Iglesia católica alza su voz para que países cumplan sus compromisos 

La crisis climática “no es solo un problema técnico: sino una cuestión existencial, de justicia, dignidad y cuidado por nuestra Casa Común”; así de claras son las palabras que se leen en la declaración conjunta firmada por las Conferencias Católicas del Sur Global, las cuales reúnen a los obispos de Asia, África y América Latina y el Caribe.  

En esta declaración, anunciada en una conferencia en el Vaticano, los obispos católicos exigieron “una aplicación ambiciosa del Acuerdo de París” de cara a la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático o COP30, que tendrá lugar en Belém do Pará (Brasil) en noviembre.

Además, y según expuso monseñor Lizardo Estrada –secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam)–, el texto no sólo recoge la voz de los pastores, sino también de las comunidades, científicos, teólogos y especialistas. “Este es un llamado a actuar ya, con coraje. Como decía San Agustín, la esperanza tiene dos hijas: la indignación ante la injusticia, y el coraje para cambiar. A eso nos llama hoy la Iglesia”, dijo en un video divulgado por el Vaticano.

La declaración de los obispos del Sur Global se da a conocer en un momento clave: este año no sólo se celebra el décimo aniversario de Laudato si, la histórica encíclica del papa Francisco sobre el clima y la ecología, sino que también se cumplen 10 años del Acuerdo de París, tratado internacional que busca limitar el incremento de la temperatura global a 2 °C e idealmente que esta no sobrepase el 1,5 °C. También es el segundo aniversario de Laudate Deum, encíclica en la que Francisco se refirió a la crisis climática como un tema de justicia social. Asimismo, la declaración ocurre a un mes de iniciar el pontificado de León XIV, quien –al asumir el cargo– llamó a “vivir una ecología integral con justicia”.

Para la COP30, los obispos crearán el Observatorio Eclesial sobre Justicia Climática, a través de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, “para monitorear los compromisos de las COP y su cumplimiento en el Sur Global, así como para denunciar los compromisos incumplidos”.

Demandas a los países

Con esta declaración, la Iglesia católica del Sur Global enfatiza su compromiso con la acción climática. Por ello, los obispos piden a los países cumplir con el Acuerdo de París e implementar las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), las cuales sintetizan los compromisos de las naciones en cuanto a la reducción de emisiones y a la adaptación, esta última precisamente busca proteger a las personas vulnerables ante los peores embates del cambio climático, ayudándoles a incrementar su resiliencia.

Este año, justo para la COP30, los países deben mejorar sus objetivos climáticos para 2030 y presentar objetivos ambiciosos para 2035. Sin embargo, hasta la fecha, solo 21 de 196 países han presentado sus NDC con miras a 2035 (cinco de América Latina y el Caribe). No es solo que las naciones estén retrasadas en la entrega de sus NDC, sino que existen algunas que están incluso contemplando la posibilidad de dar marcha atrás en sus compromisos con el clima.

“Si no se aumentan sustancialmente los objetivos para 2030, es probable que se produzca un rebasamiento multidecenal del límite de 1,5°C, incluso si se fijan objetivos estrictos para 2035, que a su vez deben ser compatibles con el 1,5°C”, afirmó Bill Hare, director general de Climate Analytics, en un comunicado.

Es por ello que los obispos claman por “poner el bien común por encima del lucro” e “impulsar políticas climáticas y de la naturaleza ancladas en los derechos humanos”.

En este sentido, los líderes católicos abogan por una transición energética justa que incluya la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, “poniendo fin a todas las nuevas infraestructuras y cobrando los impuestos adecuados a quienes se han beneficiado de ellas”.

Durante el pontificado de Francisco, el Vaticano decidió desinvertir $500 millones en las compañías de combustibles fósiles y se sumó a la solicitud del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles para dejar de financiar proyectos de carbón, gas y petróleo.

Asimismo, las conferencias episcopales se refirieron al tema de financiamiento: “las naciones ricas deben pagar su deuda ecológica con una financiación climática justa, sin endeudar aún más al Sur Global, y para recuperar las pérdidas y los daños sufridos por África, Asia, América Latina y el Caribe, y Oceanía”.

En este sentido, los obispos exigen que la financiación climática sea transparente, accesible y entregada directa y efectivamente a las comunidades más vulnerables, “asegurando que los bancos de desarrollo y las instituciones financieras no inviertan en combustibles fósiles y proyectos extractivos, que no se basen en la mercantilización de la naturaleza, ni aumenten la deuda de los países del Sur Global”.

No más deuda

La deuda mundial es 25% superior a la de 2019, cuando ya se encontraba en niveles históricos. La carga más pesada la llevan los países en desarrollo, los cuales están recortando gastos en salud, educación y resiliencia climática con tal de pagar los intereses. 

De hecho, un total de 54 países en desarrollo destinaron el 10% o más de sus ingresos fiscales del 2023 a únicamente pagar intereses. En estos países, la carga media por intereses prácticamente se ha duplicado en la última década.

Otro dato que permite dimensionar el problema de la deuda: en 2023, los países en desarrollo pagaron $847.000 millones en intereses. Ese mismo año, la carga total de deuda en estos países fue el 30% de la deuda pública mundial cuando ese porcentaje fue del 16% en 2010.

Al mismo tiempo, la ayuda exterior disminuye y la ayuda oficial al desarrollo de los países donantes caerá un 7,1% en 2024 (en términos reales) en comparación con 2023. Es más, la financiación anual necesaria para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los países del Sur Global aumentó un 36% entre 2015 y 2022, en parte debido a las crecientes presiones del cambio climático; sin embargo, los recursos disponibles solo crecieron un 22% en ese mismo período.

Estos datos se desprenden de un informe escrito por una comisión de 30 economistas respaldada por el Vaticano y dirigida por el premio nobel de economía Joseph Stiglitz, así como por el exministro de Economía de Argentina Martín Guzmán. El informe fue solicitado originalmente por el papa Francisco como una iniciativa para el Año del Jubileo 2025 y sus resultados se presentaron en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo celebrada recientemente en Sevilla (España).

Vale recordar que, durante el Jubileo del 2000, se cancelaron más de $100.000 millones en deuda internacional; sin embargo, la ausencia de reformas estructurales, unida a acontecimientos recientes, ha generado vulnerabilidades sistémicas que amenazan con revertir los avances conseguidos.

Al asumir el cargo en 2013, el papa Francisco hizo de la deuda un tema central de su pontificado, al reconocer que el sistema financiero internacional no está preparado para afrontar los actuales desafíos globales y necesita una reforma urgente. De hecho, en junio de 2024, el pontífice pidió la creación de un mecanismo internacional para la reestructuración de la deuda soberana y motivó a los líderes financieros a “seguir un código de conducta internacional con normas éticas que sirvan de guía para el diálogo entre las partes”.

Ahora el tema es retomado por el papa León XIV con un enfoque de justicia social y no es para menos: 3.300 millones de personas viven en países que gastan más en el pago de la deuda que en salud y 2.100 millones de personas son residentes de países que destinan más recursos a pagar intereses que a la educación.

Aparte de enfatizar que “las finanzas globales deben estar al servicio de las personas y del planeta”, el informe brinda recomendaciones, por ejemplo, llama a mejorar la reestructuración de deuda, lo que incluye “reformar las políticas de las instituciones multilaterales y la legislación en jurisdicciones clave (como el estado de Nueva York en Estados Unidos y el Reino Unido) para incentivar a acreedores y gobiernos deudores a alcanzar acuerdos más sostenibles y en plazos más adecuados”.

El informe también pide “poner fin a los rescates de acreedores privados”. Los autores señalan que instituciones multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, deben modificar sus políticas y prácticas para favorecer recuperaciones sostenibles y “no rescatar de facto a acreedores privados ni imponer políticas de austeridad asfixiantes”.

Por otro lado, se sugiere reforzar las políticas internas de los países en desarrollo para que utilicen “más activamente los controles sobre el movimiento de capitales para reducir flujos desestabilizadores y crear un entorno propicio para inversiones a largo plazo, además de invertir en transformación estructural”.

Todo esto debe darse en un marco de transparencia. En este sentido, debe promoverse “una mayor transparencia en las políticas financieras, asegurando además un amplio respaldo social”.

Por último, el informe pide “reimaginar las finanzas globales” e indica que “es necesaria una transformación integral de los modelos de financiación internacionales para impulsar el desarrollo sostenible, incluyendo líneas de financiación que promuevan el crecimiento a largo plazo”.