G20 valora crear impuesto del 2% a la fortuna de multimillonarios
Aunque la reunión de los ministros de Economía y Finanzas del G20, realizada en la ciudad de Sao Paulo (Brasil) a finales de febrero, concluyó sin una declaración conjunta debido a diferencias con respecto a las guerras en Franja de Gaza y Ucrania, sí permitió poner un tema sobre la mesa: la creación de un impuesto sobre el patrimonio dirigido a los multimillonarios.
La idea fue respaldada por Brasil y Francia. “Estamos totalmente comprometidos a acelerar el proceso de establecimiento a nivel internacional, a nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a nivel del G20 y espero que a nivel de los países europeos, de una tributación mínima”, dijo el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire.
De hecho, Gabriel Zucman –economista experto en el vínculo entre evasión fiscal y desigualdad- fue invitado como orador a la cumbre de líderes que reúne a las 20 economías más poderosas del mundo.
Según Zucman, con tal sólo imponer un impuesto del 2% sobre la riqueza de los multimillonarios se generarían $250.000 millones anuales. “Así, por ejemplo, los países en desarrollo podrían obtener la mitad de los $500.000 millones adicionales que se estima necesitan para enfrentar los desafíos del cambio climático”, dijo.
Brasil, país que este año preside el G20, impulsará una declaración sobre tributación internacional en la próxima reunión del grupo, programada para julio.
Desafíos fiscales de una nueva globalización
En los países del G20 viven dos tercios de la población mundial. Representan alrededor del 85% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, así como el 75% del comercio internacional. No sólo son las economías más ricas del orbe, sino que también las más emisoras con el 76% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel global. De allí, el impacto que tienen sus decisiones y compromisos.
En 2021, el G20 respaldó una idea de reforma fiscal propuesta por la OCDE, la cual se basa en dos pilares: el primero es lograr una mejor distribución de la tributación de las multinacionales tecnológicas y, con ello, evitar la “evasión digital”; el segundo se refiere a un impuesto mínimo del 15% a las empresas sin importar donde estén basadas.
No obstante, Francia propone un tercer pilar. “Hoy existe la posibilidad de que las personas más ricas eviten pagar la misma cantidad de impuesto sobre la renta que otras personas menos ricas. Queremos evitar esta optimización fiscal, queremos hacerlo a nivel internacional porque es la única forma eficaz”, comentó Le Maire.
“A pesar de los avances recientes, es un hecho incuestionable que los multimillonarios del mundo continúan evadiendo nuestros sistemas fiscales mediante una serie de estrategias”, dijo el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad.
En el seno del G20, menos de ocho céntimos de cada dólar recaudado por concepto de ingresos fiscales proceden de impuestos sobre el patrimonio, según reveló la organización Oxfam en un informe presentado previo a la cita en Sao Paulo.
Asimismo, el informe reveló que el 1% de los más ricos en estos países han visto un aumento de 45% en su patrimonio en los últimos 40 años. Durante ese periodo, los impuestos sobre sus ingresos más bien disminuyeron en aproximadamente un tercio (alrededor del 60% en 1980 al 40% en 2022).
“El 1% de los que más ganan en los países del G20 ingresó más de $18 billones en 2022, una cifra superior al PIB de China”, señala Oxfam y agrega: “En países como Brasil, Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, los superricos pagan un tipo impositivo efectivo inferior al del trabajador medio. En los países del G20 viven casi cuatro de cada cinco multimillonarios del mundo”.
A estos datos se suma un hallazgo realizado por el Observatorio Fiscal de la Unión Europea e incluido en su último reporte: “Los multimillonarios de todo el mundo tienen unos tipos impositivos efectivos que fluctúan entre el 0% y el 0,5% de su riqueza, debido al frecuente uso de empresas fantasma para eludir el impuesto sobre la renta. Hasta la fecha no ha habido ningún intento serio de abordar esta situación, corriendo el riesgo de socavar la aceptabilidad social de los sistemas fiscales existentes”.
Dinero para el clima
Los números del Observatorio Fiscal de la Unión Europea coinciden con los de Zucman: un 2% de impuesto a la riqueza permitiría recaudar cerca de $250.000 millones anuales, afectando a menos de 3.000 individuos. Si a esto se suma un impuesto mínimo mundial a las multinacionales, se recaudarían otros $250.000 millones al año.
“Para dar una idea de las magnitudes implicadas, estudios recientes estiman que los países en desarrollo necesitan $500.000 millones anuales en ingresos públicos adicionales para hacer frente a los retos del cambio climático, necesidades que, por tanto, podrían abordarse plenamente con las dos principales reformas que proponemos”, se lee en el reporte del Observatorio Fiscal.
Para Haddad, estos fondos podrían aliviar “el endeudamiento crónico” de los países en desarrollo. Según un análisis de periodismo de datos realizado por La Data Cuenta y Ojo al Clima, la mitad de los países del mundo se endeuda altamente para enfrentar crisis climática.
De los $653.000 millones destinados a financiamiento climático en los últimos 20 años, más de $405.000 millones, es decir, el 62% del total, se han otorgado en forma de créditos por parte de bancos multilaterales y países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de OCDE. En otras palabras, por cada $10 destinados a la acción climática, $6 llegan en forma de préstamo
A la reunión de febrero del G20 también asistieron la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; el presidente brasileño del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Los tres coincidieron en la urgencia de destinar recursos a la acción climática.
“La crisis climática está sobre nosotros, tenemos que admitir que hemos sido algo lentos en abordarla”, dijo Georgieva durante un panel organizado en paralelo a la cumbre de líderes.
En este sentido, la líder del FMI llamó a acelerar la reducción de emisiones, eliminar los subsidios a los combustibles fósiles -calculados en $1,3 billones en 2023- y movilizar capitales para alcanzar la transición verde.
Expectativa sobre el liderazgo brasileño
Financiamiento climático es el tema más importante en este 2024, ya que –si no hay nuevos fondos- los compromisos de los países en cuanto a acción climática seguirán quedándose cortos a la hora de cumplir con las metas del Acuerdo de París.
De hecho, en la vigésimo novena Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP29) –a realizarse en Bakú (Arzebaiyán)- se deberá discutir la nueva meta cuantificable de financiación a largo plazo. Y deberá quedar lista en este 2024, porque los países deberán presentar sus nuevos compromisos –sintetizados en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés)- en el 2025.
En este contexto, Brasil tiene el reflector puesto sobre sí: no sólo preside las reuniones del G20 en este 2024 sino que tendrá la presidencia de la COP30 en 2025.
Se espera que el liderazgo de Brasil permita “pasar a la acción, implementar los acuerdos existentes y construir un nuevo consenso político en lo que respecta a una transición energética justa y a la reforma de la arquitectura financiera internacional para abordar los desafíos que presenta la triple crisis”, dijo Victoria Rocío Laguzzi, miembro del equipo de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), durante un webinar organizado por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).
En este sentido, y tal como lo mencionó Haddad, Brasil tiene como objetivo concluir su presidencia del G20 con una hoja de ruta que oriente esas reformas del sistema financiero. “Las reformas van desde la gobernanza, para que los países en desarrollo también tengan voz, y que los cambios hagan que el dinero fluya en mayor volumen y eficiencia hacia los países del sur global”, explicó Marina Caetano, manager de relaciones institucionales del Instituto Talanoa, en el mismo webinar.
Para Caio Borges -gerente de Política, Derecho e Instituciones Climáticas del Instituto Clima e Sociedade- la plataforma del G20 también puede aprovecharse para instar a los países a buscar soluciones concretas.
Precisamente, la cita de febrero en Sao Paulo propició el debate sobre el nexo entre las políticas climáticas y económicas. “Históricamente la agenda climática no tenía un protagonismo fuerte en los ministerios de finanzas o bancos centrales, pero ahora esa intersección entre economía y clima viene a cambiar esto y para ello se necesita una estructura muy clara”, dijo Borges.
“Se trata de utilizar las NDC y la estrategia a largo plazo como guías para las políticas públicas, pero también como planes de inversión. De esa forma se puede conjugar una visión de desarrollo bajo en carbono o carbono cero con atracción de inversiones”, continuó.
Otra discusión que puede propiciarse en el seno del G20 versa sobre cómo hacer que el capital fluya a proyectos y tecnologías bajos en carbono. “Cómo empaquetar diferentes proyectos para reducir el riesgo y así poder transformar eso en activos financieros que sean compatibles con el límite de riesgo de los perfiles de inversores”, comentó Borges.
Asimismo, “desentrabar financiamiento e inversión es fundamental para que países como Brasil y otros en América Latina puedan atraer inversiones para restauración ecológica. Hay que demostrar que los proyectos de soluciones basadas en naturaleza tienen beneficios ambientales, económicos y sociales”, manifestó el experto.
