• Presentadas en el arranque de la COP31 en Turquía, las propuestas atacan las principales fuentes de emisiones globales. El reto inmediato será cerrar la brecha financiera forestal y evitar que los avances dependan de vaivenes políticos.

En los primeros compases de la COP31 en Antalya, Turquía, la presidencia saliente de la COP30 desplegó sobre la mesa diplomática dos hojas de ruta internacionales diseñadas para acelerar la implementación climática en esta década. Presentadas inicialmente en Brasilia y entregadas formalmente en los plenarios de Antalya, atacan los dos mayores motores de la crisis: el uso intensivo de combustibles fósiles en los sistemas energéticos (responsables del 75% de las emisiones globales) y la deforestación y degradación forestal (que explican el 11%).

Su publicación cumple el compromiso asumido por el gobierno del recién reelegido presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al cierre de la cumbre de Belém en 2025, cuando el bloqueo de países productores de hidrocarburos —encabezados por Arabia Saudita— impidió incluir una mención explícita sobre la salida de los fósiles en la decisión final, pese al respaldo de más de 80 naciones.

“La era de las declaraciones de buenas intenciones ha terminado: ha llegado el momento de los planes de acción”, escribió Lula antes de aquella cita, advirtiendo que “el mundo necesita una hoja de ruta clara para poner fin a su dependencia de los combustibles fósiles”.

Ambos documentos son contribuciones voluntarias y no prescriptivas: no fueron negociados por consenso ni crean nuevas obligaciones jurídicas vinculantes. Su propósito es aterrizar los mandatos del Primer Balance Global adoptados en la COP28 de Dubái en 2023, trasladando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas tanto entre países como al interior de cada sociedad.

André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, entrega las dos hojas de ruta sobre energía y bosques al Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante un evento en COP31. (Foto: ONU Cambio climático - Kiara Worth)

En Antalya, el traspaso de esta posta presiona a las presidencias turca y australiana para evitar que el proceso se diluya. Sin embargo, el arranque de la cumbre dejó señales mixtas: mientras Turquía centró su apertura en el metano y la electrificación, dejó fuera de la agenda oficial un punto dedicado a triplicar el financiamiento de adaptación y relegó las soluciones basadas en la naturaleza.

“COP31 ha comenzado con algunas señales preocupantes. No hay un camino creíble hacia la resiliencia climática sin invertir en proteger y restaurar la naturaleza, esencial tanto para la mitigación como para la adaptación”, advirtió Richard Lee, jefe de comunicaciones de Wetlands International.

Por su parte, Oliver Wolf, asesor principal de políticas de la Oficina Federal de Medio Ambiente de Suiza, propuso incluir “un párrafo sobre bosques en la decisión final (cover decision) de la COP31 que reitere el compromiso de 2030, dé la bienvenida a los esfuerzos de la Presidencia de la COP30 y solicite un seguimiento dedicado por parte de las presidencias actual y futuras”.

Energía

La base científica de la hoja de ruta energética —un documento de 182 páginas nutrido por 267 contribuciones de 115 Partes— plantea una emergencia inmediata: existe un 75% de probabilidades de superar el umbral de 1,5 °C en el próximo lustro, lo que elevaría el riesgo de cruzar puntos de inflexión irreversibles y provocaría una caída de hasta el 14% en la producción mundial de alimentos para 2050 sin una adaptación eficaz.

Para evitar el rebasamiento térmico, el documento sostiene que la producción de fósiles debe declinar en sincronía con la demanda. Reducir la oferta más rápido que el consumo generaría escasez y volatilidad de precios, mientras que mantenerla por encima de la demanda futura prolongaría la dependencia y dejaría millones en activos varados (stranded assets). Actualmente, el mundo atraviesa una fase de “adición energética” y no de sustitución: las energías limpias cubren el aumento de la demanda global, pero aún no desplazan a los fósiles al ritmo exigido por la ciencia.

En lugar de fijar plazos únicos, la presidencia brasileña propone el Enfoque de Preparación de Belém (Belém Readiness Approach), una herramienta de autoevaluación que cruza la exposición estructural a los fósiles con la capacidad institucional, tecnológica y financiera de cada país. Esto genera 12 arquetipos nacionales distribuidos en tres pilares integrados en el denominado Trípode de Preparación de Belém.

La quema de combustibles fósiles con fines energéticos ha sido el mayor contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero. (Foto: Zbynek Burival / Unsplash).(Créditos: Zbynek Burival / Unsplash)

El primer eje, de demanda energética, evalúa el consumo en transporte, industria y edificios, clasificando a los países en Restringidos en la transición (alta dependencia y baja capacidad eléctrica o digital), Reformadores (alta dependencia pero fuerte electrificación), Vulnerables (bajo consumo por falta de acceso moderno, con opción de dar un salto directo hacia solar y eólica asequible) y Pioneros.

El segundo eje, de oferta energética, analiza el peso de las reservas probadas y las exportaciones de hidrocarburos. Para el petróleo y el gas que sigan operando durante la transición, exige recortar emisiones operativas (alcances 1 y 2) mediante cinco vías: abatimiento de metano, eliminación de la quema rutinaria en antorcha (flaring), electrificación de operaciones upstream, captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) e hidrógeno de bajas emisiones en refinación. Asimismo, incorpora un análisis específico para economías dependientes del carbón.

“Brasil envía un mensaje claro: cada país, sea cual sea su punto de partida, puede ir más allá de los combustibles fósiles y beneficiarse de ello, dando particular atención al carbón y a los retos de transición justa en regiones carboníferas”, destacó Julia Skorupska, jefa de la Secretaría de la Alianza Powering Past Coal (PPCA).

El tercer eje mide la transición económica (dependencia fiscal, empleo y costo del capital). Según el análisis de la Economics of Climate Organisation (ECO) incluido en la guía, dos fallas de mercado frenan el cambio: los precios de los fósiles no reflejan el daño que causan (la tasación del carbono cubría en 2026 cerca del 29% de las emisiones globales a un promedio de apenas 21 dólares por tonelada) y el gasto público en investigación energética en los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) cayó al 0,05% del PIB, la mitad que tras las crisis petroleras de los años setenta.

A esto se suma el factor financiero. En muchos países en desarrollo el costo del capital es entre dos y tres veces mayor que en las economías avanzadas, haciendo que la instalación solar dependa más del costo financiero que de la calidad del sol. Para los productores, la guía recomienda revisar subsidios, crear colchones fiscales y capacitar trabajadores. Sin embargo, para las economías emergentes el reto es doble.

“Como país en desarrollo con importantes recursos energéticos, desafíos de acceso y crecientes ambiciones industriales, debemos industrializarnos y descarbonizarnos simultáneamente”, planteó Omotenioye Majekodunmi, representante del Consejo Nacional sobre el Cambio Climático (NCCC) de Nigeria.

El impacto cotidiano de la transición sobre los consumidores también centró el debate en Antalya. “Todos sabemos que las renovables son la forma más barata de energía, pero muchos votantes no han visto bajar sus precios en los últimos años; de hecho, los han visto subir. Eso tiene que cambiar. Tenemos que reformar nuestros mercados eléctricos”, reclamó Alok Sharma, presidente de la COP26 y exsecretario de Estado de Negocios y Energía del Reino Unido.

Costa Rica ha sabido diversificar su matriz eléctrica gracias a las energías renovables. (Foto: Wikimedia Commons).

Durante el acto de respaldo —con participación del secretario general de la ONU, António Guterres; el exenviado estadounidense John Kerry; y delegaciones de Nigeria, Reino Unido y Alemania—, Guterres sintetizó la lógica del texto: no existe una transición única para todos, pero todos los caminos deben ir en la misma dirección, y la acción nacional no bastará por sí sola porque en un mercado interconectado la oferta y la demanda deben gestionarse conjuntamente.

Por su parte, el secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, señaló que las renovables reducen la exposición a la volatilidad de los fósiles, aludiendo a los choques derivados de la guerra de Irán.

Desde la sociedad civil, Stela Herschmann, responsable de Política Internacional del Observatório do Clima, advirtió que el éxito del Mutirão TAFF —la agenda colectiva en tres fases hacia 2028, 2030 y 2033— dependerá de que los gobiernos publiquen sus diagnósticos: “La Presidencia de la COP30 concluye su mandato devolviendo la pelota a los países. Ya no hay excusas: cada país debe determinar cuál es su lugar en este mapa y empezar a hacer sus deberes ya”.

Bosques

La segunda hoja de ruta —basada en más de 180 aportes registrados en la plataforma de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático— busca rescatar la meta global de detener y revertir la deforestación al 2030.

Según la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2025, la deforestación anual bajó de 17,6 millones de hectáreas en 1990-2000 a 10,9 millones entre 2015 y 2025, aunque los bosques tropicales —el 45% de la superficie forestal— absorbieron el 88% de esa pérdida. Datos del colectivo Forest Declaration Assessment confirman tanto el potencial de las políticas públicas como su fragilidad: en 2025, la pérdida mundial se ralentizó un 15% (poco más de 7 millones de hectáreas), impulsada por una caída del 28% en América Latina y el Caribe.

Brasil lideró ese descenso. Entre agosto de 2025 y julio de 2026, el sistema satelital Prodes del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) registró 3.335 km² deforestados en la Amazonía, una caída interanual del 41,8% (y del 71,2% acumulado en cuatro años) que marca el nivel más bajo desde 1988, mientras que en el Cerrado la tala cayó un 23,8% (5.517 km²), mínimo histórico desde 2001.

“Es una caída absolutamente estratosférica, es como un sueño”, celebró el ministro brasileño de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco, mientras Ane Alencar, del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM), subrayó que esa reducción no sacrificó la producción agrícola ni el desarrollo económico.

No obstante, Erin Matson, experta de Climate Focus y directora de programa de Forest Declaration Assessment, advirtió que “de momento, 2025 es una excepción, no una nueva trayectoria”, señalando que El Niño ya provoca incendios prolongados en Indonesia, la pérdida en la cuenca del Congo escaló a 2,4 millones de hectáreas y los avances latinoamericanos son vulnerables a giros políticos.

En la misma línea, Cristiane Mazzetti, coordinadora de Deforestación Cero de Greenpeace Brasil, recordó que este hito responde a la fiscalización y al fortalecimiento de agencias como Ibama e ICMBio, logros que quedarían en riesgo si volviera al poder un gobierno no ambientalista.

Los bosques proveen una serie de servicios ambientales como materia prima para medicamentos, polarizadores y controladores de plagas, secuestro de carbono y agua limpia, entre otros. (Foto: Nina Cordero)(Créditos: Nina Cordero)

Para blindar estos avances y frenar la degradación forestal —el deterioro silencioso de bosques en pie por incendios, sequías y tala selectiva—, la hoja de ruta estructura cinco dimensiones nacionales (conservación; manejo sostenible, agroforestería y bioeconomía; combate a la degradación; combate a la deforestación; y restauración) ejecutadas en cinco pasos: diagnosticar, alinear, fijar metas, ejecutar y evaluar. En el plano internacional, propone interoperabilidad satelital, cooperación técnica, incentivos comerciales libres de deforestación y combate al crimen ambiental transnacional, incorporando además ecosistemas asociados como manglares y turberas.

“La hoja de ruta forestal acierta en muchos de los fundamentos: gobernanza, cumplimiento de la ley, derechos, financiamiento y la necesidad de abordar tanto la degradación como la deforestación. El desafío ahora es la velocidad. Con 2030 a solo unos años, la implementación no puede seguir siendo voluntaria en espíritu y fragmentada en la práctica”, alertó Damian Fleming, director sénior de Bosques de WWF Internacional.

A su vez, Matt Toombs, director de Financiamiento Climático Internacional del gobierno británico, enfatizó que nuevos bosques en otros lugares no compensan la pérdida de bosques primarios, cuyo carbono y biodiversidad tardan siglos en recuperarse.

Para lograrlo se requiere cerrar una brecha financiera crítica. El Programa de Naciones Unidas en Medio Ambiente (PNUMA) estima que el financiamiento forestal debe pasar de 84.500 millones de dólares en 2023 a más de 300.000 millones anuales al 2030 (una brecha anual de 216.000 millones). Hoy, el 88,3% (74.700 millones) proviene de presupuestos domésticos de países en desarrollo y apenas el 3,4% (2.900 millones) de fondos públicos internacionales.

Además, persiste una distorsión estructural. “Por cada dólar gastado en bosques, casi el doble va a subsidios que pueden dañarlos. No solo estamos subfinanciando los bosques, estamos pagando para perderlos”, denunció Martin Krause, director de la División de Cambio Climático del PNUMA, recordando que los bosques aportan casi toda la remoción actual de carbono frente a menos del 0,1% de las nuevas tecnologías.

Para corregir esta asimetría, la hoja de ruta impulsa diez medidas financieras y destaca el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), una arquitectura de finanzas mixtas (blended finance) liderada por Brasil con apoyo del Banco Mundial como fiduciario.

A diferencia de los mercados de carbono tradicionales, el TFFF invierte capital concesional de gobiernos patrocinadores —que ya suman unos 7.800 millones de dólares comprometidos, liderados por Noruega (3.000 millones), Alemania (1.000 millones), Brasil e Indonesia (1.000 millones cada uno) y Países Bajos (500 millones anunciados tras la reelección de Lula)— para apalancar hasta 100.000 millones privados en bonos de mercados emergentes. Con los rendimientos netos, pagará hasta 4 dólares anuales por cada hectárea de bosque tropical mantenida en pie, destinando al menos el 20% directamente a Pueblos Indígenas y Comunidades Locales.

“Es vital que contemos con el apoyo de los pueblos indígenas y otros pueblos que viven en los bosques. Su papel es crucial, están en la primera línea”, afirmó Maria Netto, directora ejecutiva del Instituto Clima e Sociedade (iCS), una exigencia compartida por Juan Carlos Jintiach, secretario ejecutivo de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, y respaldada por Tom Skirrow, director ejecutivo de Tree Aid: “Si realmente nos tomamos en serio el cumplimiento de la meta de 2030, las comunidades no deben ser tratadas simplemente como beneficiarias de la acción forestal, sino como sus líderes”.

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