La propuesta costarricense puede resumirse así: mediante una Marca País, se busca posicionar una serie de productos agrícolas generados en el país como libres de deforestación, esto con miras a grandes mercados que favorezcan el valor agregado de carácter ambiental y con el fin de conseguir privilegios de importación para estos bienes de consumo, como puede ser quitarles las barreras arancelarias.
La idea fue presentada por el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, y el viceministro de Agricultura, Fernando Vargas, en uno de los eventos paralelos realizados este lunes en el marco la Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que actualmente tiene lugar en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij.
“Esperamos lograr reconocimiento por haber desacoplado la producción agropecuaria de la deforestación”, señaló Tattenbach.
Esa Marca País valoraría la producción sostenible realizada desde el agropaisaje, “capitalizando las acciones emprendidas en materia de diversificación agropecuaria, tecnificación de la agricultura y ganadería, erradicación de la deforestación y reducción de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI), para dar mayor impulso al modelo de agricultura resiliente y bajo en emisiones”.
Tras la presentación de la iniciativa, Tattenbach y Vargas aprovecharán el marco de la COP27 para buscar socios y sostendrán una serie de reuniones bilaterales, iniciando con los representantes de algunos países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Con nuestro liderazgo en materia ambiental, proponemos ahora un enfoque de agro paisajes, consolidado bajo una Marca País, con el fin de posicionarnos en mercados que ya implementan enfoques de bajas emisiones y cero deforestación. De cara a ello, Costa Rica sigue buscando socios estratégicos en su lucha contra el cambio climático y enfila sus esfuerzos en llamar a los países a actuar sobre este y otros temas de gran relevancia”, destacó Tattenbach.
Precisamente, la Comisión Europea está evaluando una propuesta de regulaciones que condicionarán la producción de sectores -como alimentario, construcción, textil y materias primas- a que sus bienes de consumo estén exentos de deforestación.
Suma de esfuerzos
Este proyecto de Marca País está capitalizando los esfuerzos que se vienen haciendo desde las últimas décadas del siglo XX, al revertirse la deforestación y lograr una cobertura forestal cercana al 60% del territorio en la actualidad.
Aparte de acciones en conservación, aportes logrados mediante el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) y el mecanismo de reducción de las emisiones de la deforestación y la degradación de bosques (REDD) así como reformas legales y política pública, el país ha logrado intensificar el área agropecuaria sin caer en el cambio de uso del suelo (prohibido desde la promulgación de la Ley Forestal en 1994) y, con ello, se ha podido frenar en gran parte la deforestación y degradación de bosques a la vez que ha triplicado el valor económico de la producción. “Con una oferta robusta y variada que posiciona al país en los mercados globales”, agregó Vargas.
Esto es relevante dado que el sector -que agrupa a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otros usos de la tierra- contribuye con, aproximadamente, entre el 21% y el 37% de las emisiones totales de GEI. Según Tattenbach, la recuperación de la cobertura arbórea en los suelos de uso agropecuario y forestal ha hecho posible compensar las emisiones resultantes de los procesos productivos.
Asimismo, el sector viene implementando Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA, por sus siglas en inglés) desde 2013, los cuales no solo han permitido reducir las emisiones sino también incrementar la resiliencia con beneficios a nivel de eficiencia operativa que se traducen, muchas veces, en reducción de los costos de producción.
Las NAMA, introducidas en la COP13 de Bali, son mecanismos dentro de la CMNUCC para favorecer la mitigación en países en desarrollo y se refiere a medidas sectoriales dirigidas a reducir emisiones que cuenten con respaldo gubernamental a nivel nacional. Actualmente, Costa Rica tiene dos NAMA en etapa de escalamiento: ganadería y café. Otros tres NAMA se encuentran en etapa de pilotaje, se trata de arroz, caña de azúcar y musáceas (banano).
El sector ganadero, por ejemplo, registra 2300 fincas que aplican medidas de mitigación y adaptación. Gracias a estas, las fincas han aumentado su rentabilidad, productividad y resiliencia, a la vez que su producción es baja en emisiones y está mejor adaptada al cambio climático.
Igualmente, desde 2018, se viene implementando la Agenda Agroambiente que busca una alineación horizontal a nivel interinstitucional. “Esta agenda promueve la restauración de los ecosistemas y la gestión de un modelo de crecimiento económico sin regresión ambiental con miras a reactivar la economía”, se detalla en un comunicado.
Y ya propiamente a lo referente a los compromisos adquiridos a la luz del Acuerdo de París, mediante las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), el sector agro está contemplado tanto en el Plan Nacional de Descarbonización como en el Plan Nacional de Adaptación (ambos instrumentos hacen operativos los objetivos de acción climática).
Es en este marco que se plantea la idea de Marca País que se está promoviendo en esta COP27. Según Tattenbach, esta iniciativa responde al “desarrollo de instrumentos de política y la generación de oferta exportable de alimentos considerando que la tierra en uso agropecuario forma parte de un paisaje más amplio que además provee a la sociedad servicios ecosistémicos como biodiversidad, agua y almacenamiento de carbono”.
“El sector agropecuario propone un enfoque de agro paisajes, para posicionar la oferta exportable del país en mercados diferenciados, aprovechando las ventajas comparativas de las cadenas de valor que ya implementan enfoques de bajas emisiones, cero deforestaciones, que fomentan un alto índice de biodiversidad y promueven la conectividad del ecosistema”, declaró Vargas.
Mover la aguja
Para Tattenbach, si se quiere “mover la aguja” y reducir las emisiones a un nivel de ambición compatible con la meta de 1,5°C del Acuerdo de París, la agenda climática debe llevarse a la esfera comercial.
“Y estos temas sí pueden mover la aguja a nivel global”, dijo el ministro y añadió: “el desacople del agro y la deforestación es un tema que puede lograr la reducción de emisiones en los países tropicales que tienen agricultura y también es una prioridad de la Coalición de Alta Ambición (HAC, por sus siglas en inglés), porque la pérdida de biodiversidad también viene impulsada por la deforestación. Ahí es donde podemos juntar las dos convenciones: la de biodiversidad y la de cambio climático. De manera que esto nos podría acercar a la meta de 1,5°C”.
Esto es particularmente relevante en momentos en que, para limitar el calentamiento a 1,5°C, se requiere una ruta de descarbonización que permita una reducción de emisiones del 45% al 2030 con miras a lograr el cero neto al 2050. Precisamente, el cambio en el uso del suelo — incluyendo la deforestación y la degradación— representa alrededor del 10-12% de las emisiones mundiales (escalable a 23% si se incluye a la agricultura).
De hecho, la propuesta costarricense se enmarca la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre bosques y uso de la tierra, adoptada hace un año por 145 países (incluido Costa Rica) durante la COP26 celebrada en Glasgow (Escocia), cuyo objetivo es detener la pérdida y degradación de bosques para 2030.
Este año, en el marco de la COP27, se presentó la Alianza de Líderes de Bosques y Clima; como una actualización de la declaración de bosques de Glasgow. La diferencia es que se acordó que el grupo de países firmantes –entre ellos: Costa Rica, Colombia y Ecuador- se reunirá una vez al año. También se estableció un compromiso de rendición de cuentas.
Deforestación en la mira
En los días previos a la inauguración de la COP27, se publicó el Forest Declaration Assessment. Este informe señala que la falta de transparencia sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos en la declaración de bosques de Glasgow -como la reducción del impacto del comercio internacional sobre los bosques y el fortalecimiento de los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales- dificulta la rendición de cuentas y el progreso real.
Si bien la deforestación mundial se redujo en un 6,3% en 2021; y según este informe, este porcentaje está “por debajo de los objetivos internacionales de detener la pérdida y degradación de los bosques para 2030 y limitar el cambio climático a 1,5 °C”.
En cuanto a la deforestación bruta mundial, esta ascendió a 6,8 millones de hectáreas en 2021 -una superficie comparable a la de la República de Irlanda- y generó 3,8 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO2e).
“Ni un solo indicador mundial está en vías de cumplir los objetivos para 2030 de detener la pérdida y degradación de los bosques y restaurar 350 millones de hectáreas de paisaje forestal. La financiación para proteger y restaurar los bosques debe aumentar 200 veces los niveles actuales para cumplir los objetivos forestales y los mejores gestores de las tierras forestales -los pueblos indígenas y las comunidades locales- siguen excluidos de la toma de decisiones, así como de muchas oportunidades de financiación y de las protecciones que garantizan sus derechos territoriales”, destacaron los autores en un comunicado.
Aunque las tasas de deforestación en África y América Latina disminuyeron en los últimos años, estas reducciones son insuficientes para alcanzar el objetivo de 2030. “En los casos en los que se ha avanzado, el mérito puede repartirse entre los mandatos de los gobiernos y su aplicación efectiva, la acción audaz y colaborativa de las empresas y los esfuerzos innovadores liderados por la sociedad civil y las iniciativas de base. La ampliación de la acción colaborativa y obligatoria en materia de bosques puede ser, y ha sido, eficaz para cambiar el rumbo de la deforestación”, se lee en el informe.
Ahora bien, aunque la deforestación mundial ha continuado, la cobertura forestal también se incrementó en unos 130,9 millones de hectáreas entre 2000 y 2020 -una superficie poco mayor que la de Perú-, con ganancias netas en 36 países. Sin embargo, los autores advierten que “el aumento de la cobertura forestal nunca compensará la pérdida de bosques en términos de almacenamiento de carbono, biodiversidad y servicios de los ecosistemas”. Y continúan: “la pérdida de bosques primarios no puede sustituirse simplemente con actividades de reforestación o forestación. Los bosques que actualmente están intactos deben permanecer intactos”.
El informe también señala que sólo una cuarta parte de las principales empresas mundiales del sector agrícola han anunciado una política clara, completa y ambiciosa para eliminar la deforestación en sus cadenas de suministro. De esas empresas, menos del 20% están cerca de cumplir sus compromisos.
“Desde nuestra primera evaluación, en 2016, hemos visto poco progreso en la eliminación de la deforestación de las cadenas de suministro corporativas”, señaló Franziska Haupt de Climate Focus y una de las autoras del reporte. “El potencial de la acción voluntaria de las empresas aún no se ha hecho realidad, pero hemos visto el éxito cuando una gobernanza sólida se une al esfuerzo genuino de las empresas a través de una acción alineada, inclusiva y colaborativa. Ahí es donde el caucho se encuentra con el camino y podemos finalmente cambiar la trayectoria global hacia los objetivos forestales de 2030”, añadió.
En este contexto, la propuesta costarricense pudiera contar con aliados no solo a nivel gubernamental sino también en el sector privado. Al menos, esa es la expectativa que Tattenbach y Vargas tienen para esta semana.