Ocho grandes bancos son responsables de más del 50% de la financiación que está destruyendo la Amazonía

Son sólo ocho, pero su destrucción es millonaria, revela el nuevo informe de Stand.Earth titulado Capitalizing on Collapse. 

Los destructores de la Amazonía tienen nombres propios: JPMorgan Chase, Itaú Unibanco, Citibank, HSBC, Banco Santander, Bank of America, Banco Bradesco y Goldman Sachs. Estos ocho bancos internacionales están financiando con US$11.000 millones a empresas de gas y petróleo que impactan negativamente a la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo. Esto es, de acuerdo a la investigación, el 5% de los bancos aporta más del 50% de la financiación total (US$20.000 millones).

Los bancos norteamericanos —con los estadounidenses JPMorgan Chase, Citibank, Bank of America y Goldman Sachs a la cabeza, e incluidos también RBC y Scotiabank— representan el 35% de la financiación directa. El quinto mayor financiador de préstamos que se rastrean directamente a las actividades fósiles en la Amazonía, releva el informe, es el Santander, con un estimado de más de US$1270 millones desde 2017.

Por su parte, los bancos latinoamericanos —entre ellos, Itaú Unibanco y Banco Bradesco, incluidos en el top ocho— representan el 21% de la financiación directa.   

Cómo salvar la Amazonía

El informe, y la base de datos de bancos amazónicos que lo acompaña, se publica días antes de la cumbre que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva presidirá en Belem, Brasil, del 4 al 9 de agosto de 2023. El objetivo del encuentro: cómo salvar la Amazonía, que, advierten los científicos, podría estar atravesando un punto de inflexión ecológico desastroso.

Allí estarán los líderes de los países que forman la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) —Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela—, así como el presidente francés, Emmanuel Macron, en representación de la Guayana Francesa. También se espera que diga presente John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático.

En la agenda de debate se incluirán tópicos que van desde cómo atraer inversiones hasta cómo combatir la deforestación, proteger a los pueblos indígenas y fomentar el desarrollo sostenible frente a la crisis climática. Lo que, por el momento, quedaría afuera es la destrucción causada por la industria fósil en este ecosistema y cómo detenerla. Y diversas organizaciones de la región están demandando de forma colectiva que esto no suceda.

No más fósiles

La exigencia de la sociedad civil se alinea con la iniciativa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de eliminar efectivamente todas las actividades relacionadas con los combustibles fósiles en la selva. Esta propuesta, sin embargo, aún no cuenta con el apoyo necesario por parte de otros líderes de la región: en general, los países amazónicos se vienen centrando en la deforestación como el único y mayor problema a enfrentar. Pero, advierten las organizaciones, “abordar la deforestación descuidando la necesidad de abandonar la dependencia de los combustibles fósiles es irresponsable e insuficiente”.

La exploración continua de gas y petróleo acelera el cambio climático, que ya está fomentando la degradación de los bosques, explican. Y los proyectos dentro de la Amazonía crean un impacto adicional: las estructuras abandonadas y sin cerrar provocan vertidos que destruyen la biodiversidad y afectan a las comunidades indígenas y tradicionales. Sólo en Perú, entre 2000 y 2021, se registraron 566 derrames de petróleo; y en Ecuador, en la década 2012-2022, hubo 1584.

En tanto, Ilan Zugman, director de 350.org para América Latina, advierte: “La prioridad de nuestros países debe ser mejorar las condiciones de vida de los más de 40 millones de habitantes de la Amazonía y proteger el papel vital de la selva para la humanidad. Para lograrlo, los gobiernos deben garantizar que esta región se convierta en una ‘zona libre de extracción de petróleo y gas’, y promover una transición energética justa que ayude a crear empleo y proporcione acceso a energías renovables a todas las personas”. 

La región más peligrosa

Otro punto de vital importancia es la violencia que se vive en la zona, la cual está aumentando y continúa siendo una parte intrínseca a las actividades extractivas que allí se desarrollan. En 2021, ocho de los 10 países con más asesinatos de defensores de la tierra y el medioambiente documentados fueron de América Latina y el Caribe. En Brasil, Venezuela y Perú, casi el 80% de los ataques tuvieron lugar en la región amazónica.

Al respecto, Jonas Mura, jefe del pueblo Mura en el estado brasileño de Amazonas y coordinador de la Asociación del Pueblo Mura (APIAM), detalla: “En nuestra región, la extracción de gas está aumentando el riesgo de invasiones de nuestro territorio y provocando frecuente explosiones que asustan a los animales y trastornan la vida de quienes viven en las aldeas. Las empresas y el gobierno nunca han sido transparentes sobre los daños a la salud en caso de fugas de los productos utilizados en el proceso industrial, ni nos han consultado sobre los impactos en nuestro modo de vida”.

“Defendemos una política de transición energética justa que no refuerce el racismo ambiental que sufren los pueblos indígenas, las comunidades extractivas, ribereñas y tradicionales como consecuencia de la crisis climática”, señala, por su parte, Toya Manchineri, coordinadora General de la Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB). “Como somos los guardianes de nuestros bosques y protegemos estos territorios con nuestras propias vidas, es inevitable que estemos en contra de cualquier forma ‘explotadora’ que beneficie a unos pocos en detrimento de la miseria de muchos. No habrá justicia climática con la continuación de prácticas que impulsan el aumento de la temperatura del planeta. Los pueblos indígenas más diversos estamos en contra del discurso del desarrollo limpio que sigue generando violencia contra la madre tierra y sus protectores”, cierra.