Proyecto de ley sobre menstruación y justicia está listo para ir a plenario
Aunque el país tenga uno de los porcentajes tributarios más bajos en la región para productos menstruales, lo cierto es que Costa Rica busca facilitar su acceso al incluirlos en la canasta básica, así quedó plasmado en el proyecto de ley N.° 22.421 que ya está listo para ser discutido en plenario.
El pasado 2 de octubre, tras valorar una serie de mociones, las diputadas de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa actualizaron el texto, el cual pretende combatir la pobreza menstrual desde diferentes frentes.
La pobreza menstrual se refiere a la falta de acceso a insumos para gestionar la menstruación, ya sean productos de higiene, ropa interior o medicamentos, pero este acceso también es a agua potable e infraestructura de saneamiento así como a educación e información.
“Necesitamos generar políticas públicas, marcos legales a nivel nacional e internacional, que protejan la dignidad menstrual de las personas para que puedan continuar en el sistema educativo, trabajar y participar de la sociedad”, comentó Marysela Zamora, directora de Nosotras Women Connecting, organización que aboga por la justicia menstrual.
Impuestos sexistas
Uno de los impulsores de la pobreza menstrual yace en los impuestos que se le aplican a los productos, lo cual limita su acceso, empujando a las personas a buscar otro tipo de soluciones —como materiales que no son apropiados o prolongando el uso del insumo por más tiempo del recomendado— lo que puede poner en riesgo la salud.
En muchos países, las toallas y tampones son considerados artículos de lujo y, por tanto, no están exentos de impuestos, ni incluidos en la canasta básica. Estos impuestos, aparte de acrecentar la desigualdad económica de las mujeres y ser regresivos por generar una carga mucho mayor para las consumidoras con menos recursos, se consideran sexistas porque no consideran que una condición biológica, como es el menstruar, requiere el uso de ciertos productos, por lo que limitar su adquisición —debido a una cuestión de precio— podría considerarse una práctica discriminatoria.
“Es fundamental identificar la existencia de impuestos sexistas, como lo es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las toallas higiénicas y tampones o a las copas menstruales, elementos de estricta necesidad para las mujeres dado nuestro proceso biológico”, escribieron Aris Balbuena, Catalina Rubilar y Natalia Moreno Salamanca en el informe “Impuestos sexistas en América Latina”, publicado por la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung.
En su artículo, las autoras continúan: “la teoría económica sostiene que los artículos de primera necesidad han de estar exentos de impuestos al consumo tales como el IVA. De estar gravados, deben tener una tarifa preferencial para no afectar el consumo de los bienes y servicios de supervivencia. Sin embargo, en la mayoría de países, la tarifa aplicada a las toallas higiénicas, tampones y copas menstruales es la máxima existente, lo que insinúa erradamente que son mercancías de lujo, dado que solo se gravan con la tarifa máxima los artículos suntuarios”.
Un estudio sobre el IVA en productos de higiene menstrual en América Latina y el Caribe, realizado en 2021, mostró que 22 de los 31 países analizados tenían políticas fiscales discriminatorias, las cuales profundizaron las desigualdades de género. “La tributación del IVA en esos países es discriminatoria en sí, porque está basada en diferencias y necesidades biológicas y, por ende, terminan reproduciendo y profundizando las desigualdades económicas entre mujeres y hombres”, señalaron las autoras.
Los restantes nueve países consideraban que los productos menstruales eran de primera necesidad y, por tanto, redujeron o eliminaron completamente el IVA sobre ellos. Estos países eran Colombia (exento), Trinidad y Tobago (exento), Jamaica (exento), Costa Rica (1%), San Cristóbal y Nieves (exento), Puerto Rico (exento), Guyana (exento) y Surinam (exento).
Por su parte, los cinco países con las tasas tributarias más altas para productos de higiene menstrual eran Uruguay (22%), Argentina (21%), Chile (19%), República Dominicana (18%) y Perú (18%).
En cuanto a los productos reutilizables, no todos los esquemas tributarios los incluyen y, aunque a la larga, estos resulten ser menos costosos que los insumos de un solo uso, lo cierto es que los costos iniciales siguen suponiendo un obstáculo para muchas personas.
“Colocar los derechos menstruales como un derecho obliga a los países a pensar cómo se puede garantizar ese derecho, es decir, el Estado tiene el deber de crear las soluciones para que las personas accedan a ese derecho, especialmente quienes están en situaciones de vulnerabilidad extrema”, señaló Zamora.
Un proyecto integral
Una de las mejoras realizadas por las legisladoras al texto original fue ir más allá de la exención del impuesto y otorgarle responsabilidades al Estado para garantizar el derecho a una gestión menstrual libre y digna.
Así se lee en el artículo 1: “La presente ley tiene por objeto el establecimiento de las responsabilidades del Estado respecto a la salud e higiene menstrual, así como el reconocimiento de los derechos en esa materia de todas las mujeres con capacidad de menstruar. Paralelamente, busca promover y garantizar las acciones del Estado costarricense en materia de salud e higiene menstrual orientadas a facilitar el acceso a los productos de gestión menstrual”.
“Varios países están con estas iniciativas de ley orientadas a la justicia menstrual, precisamente para bajar los precios a los insumos y así hacerlos un poco más accesibles. Pero, en el caso de Costa Rica, lo que me llamó la atención es que las últimas mociones buscan precisamente darle un enfoque más integral. Se va más allá de quitarle o no el IVA a las toallas sanitarias y se hace un llamado a la institucionalidad”, comentó Carolina Barboza, asistente técnica en temas de derechos a la salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
De hecho, el artículo 3 del texto enumera las obligaciones del Estado, entre ellas, fomentar la salud, higiene y gestión menstrual de manera que se asegure el bienestar de las personas con capacidad para menstruar.
También se estipula facilitar el acceso a productos de higiene menstrual que sean sustentables y accesibles, así como garantizar que todos aquellos productos de gestión menstrual en el mercado sean sometidos a un estricto control de calidad, de manera que estos no sean nocivos para la salud.
Otra de las obligaciones es fomentar la implementación de programas de educación sobre la menstruación, los productos de higiene menstrual y sus vínculos con la salud. Estos programas, dirigidos a toda la población, deben partir de información basada en evidencia científica. En este sentido, también se pide facilitar la capacitación de los profesionales de la educación sobre los distintos elementos de la salud y gestión menstrual.
También se llama a generar política pública orientada a la erradicación de la desinformación, así como aquellas connotaciones sociales y culturales de la menstruación que resultan perjudiciales. Asimismo, se pide promover el uso de productos de higiene menstrual que sean compatibles con las políticas de sostenibilidad ambiental del país.
“El texto, como está ahorita, está mucho mejor que el texto original. Es una ley seria, que incluye el derecho a menstruar de manera digna, y especifica deberes para el Estado que, posteriormente, se convertirán en reglamentos institucionales”, comentó Zamora.
Con respecto al tema tributario, el proyecto de ley pide incluir los productos de higiene menstrual en la canasta básica “con base en la lista taxativa emitida por el Ministerio de Salud, la cual deberá ser actualizada cada vez que se levante la lista de canasta básica”.
Incluso, en el apartado de definiciones, el proyecto de ley entiende por productos de higiene menstrual a las toallas sanitarias desechables y reutilizables así como tampones y copas menstruales en sus distintas presentaciones, esponjas menstruales o vaginales, calzones y pañales menstruales, así como protectores desechables y reutilizables.
“Antes de que empezara a discutirse el proyecto de ley, esta administración había tomado la decisión de incluir las toallas femeninas, en todas sus modalidades, en la canasta básica porque tenemos claro que no son artículos de lujo, sino de primera necesidad. El proyecto de ley lo vemos con buenos ojos, porque no es lo mismo la voluntad de una administración a una ley de la república”, declaró Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer.
En el texto también se incluyen obligaciones para el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en cuanto a la recopilación y divulgación de datos sobre “empleo y desempleo, presupuestos familiares, acceso a servicios básicos, pobreza, acceso a la salud, incluyendo la higiene y pobreza menstrual, ingresos de los hogares, bienestar de la población, etnia, discapacidad, cultura, entre otras”.
“Esto es clave porque actualmente no tenemos datos. La inclusión del INEC es uno de los aspectos más importantes que tiene este proyecto de ley, porque lo llama a incluir en sus métricas la pobreza menstrual, es decir, vamos a tener datos para direccionar la política pública y así basar nuestras decisiones como país”, manifestó Zamora.
Quesada coincidió: “un elemento que para nosotros es fundamental es que en la encuesta de hogares se hagan preguntas sobre salud e higiene menstrual, porque las toallas femeninas no son algo que usted compra los días 15 o 30, usted las compra cuando tiene el período y generalmente se compran al detalle. Solo preguntarlo puede hacer la diferencia para el 50% de la población”.
Innovación
Al especificarse el acceso a productos menstruales sustentables, como se indica en el artículo 4, el texto indirectamente invita a la innovación para así mejorar la oferta de insumos con opciones que cumplan estándares de sostenibilidad.
Actualmente, muchos menstruales utilizan plástico, material que proviene de derivados de petróleo y cuya degradación demora cientos de años. Aunque algunos se comercialicen como compostables o reciclables, realmente no lo son porque, al estar en contacto con fluidos corporales, requieren un tratamiento diferente y actualmente no existen empresas en el país haciéndose cargo de ello.
Por otra parte, el algodón que utilizan los tampones y las toallas requiere grandes cantidades de agua (fabricar una caja de 10 tampones demanda unos 1.500 litros) así como cantidades importantes de fertilizantes nitrogenados que liberan óxido nitroso a la atmósfera, un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global.
Asimismo, el cambio climático también podría afectar la producción de materias primas, principalmente el algodón. Según un estudio, encargado por la iniciativa Cotton 2040, la mitad de las regiones productoras de algodón están en alto riesgo debido al incremento de la temperatura, los cambios en los regímenes de lluvia y la exposición a eventos meteorológicos extremos.
Ante este panorama, la investigación orientada a hallar materiales alternativos para confeccionar productos menstruales, así como la innovación en pro de una oferta más sostenible se vuelven temas cada vez más relevantes.
Ahora bien, tampoco se trata de relegar las opciones desechables, ya que muchas veces esta es la única opción viable. “El estigma, la insuficiencia de servicios de agua, saneamiento e higiene, la falta de privacidad y la inaccesibilidad a los productos menstruales reutilizables y seguros, que son características de la inequidad y la injusticia menstruales, hacen que la elección entre reutilizable y desechable sea inexistente para la mayoría de los grupos y comunidades vulnerables. Por lo tanto, los movimientos a favor de una gestión sostenible de la menstruación y la acción por el clima deben centrarse en el acceso equitativo a la gestión de la menstruación”, se lee en un artículo publicado en The Lancet.
En este sentido, a la par de las opciones reutilizables, se debe trabajar para que las desechables sean cada vez más sostenibles y, sobre todo, el país debe abocarse a resolver temas estructurales asociados a una gestión adecuada de la menstruación.
“Entonces, el llamado es a la innovación, a crear emprendimientos y colocar fondos de inversión para así contar con opciones más accesibles y ambientalmente más responsables”, comentó Zamora. “Considero que debe haber una estrategia país para fomentar la innovación y el emprendimiento alrededor de la menstruación, porque eso es lo que nos va a llevar a esas respuestas”, agregó.
Y esto viene con co-beneficio: la creación de empleos y la dinamización de la economía. Natasha Carvajal estudió costura, especializándose en la confección de ropa industrial. Desde hace tres años, emprendió un negocio de toallas de tela. Mujer Ecológica nació de la inquietud por contar con una alternativa más amigable con el ambiente y la salud. “Las personas buscan productos que no les cause alergia o irritación. Y en este sentido, les han gustado mucho estas toallas”, dijo.
En su caso, este emprendimiento representa una fuente de ingresos extra y lamentablemente no es la principal porque la disponibilidad de telas orgánicas no siempre es la misma. “A veces hay que esperar que las telas lleguen al país y eso es lo que impide que la venta sea constante”, señaló.
Para Carvajal, un punto a destacar es el sentido de comunidad que caracteriza a los emprendimientos de gestión menstrual, el cual ha favorecido los encadenamientos. De esta manera, un emprendimiento de telas ecológicas —liderado por otra mujer— es el que le provee de materia prima, mientras que las etiquetas y empaques también se le compran a otra emprendedora. Asimismo, Mujer Ecológica forma parte de una red de mujeres que ayuda a emprendedoras, artesanas y agricultoras a distribuir sus productos.
Un contexto favorable a la innovación y emprendedurismo favorece y fortalece estos encadenamientos, generando con ello fuentes de trabajo. Y esto es particularmente relevante para la población femenina: según datos de la Encuesta Continua de Empleo, realizada por INEC para el periodo de octubre, noviembre y diciembre de 2022, la tasa de desempleo en hombres se ubicó en 8,7% mientras que en mujeres en 16%. En otras palabras, el desempleo en mujeres casi duplica al de hombres.
Este artículo fue elaborado con apoyo de LatinClima, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Centro Científico Tropical (CCT) por medio de la iniciativa Historias que cuentan cambios.
