La apuesta tica al 2030: una ganadería baja en emisiones

Históricamente, la ganadería se ha posicionado como una de las principales actividades económicas y, por tanto, también como uno de los sectores más intensos en gases de efecto invernadero (GEI). Este sector es responsable de aproximadamente 23% de las emisiones brutas del país. En el 2012, y según el inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) realizado por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), su huella de carbono fue de 2.084 gigagramos de dióxido de carbono equivalente (CO2e).

La actividad posee características que -como área dedicada a pasturas, particularidades del animal (forma en que realiza su digestión), manejo de finca, producción y comercialización-  abultan su huella de carbono. De hecho, y según IMN, la ganadería contribuye con el 25% de las emisiones del sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra.

Motivados por lograr una actividad baja en emisiones, los ganaderos vienen ejecutando acciones desde 2014, incluso antes de firmarse el Acuerdo de París. Actualmente aspiran a más: en 2030, por ejemplo, el 70% del hato estará bajo sistemas productivos bajos en emisiones y 60% del área dedicada a la actividad incorporará medidas de adaptación y resiliencia.

Así consta en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) que fue presentada ante Naciones Unidas en diciembre de 2020. Esta NDC reúne las metas climáticas a las que se compromete el país en el marco del Acuerdo de París, las cuales deberán ser implementadas en los próximos 10 años.

Para el sector agropecuario uno de los retos a resolver está en el área dedicada a la actividad. Según datos de la Dirección de Cambio Climático (DCC), la ganadería ocupa 1,4 millones de hectáreas del territorio nacional, de las cuales un millón de hectáreas corresponden a pasturas. El reto está en cómo obtener mayores rendimientos productivos sin abarcar más área e incluso procurar utilizar menos de la actual.

En la NDC se destaca que, al 2030, la meta es mantener una reducción del área total de pastos a una tasa anual del 1%, y un aumento del área de pastos con buen manejo a una tasa de 1-2% anual sobre la tendencia en la línea base.

Otra de las metas es impulsar, al 2025, un sistema de economía circular en fincas agropecuarias, el cual considere integralmente el proceso de biodigestión y recarbonización, esto con ayuda de tecnologías que permitan aumentar los niveles de carbono orgánico en el suelo.

Camino recorrido

Las metas contempladas en la NDC no son ajenas a la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono, declarada de interés público en 2014, y a las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA, por sus siglas en inglés) en Ganadería, que vendrían a ser mecanismos de implementación de la estrategia.

Actualmente, unas 1.000 fincas están ejecutando medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Al 2022, la meta es que 1.773 fincas no solo hayan reducido sus emisiones (se espera un recorte de 39.000 toneladas de CO2e) y hayan incrementado su resiliencia, sino también sean más rentables en lo económico. Al 2034 se espera tener el 70% de las fincas operando bajo estos criterios de sostenibilidad.

El objetivo del NAMA Ganadería es lograr que las fincas generen el mayor rendimiento económico posible por unidad de área, apostando a la eficiencia y sostenibilidad. Todo esto sin extender la frontera agrícola, más bien tratando de recuperar la cobertura forestal a través de cercas vivas y potreros arbolados (actualmente se cuenta con 20 millones de árboles dispersos en el área).

En este sentido, y según cálculos realizados por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) en el 2015 cuando se diseñó el NAMA, el país tiene un potencial de recuperación forestal de 620.000 hectáreas con tan solo combinar la actividad agropecuaria con árboles.

En el 2015, el país tenía 45.870 unidades productivas de ganado: el 34% de estas unidades se dedicaban a carne, el 21% a leche y 38% a doble propósito. En el 2019, según la Encuesta Nacional Agropecuaria del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el hato ganadero era de 1,6 millones de animales dispuestos en un área de pasto que no había aumentado con los años sino que se estaba combinando con otras actividades agrícolas, incluso se estaba dedicando a la conservación del bosque.

Según el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, actualmente se cuenta con más animales, más eficientes, criados en un área menor y resguardando una cobertura forestal que alcanza el 18% del territorio nacional. Incluso, muchas de estas fincas se encuentran suscritas al Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) de Fonafifo.

Una de las medidas ejecutadas por las fincas del NAMA para depender menos de concentrados a base de granos, como el maíz y la soya que propician el cambio de uso del suelo (prohibido en Costa Rica), es sustituirlos por pastos y forrajes más nutritivos y digeribles para las vacas, por tanto, estos generan menos metano que es un GEI.

También se realiza un riego con fines de fertilización, utilizando purines y bioles a partir de los residuos orgánicos producidos en la propia finca. Otra práctica es cosechar agua de lluvia para utilizarla en el área de producción y así quitarle presión a los acuíferos.

Otra de las medidas es el pastoreo inteligente, en el cual se apuesta a la rotación del hato. El área de potrero se divide en apartados y los animales circulan entre estos, ayudando a la recuperación del lote anterior. Esto permite optimizar el área ya existente, sin necesidad de aumentarla.

El caso de Puriscal

Las fincas que abrazan estas prácticas sostenibles reciben capacitación, fondos no reembolsables y acceso a financiamiento. Para ello, el país ha contado con el apoyo de donantes y contrapartes técnicas de los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda, así como recursos aportados por el Fondo de Adaptación de Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y ONU Ambiente.

También se ha contado con apoyo de las universidades estatales, los centros de investigación asociados al Programa de Investigación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria en Ganadería (PITTA Ganadería) y las cámaras ganaderas como Corporación Ganadera (CORFOGA) y la Cámara Nacional de Productores de Leche (CNPL).

Uno de estos financiamientos ha permitido inyectar dinero a proyectos del Programa Adapta2+, administrado por Fundecooperación. En el 2013, el país recibió $10 millones del Fondo de Adaptación para destinarlos a proyectos agropecuarios, zonas costeras y recurso hídrico.

Entre los beneficiarios están 25 fincas lecheras adscritas a Coopepurical. La cooperativa brinda asesoría y acompañamiento a sus productores en cuanto a prácticas orientadas a alcanzar la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático, a la vez que les compra materia prima para procesarla en su fábrica de lácteos. De esta manera, se comercializa tanto leche como quesos maduros, yogurt y natilla, provenientes de fincas responsables con el ambiente.

Una de estas fincas pertenece a Sérvolo Jiménez Montero, la cual se ubica en El Poró de Puriscal. En siete hectáreas de terreno la familia tiene 18 vacas.

Para la transformación, en el 2017, Jiménez invirtió unos ₡7 millones, y Adapta2+ le otorgó otros ₡3 millones. Ese dinero le permitió mejorar la infraestructura de la lechería e incluso modernizarla, ya que la familia pasó de ordeñar a mano a hacerlo con ayuda de una máquina.

Tras el ordeño, se lava la sala y ese líquido se destina a un biodigestor de 10 metros de largo, el cual produce gas. Ese gas se utiliza en la lechería a la hora de calentar agua para lavar los equipos, y también en la cocina de la casa. Gracias a esto, la familia dejó de utilizar leña, beneficiando tanto al ambiente como la salud de las personas, ya que la quema de este material genera partículas finas que, a lo largo del tiempo, pueden provocar enfermedades respiratorias.

El biodigestor también ha sido beneficioso para el bolsillo del productor. “Lo que gasto en corriente (electricidad) en la máquina de ordeño, lo repongo con el ahorro que me genera usar el biodigestor, y también gastamos mucho menos en leña”, comentó Jiménez.

Otra de las mejoras realizadas fue la construcción de un cuarto de compostaje. En dos camas, que miden nueve metros de largo por un metro de ancho, las lombrices producen abono orgánico a partir de la boñiga. Ese abono se utiliza nuevamente en la finca para nutrir el pasto.

El productor alimenta a los animales con ese pasto y así evita depender de materias primas importadas. De hecho, el objetivo es que las fincas produzcan el 80% de los alimentos que su ganado requiere.

Aparte de mejorar el pasto de los potreros, Jiménez sembró la variedad OM22 o Cuba 22, un pasto que puede alcanzar los cuatro metros de altura, que es más nutritivo y favorable para la digestión de las vacas. En época lluviosa, si se produce más pasto del necesario, este se ensila para utilizarlo en verano. “Aquí la época seca es muy dura”, reconoció Jiménez.

Otra práctica implementada en la finca es la rotación del hato. Jiménez dividió el área de potreros en varios apartos, lo ideal es tener 30 apartos para rotar a los animales durante todo el mes y así puedan estar en un aparto por día.

Jiménez también se dio a la tarea de sembrar árboles, tanto en los potreros como en cercas vivas. Plantó árboles de cedro, hidra de agua y espavel. “El espavel lo sembré abajo, donde está la naciente de agua, para protegerla”, dijo.

El calor es una fuente de estrés para el ganado. Debido a esto, el animal come menos y, por tanto, produce menos leche. Tener árboles en la finca, les brinda sombra. El exceso de lluvias también les estresa, ya que se genera mucho barro que deriva en hongos en las pezuñas e incluso se pueden presentar lesiones en las patas. También, debido al barro, hay menos pasto y la vaca no come suficiente.

“A lo largo de los años, el clima ha cambiado. Llueve demasiado duro y después vienen sequías muy grandes”, señaló Jiménez.

En este sentido, la construcción de galerones para proteger al ganado así como tener bancos forrajeros y pastos mejorados, además de árboles para sombra, son medidas de adaptación que pueden implementarse en las fincas.

Otro de los productores beneficiados es Marvin Jiménez, cuya finca se ubica en Grifo Alto de Puriscal, quien destinó el dinero de la cooperación para ampliar y mejorar su lechería. Una de las medidas fue techar el área del corral y comedero para evitar el estrés por calor en el ganado.

También se dedicó a sembrar pastos y maíz. “Siembro maíz para los veranos, porque cada vez es más complicado. Esta es una zona caliente, seca, y eso les afecta mucho a las vacas”, dijo.

“También hay que saber aprovechar el tiempo de invierno”, agregó Jiménez. Por esa razón, en la finca se cosecha el agua de lluvia en un tanque de 10.000 litros, la cual se utiliza para lavar las instalaciones tras el ordeño.

La reforestación es otra de las medidas implementadas por Jiménez y su familia. La finca colinda con una montaña donde aún se preserva el bosque, entonces -además de plantar en cercas vivas- se siembran árboles en las orillas de las quebradas y alrededor de las nacientes.

La diversificación es también una medida de adaptación al cambio climático. Por esa razón, esta finca -aparte de 15 vacas destinadas a la producción de leche- cuenta con cerdos y se cultivan frijoles.

“Uno es agricultor y lo que tiene que hacer es sembrar. No necesariamente para negocio, pero sí para consumo del hogar. Aquí tenemos matitas de chayote, ayote y lo que se pueda”, comentó Jiménez.

Más fincas se suman

Para este 2021, el MAG y Fundecooperación anunciaron que 150 familias ganaderas de los cantones de San Ramón, Grecia, Puriscal, Acosta, Coronado y Turrialba recibirán apoyo técnico y financiero para adaptar sus fincas al cambio climático.

Cada módulo de capacitación incluye cercas eléctricas, paneles solares y sistemas de riego, entre otras tecnologías de adaptación, mitigación y gestión de riesgos.  La inversión asciende a ₡141 millones no reembolsables provenientes del Fondo de Adaptación.