Costa Rica revirtió la deforestación y recaudó millones para la conservación a pesar de COVID-19

Durante la conferencia de cambio climático de la ONU (COP26) en noviembre del año pasado, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó un acuerdo clave con cooperantes, interesados en financiar $20 millones para la conservación de los bosques costarricenses.

La coalición LEAF —compuesta por países y empresas que financian actividades bajas en emisiones— otorgaron el dinero a Costa Rica, con el fin de evitar la deforestación y proteger los bosques del país, según el documento oficial del acuerdo. La compensación se dio a través de dos acuerdos, el primero, entre Noruega y Costa Rica y otro dentro de la coalición LEAF.

La Ministra de Ambiente, Andrea Meza, aseguró en ese momento que este pago significaba “el inicio de grandes avances en las finanzas climáticas”. Costa Rica, no obstante, ya ha logrado varios acuerdos de este tipo recientemente.

Costa Rica: pionero en conservación en déficit fiscal

Históricamente el modelo de conservación costarricense ha sido exitoso por operar con recursos domésticos. Pero en un momento de alta presión económica por el COVID-19, los fondos internacionales otorgan un respiro al país, explicó Roger Madrigal, investigador forestal del Centro Agronómico Tropical de Educación y Enseñanza (Catie).

Mantener el financiamiento es importante en Costa Rica, un caso de éxito de la conservación. El país centroamericano es el único de América Latina en revertir la deforestación, tras haber tenido altos índices hasta los años 80.

A inicios del siglo XX, Costa Rica enfocó su desarrollo económico principalmente en la actividad agropecuaria. Durante este periodo, el país promulgó leyes que incentivaron la deforestación para reclamar tierras para el agro, como por ejemplo la ley de Tierras y Colonización (1961). Como resultado, el país perdió la mitad de su bosque maduro entre 1940 y 1980.

Varios factores cambiaron la mentalidad del país, entre ellos una mayor incursión de la población en el turismo durante la década de 1980, según muestra un informe de la iniciativa REDD+ en 2016.

Luego de esto, durante los años 90, Costa Rica implementó una regulación ambiental más estricta, nuevas políticas de conservación y cambios en el mercado del agro. Estos factores frenaron definitivamente la deforestación neta y permitieron la regeneración del bosque.

Actualmente, un 59% de su territorio está cubierto por bosques, tras haber caído hasta un 40% en 1986.

Otro componente importante para este logro fue un programa llamado Pagos por Servicios Ambientales (PSA). El PSA tiene un principio simple, pero que ha probado ser exitoso: el estado paga a finqueros privados para que protejan el bosque en sus terrenos. ¿De dónde viene el dinero? Principalmente de los impuestos a la gasolina.

Esto ha funcionado bien por décadas, pero recientemente la crisis del COVID-19 ha puesto una fuerte presión económica en el sistema de conservación, tanto en el PSA como en las áreas protegidas. Por un lado, la pandemia llevó a una menor recaudación fiscal y las restricciones vehiculares generaron menos consumo de gasolina. Esto, a su vez, dejó al PSA con menos recursos para pagar a finqueros y un “hueco” presupuestario de alrededor de US$1,5 millones en 2020, según datos oficiales.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa de Costa Rica realizó fuertes recortes presupuestarios en 2020. Básicamente, los diputados recortaron un tercio del presupuesto para áreas protegidas.

“Parte importante de nuestro trabajo ha sido justo ese: ubicar fuentes de financiamiento, identificar los requisitos y tratar de que los recursos ingresen lo más pronto posible”, explicó Jorge Mario Rodríguez, director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), institución que administra el programa PSA.

Pagos por naturaleza

Solamente en los últimos dos años, Costa Rica aseguró acuerdos por más de US$135 millones en pagos por naturaleza. ¿Cómo se logró? El motor principal está en la cobertura boscosa de Costa Rica.

Antes, hay que entender que los bosques capturan emisiones cuando los árboles realizan fotosíntesis. Este es un beneficio para todo el planeta, pero históricamente no ha sido reconocido económicamente. Según datos oficiales, del año 1986 al 2013, Costa Rica redujo 107 millones de toneladas de dióxido de carbono de esta forma. “Nadie nos ha reconocido eso. Esto es un regalo que Costa Rica le ha dado al mundo”, señaló Rodríguez.

Recientemente, el país comenzó a medir más precisamente esta captura de emisiones, cuantificando con mayor precisión sus hectáreas de bosque y estimando cuánto carbono absorben. De esa forma, buscaría dejar de “regalar” estos beneficios y, en su lugar, comenzar a ponerles precio.

Así se lograron los recientes pagos por naturaleza. En 2020, por ejemplo, el país recibió $54.1 millones del Fondo Verde del Clima, como reconocimiento por haber capturado 14 millones de toneladas de dióxido de carbono entre 2014 y 2015.

Ese mismo año, Costa Rica logró otro acuerdo por $60 millones con el Banco Mundial por razones similares. Más recientemente, durante la COP26, el país amarró otros 20 millones, en este caso mediante la coalición LEAF y el gobierno noruego.

Las condiciones varían entre los acuerdos. Por ejemplo, el Fondo Verde le otorgó al país fondos no reembolsables, que se utilizarán en fortalecer el programa PSA, prevenir incendios forestales y financiar territorios indígenas. Estos se deben ejecutar antes de 2026.

Los fondos de la coalición LEAF, por su parte, son distintos. En este caso, corresponden a una “carta de intención” por las emisiones que el país va a capturar entre 2022 y 2026. Es decir, los fondos no llegarán hasta dentro de varios años, ya que la captura de emisiones todavía no ha sucedido.

Rodríguez explicó que, para lograr estos reconocimientos, un paso crucial es tener sistemas de monitoreo robustos. De esta forma, el país puede negociar a partir de datos y con cifras exactas sobre la captura de emisiones.

Costa Rica también ha logrado recibir fondos con mecanismos un poco más flexibles. En 2021, el país resultó el primer ganador del Earthshot Prize, un reconocimiento promovido por la corona inglesa a casos de éxitos en la conservación natural. El país resultó ganador por el éxito del PSA en recuperar los bosques. Este premio aportó $1.3 millones.

En este caso, al ser fondos más flexibles, se utilizarán para crear un “PSA marino”, una forma de pagar a poblaciones costeras por proteger el océano. El mecanismo exacto aún no está claro, ya que está en etapas muy tempranas de diseño.

Canjes de deuda

El país, además, ha experimentado con otras formas de financiar la conservación de sus bosques. En términos simples, los canjes de deuda permiten a los países cambiar su deuda externa por fondos para conservación natural.

Este mecanismo fue popular durante los años 80, tras la crisis de deuda en América Latina.  En 2007 y 2010, por ejemplo, Costa Rica realizó sus dos primeros canjes de deuda por naturaleza con Estados Unidos, un mecanismo con el que actualmente coquetean varios países de la región. El primero destinó $26 millones para la conservación en comunidades aledañas a áreas protegidas. El segundo destinó $27 millones directamente a las áreas protegidas.

En ese momento, el país no contaba con una ONG capaz de administrar los fondos. Por eso, se creó la Asociación Costa Rica por Siempre, con el fin explícito de llenar ese vacío y administrar ambos canjes, explicó la gerente de programas de conservación de la organización, Pia Paaby Hansen.

“Lo más positivo (de este mecanismo) y lo que facilita la ejecución de los fondos es la gobernanza que tiene. Nos permite a nosotros manejar los fondos de una forma transparente”, aseguró Hansen.

En esencia, la asociación responde ante un Comité de Supervisión, donde hay representantes del gobierno estadounidense, del gobierno de Costa Rica y representantes de ONGs. Ese comité es importante para negociar presiones por eventuales proyectos y clarificar las reglas del juego, explicó la gerente.

Los fondos han permitido la plantación de más de 60.000 árboles, la creación de 10 brigadas contra incendios forestales y la compra de tierras para conservación por más de $2 millones.

Este artículo de Sebastián Rodríguez apareció originalmente en Diálogo Chino y se volvió a publicar bajo una licencia de Creative Commons.