El costo de ignorar la crisis climática: una deuda que termina pagando el Estado

Por Inti Alvarado Lizano, Jimena Alvarado Vargas, Francesca Di Leoni Freer, Hillary Granados, Nayeli Morales, Samantha Peña Carvajal, Sherly Rivera Cárdenas y Valeria Vega Mora. Comisión de Derechos Humanos y Salud del Parlamento Joven Mujeres por el Clima (2025-2026).

En Costa Rica solemos abordar el cambio climático como un desafío ambiental, cuando también representa uno de los mayores riesgos para las finanzas públicas. Cada inundación, deslizamiento, sequía o incendio forestal genera una factura que, tarde o temprano, termina asumiendo el Estado. Lo preocupante es que esa factura aumenta cuando se privilegia la reacción sobre la prevención.

En la última década, el país ha cuadruplicado los recursos para la atención de emergencias causadas por eventos extremos (reconstruir carreteras, puentes, escuelas, acueductos y viviendas afectadas), lo cual representa un incremento del 350% en el gasto con respecto a 2015. Sin embargo, la planificación a nivel institucional con enfoque preventivo para la gestión de la infraestructura pública y los servicios esenciales continúa siendo insuficiente, lo que limita la incorporación de criterios de resiliencia y adaptación climática desde las etapas de diseño de las obras.

Esta lógica, centrada principalmente en reparación de daños mediante soluciones rápidas, en lugar de implementar procesos de reconstrucción a largo plazo, genera en un ciclo recurrente de inversión y pérdida, que no solo resulta financieramente insostenible, sino que también prolonga el sufrimiento de las comunidades más vulnerabilizadas.

Las comunidades, familias y poblaciones vulnerabilizadas que habitan en zonas de riesgo pierden patrimonio, empleo y acceso a un servicios básicos. Después del desastre, el Estado debe financiar albergues, atención médica, subsidios y la reconstrucción de infraestructura. Sin embargo, esos recursos no provienen de una fuente abstracta: son financiados principalmente con los impuestos que aportan las y los costarricenses. A ello se suma que el sector privado y la ciudadanía suelen asumir parte de los costos mediante donaciones y ayudas solidarias. 

Un ejemplo reciente son las inundaciones en Limón, donde, además de las afectaciones a viviendas y caminos, la respuesta ha dependido del esfuerzo conjunto entre comunidades, instituciones, empresas y organizaciones para atender la emergencia y avanzar en la recuperación de la zonas afectadas. El impacto económico, por tanto, trasciende las instituciones públicas y alcanza a toda la sociedad. 

Así, la prevención deja de ser únicamente una política ambiental para convertirse en una decisión de responsabilidad fiscal. Invertir hoy en adaptación climática cuesta menos que reconstruir una y otra vez los mismos territorios.

Este desafío es particularmente evidente en regiones donde el crecimiento urbano e inmobiliario ha avanzado sin una planificación ambiental adecuada, a pesar de que presentan alta vulnerabilidad a desastres hidrometeorológicos . En Guanacaste, por ejemplo, la expansión de proyectos turísticos y residenciales ha incrementado la presión sobre los recursos hídricos, transformado ecosistemas costeros y deteriorado manglares y arrecifes, aumentando la vulnerabilidad de las comunidades y los conflictos por el uso del agua y del territorio.

Cuando la planificación cede ante intereses de corto plazo, los beneficios suelen concentrarse en pocos actores, mientras que las pérdidas se distribuyen entre todos los contribuyentes. Además, los daños en infraestructura, la interrupción de carreteras, las pérdidas agrícolas y la afectación del turismo reducen la competitividad del país y limitan la capacidad del Estado para invertir en educación, salud y seguridad.

Por lo tanto, abordar esta problemática también requiere una gestión eficiente del gasto público, orientada a reducir las desigualdades desde una perspectiva de justicia territorial y climática. Costa Rica ha demostrado que la protección ambiental también genera crecimiento económico.

Como afirmó la expresidenta Laura Chinchilla: “La experiencia de Costa Rica confirma que la protección ambiental no inhibe el crecimiento, sino que se convierte en uno de los mejores activos”. Esa afirmación mantiene plena vigencia: invertir en resiliencia climática no representa un gasto, sino una inversión que protege vidas, fortalece la economía y reduce futuras cargas para las finanzas públicas.

Ignorar las afectaciones climáticas no significa ahorrar recursos, significa trasladar una deuda cada vez mayor a las próximas generaciones. La pregunta ya no es cuánto cuesta actuar, sino cuánto más estamos dispuestos a gastar por seguir posponiendo las decisiones que el país necesita.