Acuerdo de Escazú prepara el terreno en pos de su implementación
América Latina es la región más peligrosa del mundo para los defensores de la tierra y el ambiente. No es retórica, lo dicen los números. Las tres cuartas partes de los 200 asesinatos registrados en 2021 (cuatro por semana) fueron aquí. Esta es la base sobre la cual se construye el Acuerdo de Escazú, la razón por la que es tan importante para nuestros países.
Entró en vigor hace un año, el 22 de abril de 2022, y no sólo es el primero en su tipo, sino también el primer tratado ambiental cuyo foco es fomentar la participación pública ciudadana en decisiones ambientales, asegurar el acceso a la información y la justicia, y proteger a los defensores de derechos humanos.
Este espacio propio de la defensa de los defensores tuvo su segunda reunión (llamada Conferencia de las Partes o COP2) en Buenos Aires, Argentina, del 19 al 21 de abril de 2023 (la primera fue en Chile, un año atrás). Un encuentro corto con el propósito de finalizar cuestiones operativas y elegir a los miembros del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, encargados de supervisar que efectivamente se cumpla e implemente.
La buena noticia: el objetivo se logró. La cumbre cerró con los siete primeros integrantes de este Comité elegidos, con representantes de Chile (Eduardo Acuña), Uruguay (Mariana Blengio Valdés), Granada (Rita Joseph-Olivetti), Costa Rica (Patricia Madrigal Cordero), Argentina (Andrés Napoli), Jamaica (Carole Stephens) y Panamá (Félix Wing Solís).
“Escazú es una esperanza importante que se abre en la región, no solo desde lo ambiental, sino también para fortalecer la democracia”, enfatizó Nápoli, uno de los miembros del Comité y director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina. “El desafío ahora va a ser lograr una plena implementación del acuerdo lo más pronto posible”.
A la cita en Argentina se sumaron delegaciones de 15 Estados Parte, ocho delegaciones de países observadores, 357 representantes del público, 110 delegados de gobierno, 74 representantes de Naciones Unidas y organizaciones internacionales.
Lo claro
En este sentido, los observadores consideran que la conferencia tuvo “resultados positivos”, ya que -además de crearse el Comité- se establecieron los pasos a seguir para la creación de un plan de acción (el grupo de trabajo será coordinado por Ecuador, Chile y Saint Kitts y Nevis) que establezca los estándares para la defensa de los defensores.
Un elemento crucial es no sólo avanzar en la implementación efectiva del acuerdo, sino también seguir sumando países y fortalecerlo a nivel regional, ya que, de las 33 naciones de América Latina y el Caribe, 24 lo han firmado y sólo 15 lo han ratificado. A saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
“Es importante tener en cuenta que no es suficiente que los Estados sean parte y hayan ratificado el Acuerdo, sino que también deben avanzar en su implementación en sus respectivos territorios”, apuntó Leandro Gómez, coordinador del programa inversiones y derechos del área de Política Ambiental de FARN.
En el caso de Costa Rica, si bien este país firmó el tratado, aún la Asamblea Legislativa no lo ratifica. El Poder Ejecutivo, que tendría la potestad de convocarlo en sesiones extraordinarias, tampoco a mostrado interés en su ratificación.
Por otra parte, en esta COP2 se puso el marcha el Fondo de Contribuciones Voluntarias con el aporte de México (contribuyó con $150.000) y el compromiso de financiamiento por parte de Chile.
Lo oscuro
En un espacio donde se pone sobre el tapete la importancia de la participación ciudadana y el resguardo de los derechos de quienes están en la primera línea de defensa de los territorios, la voz de los defensores no tuvo el espacio que se esperaba. En una de las últimas sesiones, que se dio el último día por la mañana, el micrófono pasó de los negociadores gubernamentales al público y el descontento hizo eco en la sala.
“No me siento seguro”, fue uno de los reclamos que más se escucharon. “Los defensores están a la vanguardia del riesgo y el daño, pero ¿dónde están en los procesos de toma de decisiones?”
Muchas personas no pudieron acceder y participar en este espacio. No sólo en esta COP2, en particular, sino también en los procesos que se dieron hasta llegar a ella. En este sentido, la poca visibilización de los pueblos indígenas es una de las preocupaciones sobre las que más se alzó la voz. “La comisión tiene que ser intercultural”, reclamaron representantes que viajaron a Buenos Aires. Y que exista la opción de participar presencialmente en los espacios de diálogo, ya que en las comunidades y zonas rurales no hay Internet. “Hacerlo sólo online es un mecanismo de invisibilización.”
“Escazú es el alma de todos los que somos sacrificados en los territorios”, se dijo a viva voz. “Los Estados son hipócritas. Se habla de los defensores, pero no les permiten la participación activa, efectiva y vinculante a las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil. Tienen que dejar de tratarnos como objetos y de hablar por nosotros. Es hora de que vayan a los territorios, a embarrarse con nosotros.”
En esta COP2 también se presentó el índice del plan de acción en materia de defensores ambientales, el cual fue cuestionado tanto porque el proceso "no cumplió los plazos establecidos por los países ni las propuestas para su socialización tuvieron en cuenta las necesidades y realidades de la región, en particular en materia de acceso a tecnologías de información".
“Es fundamental que el proceso de consulta sea inclusivo y esté sustentado en las realidades de nuestros países, es decir el limitado acceso a internet y la baja familiarización con sistemas en línea por parte de las comunidades y pueblos indígenas. Consideramos que definir un proceso de consulta presencial que contemple el tiempo y los mecanismos para que todos puedan participar, es fundamental”, ,manifestó Vanesa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad de Colombia, en un comunicado divulgado por la Climate Action Network Latin America (CANLA).
Los defensores ambientales aprovecharon esta COP2 para presentar propuestas concretas en temas como la incorporación y reconocimiento de protocolos de autoprotección y sistemas de alertas tempranas, hasta la ampliación de la idea de defensores a sujetos colectivos, reconociendo que son los pueblos los que dada su interrelación con la naturaleza la han protegido por milenios.
Lo que viene
¿Qué sigue ahora? La elaboración del plan de acción (que se espera aprobar en 2024); el Segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, que se realizará en Panamá en septiembre próximo; y una tercera COP en Santiago, Chile, del 22 al 24 de abril de 2024; tal como mapea la “Declaración de Buenos Aires” con la que cerró este encuentro.
Y, en el medio de todo ello, velar por la participación efectiva de todos los defensores y las defensores de la tierra y el ambiente cuya vida y seguridad están en juego en una América Latina en que la estigmatización, la cancelación y la violencia (tanto física como digital) sigue aumentando día a día.
