Los bancos continúan financiando la destrucción de la Amazonía: el 71% de la selva no está protegida

Un nuevo informe revela que la Amazonía no está protegida eficazmente por los marcos de gestión de riesgos ambientales y sociales de los cinco principales financistas de petróleo y gas amazónicos: Citibank, JPMorgan Chase, Itaú Unibanco, Santander y Bank of America. 

Por Guadalupe Sánchez Granel

La Amazonía se acerca a un punto de no retorno que no sólo amenaza la vida de los pueblos indígenas sino también la selva, su biodiversidad y la vida en todo el orbe. En otras palabras, el llamado “pulmón del planeta” podría quedarse sin aire pronto. 

Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, los bancos que financian la extracción de petróleo y gas en la Amazonía no la protegen eficazmente en su marco de gestión de riesgos dejando vulnerable la mayor parte del territorio. No hay gestión de riesgos para el cambio climático, la biodiversidad, la cubierta forestal y los derechos de los pueblos indígenas.

Los bosques amazónicos se extienden a lo largo de nueve países latinoamericanos: Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, Guyana, Guyana Francesa y Suriname. Y los ejemplos sobre las consecuencias negativas que trae la extracción de petróleo y gas en la Amazonía, sobran. 

En Ecuador, por ejemplo, se han registrado más de 4.600 incidentes de derrames de petróleo y casos de contaminación entre 2006 y 2022, y de estos, más de 530 ocurrieron en territorios indígenas. En Perú, el 33% (equivalente a 15,4 millones de hectáreas) de los territorios indígenas se superpone con áreas donde se han otorgado concesiones para la explotación de petróleo y gas.

Stand.earth y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), autores del informe El blanqueo ecológico del Amazonas, destacan el abismo entre las políticas medioambientales y sociales reivindicadas por los principales financistas y la destrucción que financian en la región. Mediante la publicación de este informe, piden a los principales bancos internacionales que pongan fin al financiamiento de la extracción de petróleo y gas en la Amazonía. Es la única forma, explican, de proteger el 80% restante de la selva tropical más grande del mundo para 2025. 

Sin consulta a los pueblos indígenas

“Desde que la explotación petrolera comenzó hace 60 años en la Amazonía ecuatoriana, se nos prometió progreso, salud, bienestar y educación, pero sobre todo, una vida digna. Sin embargo, desde entonces hasta el día de hoy, los pueblos indígenas hemos sido víctimas de un sistema corrupto que perpetúa la violencia contra nosotros, nos arrebata territorio, recursos naturales, hermanos y hermanas, y deteriora nuestra calidad de vida”, afirmó José Esach, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), que representa a cerca de 1.500 comunidades pertenecientes a las nacionalidades amazónicas Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Sapara, Andwa, Shiwiar, Cofan, Siona, Siekopai y Kijos. 

Los líderes indígenas y el Relator Especial de Naciones Unidas sostienen que las leyes y procedimientos de consulta para el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) en América Latina no incluyeron a los pueblos indígenas, por lo que estos no reconocen la producción de petróleo en la región como producido en cumplimiento de los principios de CLPI, como lo establece la Convención 169 de la Organización Mundial del Trabajo y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

“Si los bancos realmente se preocupan por los derechos indígenas, deberían dejar de financiar actividades que nos están causando daño. Exigimos que bancos como Citibank, JPMorgan Chase, Santander y Bank of America dejen de financiar a PetroEcuador, Gunvor y Vitol”, agrega Esach.

Territorios indígenas en la Amazonía, los más afectados

El informe analiza en detalle cómo los flujos ilimitados de capital hacia el sector de petróleo y gas están amenazando a los pueblos indígenas y sus territorios. Los hallazgos muestran que, en Ecuador, los bloques de petróleo y gas se superponen al 65% (4,5 millones de hectáreas) con los territorios indígenas. Los datos del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del país identifican más de 4.600 derrames de petróleo y contaminación entre 2006 y 2022, de los cuales más de 530 se produjeron en territorios indígenas, afectando gravemente a estas comunidades.

En Perú, las concesiones de petróleo y gas coinciden en un 33% (15,4 millones de hectáreas) con los territorios indígenas. La expansión de la industria en Perú, en los últimos años, incluye una ampliación multimillonaria de la refinería de Talara de Petroperú, que aumentará la presión para producir petróleo de la Amazonía peruana en selvas intactas, que son el hogar de los pueblos Achuar, Wampis, Kichwa, Quechua y Urarina. 

Además, el sector de petróleo y gas amenaza con destruir reservas de Perú cubiertas por selvas intactas y habitadas por algunos de los últimos pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI). Casi el 20% de una superficie estimada de 7.460.000 hectáreas de reservas destinadas a la protección de los PIACI coincide con bloques petrolíferos y gasísticos.

Solo el HSBC, otro de los grandes financistas de petróleo y gas amazónicos, presentó un ejemplo positivo. En diciembre de 2022, el banco británico se comprometió a excluir el financiamiento de petróleo y gas en la Amazonía. Esta política ha dado buenos resultados hasta ahora: no se registran nuevas transacciones de HSBC en 2023 en la Base de Datos de los Bancos Operando en la Amazonía de Stand.Earth, que rastrea los bancos involucrados en transacciones de suscripción de préstamos y bonos para empresas con actividades de petróleo y gas en la Amazonía de Perú, Ecuador, Brasil y Colombia.

En nombre de un falso progreso

“El Estado, los bancos y las empresas que explotan el petróleo y gas afirman que es en nombre del ‘progreso’, pero son cómplices de atentar contra la vida de los PIACI, nuestra Amazonía peruana que guarda más de 32,5 millones de bosques intactos y la biodiversidad que sustenta la vida de nuestros pueblos y del planeta. Exigimos que JPMorgan Chase, Citibank y Bank of America asuman la responsabilidad por el daño que están causando en la Amazonía peruana, que asuman como suyas las secuelas que estamos viviendo. Que sepan que de avanzar este código de silencio que es un código de extinción, los PIACI desaparecerán con sus territorios y sistemas de conocimiento. Y con ellos, desaparecerá también nuestra esperanza de salvar la Amazonía y el planeta”, dijo Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

El informe insta a que los bancos adopten una exclusión geográfica que abarque todas las transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas en la Amazonía. Se trata de un planteamiento similar, pero más abarcador, a las exclusiones del Ártico adoptadas por algunos bancos en 2020 para proteger los valores medioambientales y sociales globalmente significativos de esa región. Se propone como la única solución viable para proteger el 80% restante de la Amazonía, para proteger la biodiversidad, mitigar el cambio climático y defender los derechos de los pueblos indígenas.
Además, recomienda cómo los bancos pueden mejorar sus políticas en general yendo más allá de la gestión del riesgo reputacional y creando enfoques más prospectivos que valoren los verdaderos costes de los impactos adversos para las personas y la naturaleza, a medida que el mundo se enfrenta a la doble crisis del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Este artículo fue publicado en LatinClima, medio aliado de Ojo al Clima