Tratado de altamar alcanza las 60 ratificaciones necesarias para entrar en vigor

El tratado de altamar acordado por 143 países, en junio de 2023, para proteger vastas extensiones de los océanos fuera de las jurisdicciones nacionales, entrará en vigor en enero de 2026.

Se necesitaba que al menos 60 países ratificaran sus términos para convertirse en ley internacional, umbral conseguido después de las adhesiones de Marruecos y Sierra Leona. 

El texto que, entrará en vigor en 120 días, tiene por objeto proteger de la sobrepesca y la contaminación las aguas internacionales, que constituyen alrededor del 60% de los océanos, factor clave para la lucha contra el cambio climático, ya que son responsables del suministro de la mitad del oxígeno que consume el planeta y capturan un tercio de las emisiones de carbono de la atmósfera.

Una vez que el tratado entre en vigor, un órgano internacional tendrá que trabajar con un amplio abanico de organismos regionales y mundiales, como la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el foro en el que las naciones debaten las normas que rijan la industria minera en aguas profundas. 

Aún no se han otorgado licencias para la minería comercial en aguas de alta mar, pero algunos países han iniciado o se preparan para iniciar la exploración en aguas dentro de sus propias zonas económicas exclusivas.

El tratado también establece principios para compartir los beneficios de los denominados recursos genéticos marinos. Países sin recursos para enviar expediciones de investigación esperan no quedarse al margen de lo que se considera será un mercado gigantesco debido a su valor para las empresas farmacéuticas y cosméticas.

Ratificación global

Lisa Speer, que supervisa el Programa Internacional de Océanos del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, con sede en Estados Unidos, afirmó que las primeras áreas protegidas no se establecerán antes de finales de 2028 o 2029.

Por ello, los conservacionistas presionan a los países, que no lo han ratificado, a que lo hagan. "Es muy importante que avancemos hacia la ratificación global o universal del tratado para que sea lo más eficaz posible", afirmó Rebecca Hubbard, dirigente de la High Seas Alliance, dirigiéndose sobre todo a los pequeños Estados insulares, a los países en vías de desarrollo e incluso a aquellos que carecen de costas. 

Estos esfuerzos pueden encontrar resistencia por parte de potencias marítimas e industriales en expansión, como Rusia y Estados Unidos. Moscú, que no ha firmado ni ratificado el tratado, considera inaceptables algunos de sus términos; mientras que Washington firmó el tratado bajo el mandato del expresidente Joe Biden, pero es poco probable que Donald Trump lo ratifique. 

Principales puntos del tratado

El tratado de protección de la altamar proporcionará un marco legal para la conservación y la gestión sostenible de la biodiversidad marina en las vastas zonas oceánicas que no pertenecen a ningún país. 

El objetivo principal es la conservación "inmediata y a largo plazo" y la explotación sostenible de la biodiversidad marina en aguas internacionales, es decir, la parte de los océanos situada más allá de las zonas económicas exclusivas que se extienden a 200 millas náuticas (370 km) de la costa. Esto incluye a los fondos marinos y al subsuelo de las aguas internacionales, lo que se conoce como la "Zona".

De hecho, la futura Conferencia de las Partes (COP, el órgano decisorio) tendrá que tratar con otras organizaciones mundiales y regionales que actualmente tienen autoridad sobre partes del océano para hacer cumplir sus decisiones. 

En particular, las organizaciones regionales de pesca y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (IAMF, por sus siglas en inglés), que actualmente expide contratos de exploración minera y está negociando un "código minero". 

La cuestión de la jurisdicción de la futura COP sobre los fondos marinos se complica aún más con la reciente decisión unilateral de Donald Trump de acelerar la concesión de permisos de explotación minera submarina en aguas internacionales. Estados Unidos no es miembro de la IAMF. 

La herramienta emblemática del tratado son las zonas marinas protegidas, que actualmente existen principalmente en aguas territoriales.  Con base en la ciencia, la COP --a propuesta de uno o varios Estados-- podrá crear estos santuarios en zonas únicas, especialmente frágiles o importantes para las especies amenazadas. Como en otras COP, en particular las relativas al cambio climático, las decisiones se tomarán por consenso. No obstante, en caso de bloqueo, podrán aprobarse por mayoría de tres cuartos.

Eso sí, el tratado no detalla cómo garantizar la aplicación práctica de las medidas de protección en estas vastas y remotas extensiones de tierra, tarea que corresponderá a la COP.  En cualquier caso, cada Estado es responsable de las actividades sobre las que tiene jurisdicción, incluso en alta mar; por ejemplo, las de un barco que navegue con bandera de su país.

En cuanto a los recursos genéticos marinos, cada Estado, marítimo o no, y cualquier entidad bajo su jurisdicción, podrá recolectar plantas, animales o microbios en alta mar, cuyo material genético podrá luego ser utilizado, incluso comercialmente por empresas farmacéuticas que esperan descubrir moléculas milagrosas. 

Para garantizar que los países en desarrollo no se vean privados de su parte de un pastel que no pertenece a nadie, el tratado establece el principio de "reparto justo y equitativo de los beneficios" asociados a los recursos genéticos marinos.  El texto prevé el reparto de los recursos científicos (muestras, datos genéticos en una "plataforma de acceso abierto", transferencias de tecnología, etc.), así como de los posibles ingresos.

Antes de autorizar una actividad en aguas internacionales realizada bajo el control de un determinado país, este tendrá que estudiar sus posibles consecuencias sobre el medio marino en el caso de que el impacto previsto sea "más que menor y transitorio", y publicar a continuación una evaluación de impacto periódica. Será el Estado interesado el que decida si autoriza una actividad, para pesar de las ONG que esperaban que la COP tuviera el control de esta decisión. 

Además de excluir las actividades militares, el tratado no enumera las actividades afectadas, que podrían incluir la pesca, el transporte, la minería submarina o incluso las técnicas de geoingeniería marina para mitigar el calentamiento global.