Los países miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) alcanzaron un acuerdo el pasado 7 de julio de 2023 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el transporte marítimo de carga. 

Durante la 80ª cumbre del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC80), se adoptó una estrategia que busca disminuir las emisiones de dióxido de carbono en al menos un 40% para 2030, en comparación con los niveles de 2008. Asimismo, se pretende reducir las emisiones de sustancias contaminantes en al menos un 70%, con la meta de llegar al 80% para 2040.

Los buques transportan alrededor del 90% del comercio mundial. De hecho, el sector emite alrededor de 1.000 millones de toneladas de GEI, aproximadamente la misma cantidad de emisiones de países como Alemania o Japón.

Los buques actuales funcionan casi al 100% con búnker o fuel pesado. De hecho, y según datos de Naciones Unidas, la mayoría de los 100.000 buques del sector utilizan este tipo de combustible y son responsables de aproximadamente el 3% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono.

Ante este panorama, algunas de las mayores compañías navieras están empezando a recurrir a combustibles alternativos en un esfuerzo por limitar los impactos y alinear la industria con el objetivo de 1,5°C fijado por la ciencia climática e incluido en el Acuerdo de París.

El representante de las islas Marshall en el Comité de Protección del Medio Marino, Albon Ishoda, consideró que la nueva estrategia está en línea con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5°C y llevar al sector hacia una transición energética equitativa. 

Sin embargo, Ishoda enfatizó que se necesita un trabajo considerable para garantizar que se cumpla ese objetivo de 1,5°C. De hecho, y para alinearse a este, la ciencia del clima proyecta que el transporte marítimo debe comprometerse a una meta de descarbonización del 36% para 2030 y del 96% para 2040.

Los Estados insulares del Pacífico, especialmente amenazados por el calentamiento global, buscaban objetivos más ambiciosos en el seno de la cumbre y contaban con el apoyo de Estados Unidos y Canadá para lograr una reducción del 96% para 2040.

Críticas y comparación con objetivos anteriores

Los objetivos establecidos en el acuerdo no son vinculantes, y diversas organizaciones no gubernamentales consideran que además no son suficientes. Los movimientos ecologistas comparan estos objetivos con los establecidos anteriormente y afirman que no son adecuados para encaminar al sector hacia la reducción de las emisiones en concordancia con  el Acuerdo de París.

"El nivel de ambición del acuerdo es muy inferior al que es necesario para mantener el calentamiento planetario por debajo del 1,5 °C, y la formulación del texto es imprecisa y no vinculante", declaró la organización Clean Shipping Coalition en un comunicado.

Por otra parte, Ocean Campaigns añadió que "los representantes de la sociedad civil están profundamente preocupados de que la OMI no haya conseguido que el flete marítimo mundial se ajuste al límite de 1,5 °C de aumento de la temperatura".

Hace cinco años, la OMI instó a los transportistas a reducir sus emisiones en un 50% para 2050, tomando como base los niveles de 2008. Durante las negociaciones, que tuvieron lugar del 3 al 7 de julio de 2023 en la ciudad de Londres, la Unión Europea propuso un objetivo de emisiones cero para 2050, con metas intermedias de reducción del 29% para 2030 y del 83% para 2040.

Sin embargo, países como China, Brasil y Argentina se opusieron a objetivos más estrictos, argumentando que perjudicarían a las naciones en desarrollo en comparación con los países ricos. Estos gobiernos se oponían, entre otras cosas, a un proyecto de tasa de carbono respaldado por el presidente francés, Emmanuel Macron, y grandes empresas del sector, como Maersk. Ahora, en el acuerdo propuesto, se menciona la posibilidad de implementar una tasa de carbono como una de las medidas sugeridas para reducir las emisiones.

La propuesta de una tasa de carbono para el transporte marítimo busca imponer un impuesto a las emisiones de GEI generadas por esta industria. Esta medida tiene como objetivo abordar el impacto del transporte marítimo en el cambio climático y financiar el fondo de pérdidas y daños acordado en la pasada conferencia del clima (COP27). Se propone un impuesto de US$100 por tonelada de dióxido de carbono emitida por los buques, con la estimación de recaudar entre US$50.000 y US$60.000 millones al año. 

El apoyo a esta propuesta proviene de más de 20 países, que consideran que esta tasa puede financiar la lucha contra el cambio climático y respaldar a los países más afectados por el mismo. 

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