Las negociaciones de la COP15 sobre biodiversidad tienen aún varios puntos de fricción. ¿Cuáles son los objetivos cruciales en los cuales puede lograrse un acuerdo el 19 de diciembre en Montreal?
Un 30% del planeta protegido
Entre las cerca de 20 metas que están en debate, la principal es el objetivo conocido como 30x30, que busca que un 30% de la tierra y de los océanos queden bajo una protección jurídica mínima para 2030. En el acuerdo precedente de 2010 este objetivo fue de 17% y 10%, respectivamente.
Este porcentaje es un mínimo, ya que algunos especialistas reclaman que sea del 50%.
Sin embargo, esta meta es solamente una parte de la ecuación. Por ejemplo Francia ya logró este objetivo en relación a las zonas marítimas, pero varias oenegés denuncian que se escogen zonas poco explotadas de los mares australes y que sigue habiendo pesca industrial en sectores protegidos del territorio continental.
Las cifras deben estar en equilibrio con los esfuerzos necesarios para el 70% restante del planeta.
En el debate también está la restauración de tierras deterioradas, que pueden equivaler a entre 20% y 30% es decir 1.000 millones de hectáreas, la reducción de la circulación de especies invasoras y un recorte de uso de pesticidas y abonos, que algunos países quieren disminuir a la mitad y hay debates álgidos al respecto con Brasil y Argentina.
Derechos de los pueblos indígenas
Los territorios de pueblos originarios albergan cerca de un 80% de la biodiversidad restante de la Tierra, según expertos del clima de Naciones Unidas. El rol de estos pueblos se ha convertido en un tema central de las negociaciones, que es un asunto de consenso en principio, pero está lejos de quedar plasmado en los acuerdos.
"Es imposible lograr el 30x30 sin ellos (...) porque si uno mira los mapas, más de un tercio de la tierra está gestionada por pueblos indígenas", señaló a la AFP Jennifer Tauli Corpuz, de la asociación Nia Tero que representa a los pueblos originarios en la COP15.
Tras años de ser marginalizados y obligados a desplazamientos forzados, incluso enarbolando como motivo la conservación, estas comunidades exigen dar un consentimiento libre e informado sobre el establecimiento de zonas protegidas. Y quieren garantías sobre la preservación de su derecho y del reconocimiento de su papel en varios de los objetivos a debatir.
México, Bolivia y Colombia y países como Filipinas, Nueva Zelanda y Australia están muy implicados en esta cuestión, afirmó Tauli Corpuz.
La biopiratería
La falta de resolución del tema de la biopiratería, que es un tema recurrente de las negociaciones en la ONU, amenaza la obtención de un acuerdo.
Una gran cantidad de países del sur, encabezados por Sudáfrica, exigen recibir beneficios de los recursos biológicos que hayan permitido la fabricación de medicamentos lucrativos o de productos cosméticos en los países ricos. Esta promesa se remonta incluso a la Convención sobre la Diversidad Biológica de 1992.
A partir de 2014, en virtud del protocolo de Nagoya, hay un sistema en marcha para otorgar una remuneración cada vez que se utiliza un recurso. Sin embargo, esto solamente se aplica a las muestras físicas de una planta o de un animal y
en general los investigadores trabajan con secuencias genéticas digitalizadas.
Esta Secuencia de Información Digital (DSI, por su sigla en inglés) está en bases de dato de libre acceso y no genera ningún ingreso a los países de origen.
"Es el expolio al tercer mundo: las poblaciones no reciben un centavo de las maravillas que han conservado", explica la economista Catherine Aubertin, que describe una "gran frustración" histórica que se ha convertido en una cuestión de principios.
La creación de un nuevo fondo multilateral, además de la transferencia de competencias y de apoyo a la investigación, ¿Van a ser suficiente para resolver este tema que se ha convertido en una cuestión muy sensible?
Financiamiento
Un tema que se proyecta complejo es el del financiamiento. Brasil, apoyado por 22 países, pidió a los países ricos que aporten "al menos 100.000 millones de dólares por año hasta 2030" para los países en desarrollo para preservar la biodiversidad, una cifra alineada con la de los acuerdos sobre el clima.
En cambio, los países del Norte son reticentes a la creación de un nuevo fondo, cuya gestión es percibida como compleja e ineficaz, y prefieren un sistema de transferencias directas.