Negociaciones internacionales

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Piza: “Haremos todo lo que sea razonable (para traer la cumbre del clima a Costa Rica)”

Negociaciones climáticas arrancan en Polonia con presión por mayor urgencia

Costa Rica se lanza en la carrera por organizar la Cumbre de Cambio Climático de la ONU

Chaco boliviano: mujeres guaraníes combaten la sequía con huertos comunales

Carbono en llamas: cómo los incendios forestales están destruyendo los mayores sumideros de carbono en Sudamérica

Más calor, menos aves en los trópicos: el impacto del cambio climático en la avifauna

Temperaturas superficiales en Alajuela llegan a los 50 °C

Microalgas ayudan a regenerar el suelo para que capture más carbono

Sin tratado sobre plásticos: países no lograron consenso y proponen seguir negociando

Boletin

COP23: Comunidad internacional aprueba evaluar sus emisiones de CO2 en 2018

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Arrancan en Alemania las negociaciones de cambio climático de la ONU

Macron advierte que mantendrá equilibrios de Acuerdo de París sobre clima

Las defensoras de la vida que se extingue en el lago Titicaca

Mujeres indígenas luchan por sanar el lago para así rescatar su biodiversidad

La sequía del 2015 trastornó a Guanacaste. Una experta en agua explica cómo comprenderla

Contando atropellos para salvar a los felinos silvestres de Costa Rica

<h4>Sobre el Acuerdo de Escazú</h4>
Acuerdo de Escazú es el nombre corto del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Fue adoptado el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2022.
A la fecha, este tratado ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y pero sólo ha sido ratificado por 15, que son los actuales Estados Partes. Estos últimos son: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental cuyo foco es fomentar la participación pública ciudadana en decisiones ambientales, asegurar el acceso a la información y la justicia, y proteger a los defensores de derechos humanos.
El tratado busca fijar una base sobre la cual cada país pueda construir normativa para garantizar —desde la óptica del acceso a la información, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos— el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Es el único acuerdo vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20).
También es el primer acuerdo regional de carácter ambiental de América Latina y el Caribe.
Y es el primero en el mundo en contener disposiciones para proteger a los defensores y defensoras ambientales.