Países acuerdan proteger la altamar

El pasado sábado 4 de marzo de 2023, los países miembros de Naciones Unidas acordaron el primer tratado internacional que protegerá la altamar, es decir, el territorio marítimo que está más allá de las jurisdicciones nacionales.

“El barco ha llegado a la costa”, dijo Rena Lee, presidenta de la conferencia, durante el plenario de clausura, el cual puso fin a dos intensas semanas en Nueva York, ciudad que sirvió de escenario para la discusión.

Aunque el texto negociado aún no ha sido adoptado, este no puede sufrir alteraciones significativas. “No habrá reapertura, ni negociaciones sustanciales”, declaró Lee.

Con este acuerdo, alcanzado por consenso, se cierra un ciclo de negociación de más de 15 años. “No lo calificaría de ambicioso, pero pienso que será suficientemente fuerte para ser significativo, para poder establecer algo en lo que se pueden apoyar los Estados”, dijo Glen Wright, investigador del Instituto de Desarrollo Sostenible y de Relaciones Internacionales (IDDRI), a AFP.

“Yo diría que brinda herramientas para hacer cambios importantes”, manifestó Mariamalia Rodríguez, abogada costarricense y consultora de High Seas Alliance, ante consulta de Ojo al Clima.

¿Por qué se necesitaba un tratado de altamar?

La altamar comienza precisamente donde terminan las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de los países, eso es después de las 200 millas náuticas de la costa. A este territorio comúnmente se le conoce como aguas internacionales, porque no está bajo jurisdicción de ningún Estado.

Representa más del 60% de las aguas oceánicas y casi la mitad del planeta. Su protección es esencial para la humanidad, ya que los océanos proveen la mitad del oxígeno que se respira y ayuda a regular la temperatura global gracias a que absorbe más del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y captura más del 90% del exceso de calor causado precisamente por esas emisiones.

Este nuevo tratado de altamar se enmarca dentro de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), la cual ya cuenta con otros dos instrumentos: uno enfocado en minería de fondos marinos y otro sobre poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios.

Si bien ya existía legislación y mecanismos institucionales que podían aplicarse a aguas no jurisdiccionales, lo cierto es que son marcos normativos y organizaciones sectoriales. Por ejemplo, la Organización Marítima Internacional (OMI) se enfoca en navegación, mientras que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos se centra en minería y la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) lo hace con respecto a recursos pesqueros.

“Cada organización tiene un foco y realmente nadie coordina de la mejor manera a favor de la biodiversidad. Tampoco había una consideración de impactos acumulativos”, señaló Rodríguez, quien agregó: “una visión más integral es el punto fuerte que tiene este tratado. Dentro de los diferentes elementos, se propician mecanismos de consulta donde entran todas las organizaciones sectoriales a informar en favor de la transparencia y también se llama a realizar una estrecha coordinación entre el tratado y el resto de normas”.

Ahora bien, este nuevo tratado no tiene mayor jerarquía que los otros instrumentos (eso no es posible para los convenios internacionales). “Altamar viene a insertarse en la arquitectura de gobernanza que ya existe, como un actor más”, explicó la consultora.

 ¿Qué contempla este tratado?

La “columna vertebral” del tratado está compuesta por cuatro grandes temas. El primero de ellos se refiere a las herramientas de gestión espacial marina, entre ellas, las áreas marinas protegidas. En otras palabras, y a partir de su entrada en vigor, ya se podrían declarar áreas marinas protegidas en aguas internacionales y, con ello, beneficiar al clima, la biodiversidad y la pesca.

Las propuestas de áreas marinas protegidas, que pueden venir de uno o varios países, deben incluir un plan de manejo. “Es decir, en el tratado quedó inserto lenguaje práctico y operativo para evitar las áreas marinas de papel”, destacó Rodríguez.

Al ser la altamar territorio de todos, los países en su conjunto son los encargados de velar por su protección y manejo. Y si bien se prevé que se apoyen en la tecnología para realizar el control y vigilancia (mediante monitoreo satelital, por ejemplo), el tratado buscó favorecer la colaboración entre las partes para que todas cumplan con las obligaciones. “Es más un tema de incentivos”, resumió la consultora de High Seas Alliance.

Otro elemento novedoso, y enmarcado en esta visión de conjunto, es que los Estados deberán velar por las embarcaciones que porten su bandera y también por las personas jurídicas (empresas y corporaciones) bajo su tutela.

Entonces, por ejemplo, si se hallara una embarcación cometiendo un ilícito en una de estas áreas marinas protegidas de altamar, se le juzgará según la legislación del país al que corresponde el Estado Pabellón. “Si es un barco tico, por poner un ejemplo, entonces ese barco responde a la legislación costarricense”, explicó Rodríguez.

Con la posibilidad de creación de áreas marinas protegidas, los países vislumbran a este tratado como una herramienta que les ayudará a cumplir con la meta de conservar el 30% de los océanos al 2030, un punto en que coinciden las convenciones de cambio climático y biodiversidad.

El segundo gran tema del nuevo tratado tiene que ver con la inclusión de evaluaciones de impacto ambiental. Como el acuerdo también se enfoca en la utilización sostenible de la biodiversidad marina, el texto introduce la obligación de realizar estudios para medir el probable impacto de las actividades previstas, esto antes de ser autorizadas.

“Teniendo procesos de evaluación de impacto ambiental robustos, se asegura que, el resto de las áreas fuera de áreas marinas protegidas, se van a tratar con cuidado”, comentó Rodríguez.

El tratado obliga a los países a hacer pública toda la información relativa a estos estudios. Esto permitiría que todas las partes sean vigilantes de la calidad de esas evaluaciones. “Eventualmente, si hay un Estado que no esté de acuerdo con determinada evaluación, entonces puede solicitarle al comité científico técnico que revise y brinde recomendaciones”, explicó la abogada costarricense.

El tercero de los temas medulares, y el más polémico durante las negociaciones, es el acceso a recursos genéticos marinos y distribución de beneficios. Esto se relaciona a la repartición de posibles beneficios procedentes de la explotación de recursos genéticos en aguas internacionales, donde las industrias farmacéuticas, químicas y cosméticas ya muestran gran interés.

Los países en desarrollo temían quedar al margen de la repartición de los beneficios resultantes de esa prospección debido a la falta de recursos y capacidades para realizar este tipo de investigaciones.

Al final, los países llegaron al siguiente acuerdo: “los beneficios derivados de las actividades relativas a los recursos genéticos marinos y a la información digital sobre secuencias de recursos genéticos marinos de zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional se distribuirán de manera justa y equitativa de conformidad con esta Parte y contribuirán a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”.

“Los beneficios monetarios derivados de la utilización de los recursos genéticos marinos y de la información digital sobre secuencias de los recursos genéticos marinos de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, incluida la comercialización, se distribuirán de manera justa y equitativa, mediante el mecanismo financiero establecido en virtud del artículo 52, para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”, continúa el tratado.

Y el cuarto tema medular se refiere a la creación de capacidades y transferencia de tecnologías para apoyar a los países en el cumplimiento de los tres temas anteriores.

Lo que sigue

Una vez el documento sea revisado y traducido a los seis idiomas oficiales de Naciones Unidas, se iniciará el proceso de adopción o firma por parte de los países. Posteriormente, el tratado se someterá a ratificación en cada uno de los congresos, con el fin de que pase a formar parte de la normativa de cada Estado.

Para la entrada en vigor, aún no se define el número mínimo de ratificaciones. Algunos defensores de los océanos, consultados por AFP, insistieron en la necesidad de que este instrumento sea universal, por lo que se necesitarían entre 30 y 60 ratificaciones.

Y, una vez entre a regir, se deberá acordar su implementación. En este sentido, este tratado contará con su propia conferencia de las partes, secretaria, comité científico técnico y tres comités: uno orientado a la implementación, otro a financiamiento y el tercero se encargará del mecanismo de distribución de beneficios.

Con el fin de facilitar la ratificación del tratado y su aplicación inicial, la Unión Europea ya prometió unos 40 millones de euros.