciudad esponja: jardines filtrantes, pavimentos permeables, humedales artificiales, corredores verdes y parques capaces de absorber lluvia que antes solo escurría sobre cemento.
Condiciones para su funcionamiento
Quesada advierte que estas soluciones no pueden copiarse de un país a otro sin ajustes. El primer error es diseñarlas para escalas de precipitación que no corresponden al trópico. Según el investigador, muchas soluciones se calculan para lugares donde llueven entre 1.500 y 2.000 milímetros anuales. En Costa Rica se superan los 3.000 milímetros en promedio a nivel nacional. Una laguna de retención o un humedal artificial diseñado para intensidades menores puede ser insuficiente ante eventos extremos en el país.
El segundo error que indica es subestimar el mantenimiento. Humedales, jardines filtrantes, cordones de vegetación y sistemas de retención requieren limpieza, poda, manejo de sedimentos y atención continua. Si esos costos no se incorporan desde el diseño, la intervención puede perder efectividad.
El tercer error es dejar por fuera a las comunidades. "Las comunidades tienen que estar presentes desde el diseño, propuesta y demás, porque ellos van a ver cosas que tal vez los que promueven las ideas no las dimensionan", señala Quesada.
También deben considerarse los tipos de suelo locales —arcillosos, limosos o arenosos— y la complejidad topográfica del país, “donde de pronto tengo grandes cañones del río, de pronto llanuras y luego son valles en el montano”, como describe el geógrafo.
La gobernanza institucional tampoco es un detalle secundario: para que las SbN superen el nivel de proyecto piloto, deben articular municipalidades, asociaciones de desarrollo, ministerios sectoriales, empresa privada, universidades y organizaciones comunitarias. Sin esa coordinación, las soluciones quedan fragmentadas.

Incentivos para la conservación
Detrás de la discusión técnica sobre qué soluciones aplicar y dónde, Robalino identifica una falla estructural. El mercado no corrige por sí solo la degradación de los ecosistemas que actúan como infraestructura de protección. Según explica, quien decide deforestar —por ejemplo— no tiene incentivos para calcular el costo que esa decisión impone sobre terceros. Las comunidades aguas abajo quedan más expuestas a inundaciones, la infraestructura se daña con mayor frecuencia y aumentan los riesgos para la población; pero esos costos no entran en la ecuación del propietario que convierte el bosque en tierra productiva.
“Cuando toman la decisión de pasar de bosque a agricultura, no toman en cuenta los beneficios que generan a la sociedad”, dice el economista. Solo computan sus costos y beneficios privados.
Corregir esa distorsión requiere instrumentos de política pública. Los parques nacionales son uno, al establecer restricciones de uso, sacan la decisión de la esfera estrictamente privada. Los pagos por servicios ecosistémicos son otros, porque ofrecen compensación económica por mantener cobertura forestal y hacen que la conservación sea financieramente competitiva frente a la conversión productiva. El ordenamiento territorial también cumple un papel central.
Pero estos instrumentos dependen de información suficiente sobre el valor de los ecosistemas en términos de reducción de riesgo.
“Si cuantificáramos mejor los beneficios de los bosques, podríamos darnos cuenta de cuál es el nivel óptimo de protección”, señala Robalino.
Aplicación a mayor escala
Las SbN, incluidas las ciudades esponja, no sustituyen por completo la infraestructura convencional.
“Son una primera línea de defensa que, combinada con buena ingeniería y ordenamiento territorial, pueden generar múltiples beneficios en términos de costo-beneficio y en un periodo relativamente corto”, dice Quesada.
Desde el punto de vista económico, Robalino refuerza este argumento: “la prevención tiende a ser mucho más costo efectiva que llegar a resolver el problema de los daños”.
En ese mismo sentido, Quesada señala que estas soluciones “evitan obras que van a ser más caras, porque a veces se van a requerir obras grises mucho más costosas para resolver estos problemas que, tal vez a escala local y comunal, se podrían resolver de una manera más económica”. El geógrafo también puntualiza que “tienen muchos beneficios en una sola inversión, tanto la parte ecológica como el tema del desastre, con un menor costo operativo”.
La evidencia citada por los investigadores apunta a que las SbN pueden reducir riesgos cuando se aplican según las condiciones de cada territorio. En ese escenario, el reto para Costa Rica está en pasar de experiencias puntuales a intervenciones planificadas con criterios técnicos, financiamiento y coordinación institucional.





