A mediados del 2016, una técnica con poca experiencia política asumió la carta más mediática del momento: el viceministerio de Transportes. Liza Castillo llegó con la misión explícita de empujar la modernización del transporte público, un proyecto por el cual apuesta la administración Solís Rivera y el camino más certero para reducir las presas y las contaminación en Costa Rica. Ojo al Clima conversó con la jerarca en su despacho y este es un extracto de la conversación.

Expo Móvil es en unas semanas y es un buen momento para hablar sobre cómo nos movemos en Costa Rica. Desde la primera Estrategia de Cambio Climático, en 2009, el transporte ha sido la espina del país. ¿Por qué seguimos pegados?

Primero porque tenemos un modelo de desarrollo “carrocentrista” y por eso tenemos Expo Móvil todos los años. ¿Cuál es la promoción publicitaria para estos eventos donde se venden 6.000 vehículos al año? Aparte hay una estimulación con las tasas. Las facilidades para adquirir un vehículo hoy son muchísimas y ese modelo es completamente insostenible.

La demanda superó la oferta hace muchos años en términos de espacio, entonces yo me pregunto: ¿A quién estamos beneficiando? Bajo ese modelo, estamos condenados a aumentar congestión vial, con el agravante de los vehículos contaminan más en ralentí (velocidad mínima). No solamente estamos apostando a un sistema que nos encierra, porque no hay campo, y que nos hace contaminar más. La huella de carbono tiene su raíz en el transporte particular privado, no público.

Otros sectores tienen su “niño de oro” en temas de cambio climático. El café en temas de agro, los proyectos renovables en el sector eléctrico... ¿Cuál es el “niño de oro” del sistema de transporte público?

Tenemos que lograr la red integrada de transporte. Tenemos que permitirle a la gente viajar en bus, en tren y en bicicleta de manera coordinada, con herramientas que les permitan saber y predecir cuánto va a durar su viaje, cuáles son las alternativas... Yo tengo que saber cuánto voy a durar caminando o en bus. Tenemos que posicionar estar alternativas de movilización que colaboran de la ciudad, no partiendo del vehículo particular.

Si logramos establecer los planteamientos del decreto (sobre modernización del transporte público, firmado a inicios de febrero), vamos a lograr actualizar los sistemas de transporte público por medio de autobús. Eso quiere decir, entre otros, racionalizar la cantidad de rutas que ahora tenemos entrando a San José.

Son una serie de temas donde hemos estado rezagados en materia de planificación urbana y de transporte y estamos en el momento oportuno para hacerlo porque estos temas no estaban políticamente posicionados en la agenda. Es hasta esta administración que estos temas realmente se establecen y se ponen como prioridad.

Un punto es la estructura financiera del transporte público. Los operadores están “al costo”, no hay subvenciones directas al transporte público como hay en otros países y la estructura financiera y tarifaria no favorece la innovación.

En este país, para tener política en transporte tenés que poner de acuerdo a la Aresep (Autoridad Reguladora de Servicios Públicos), al CTP (Consejo de Transporte Público), al MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) con su ministro, al Conavi (Consejo Nacional de Vialidad) en infraestructura, tenés al Cosevi (Consejo de Seguridad Vial) en seguridad vial...

El paso tecnológico se tiene que dar de forma integral. Para generar una oferta atractiva para que el usuario deje ese modelo carrocentrista que nos vendieron como farsa de que eso es estatus social, por eso necesitamos el cobro electrónico. Nos permite la integración de servicios, descuentos... Para eso ocupamos una política de integración tarifaria. En otros países, el metro trabaja por zonas y cada zona tiene su tarifa.

El cobro electrónico también da información sobre pasajeros, que ahora es bastante precaria.

Otra de las desventajas es que la administración perdió la capacidad de fiscalización y nos quedamos con una estructura de hace muchos años. Te topás proyectos en Ingeniería de Tránsito, que ahora todos los proyectos van para allá y es un equipo pequeño, y tal vez ellos no tienen la capacidad tecnológica y el impulso económico para que esos departamentos tiendan a la modernización. La modernización no es solo para los operadores, tiene que incluir a la administración porque si no cómo vas a planificar y a fiscalizar.

Algo que he visto en modelos de otros países es que la rectoría de transportes se delega parcialmente a gobiernos locales o a grupos de municipios, para que no sea solo una instancia nacional la que dé la letra fina. ¿Es conveniente que Costa Rica delegue más en municipios?

Claro. La sectorización agrupa rutas, pero eso obliga a diferentes municipios estén dentro de un sector. Ya no estamos hablando de una ruta de bus, con una administración central y un municipio, sino de un territorio donde debe haber una coordinación intermunicipal.

Eso va unido a otra pregunta: ¿Dónde estamos formando en nuestro país profesionales en transporte, en seguridad vial, en movilidad o en infraestructura ferroviaria o portuaria? Estamos apostándole a un megapuerto en el Caribe, a un tren eléctrico urbano y a un sistema moderno de autobuses. ¿Dónde están esos profesionales que debemos hacernos cargo de esos sistemas? En la academia no encontrás maestrías. El MOPT, en los años 60 y 70, enviaba a sus grandes ingenieros a capacitarse a nivel internacional para que luego regresaran a devolver esos conocimientos al país. Hoy todos esos programas se rompen.

Usted habla de actores políticos, pero también hay actores económicos. En materia de transporte, los grandes “barones” son los empresarios de autobuses y los importadores de autos. ¿Cómo han respondido a modernizar el transporte público cuando hay beneficios afectados?

Primero tenemos que evaluar las afectaciones. Veamos con transporte público. No puede haber mayor afectación que la congestión en el área metropolitana; afecta a operadores, a usuarios, a la institucionalidad del país y al ambiente. Pondría ambiente primero que todo. Yo siento que hay un nivel de sensibilización de que esta resistencia lo que genera es malestar.

A través de los foros abiertos que generamos pudimos sensibilizar a quienes le faltaban y evidenciar que hay operadores dispuestos a entrar en estos procesos. La resistencia al cambio es constante en el ser humano, como cambiar cualquier hábito. Aquí ha habido una responsabilidad compartida y de la administración, no podemos seguir señalando culpables porque entonces nadie se responsabiliza y no pasan las cosas. Yo sí creo que los sectores económicos tienen una posición importante, no creo en seguir atizando el conflicto entre empleado público y privado. En temas de transporte, todos los informes del Banco Mundial y todas las organizaciones hablan de la necesidad de la integración.

¿Usted siente que sí ha habido una respuesta positiva de estos operadores, por ejemplo las agencias de autos?

Hay evidencia de que ellos expresamente dicen: estamos adentro. Ahora con base en el decreto que publicamos, nos vamos a sentar y yo creería en que logremos un compromiso, pero qué difícil poner las manos al fuego cuando hay intereses económicos. Yo soy optimista, creo que esto es insostenible y de aquí en adelante vamos a evidenciar si hay un compromiso real por parte de los operadores.

En Costa Rica tenemos una electricidad baja en emisiones y no entiendo por qué nos ha costado tanto aprovechar esa ventaja para electrificar el transporte. ¿Cuándo vamos a ver un transporte eléctrico?

El proyecto que está inscrito ante el Mideplan para un tren urbano tiene tecnología eléctrica, por ejemplo. Por eso hablaba de las diferentes entidades que regulan el transporte. Aquí tiene que haber una exploración, que nos permitirá el pago electrónico, para saber cuál es el mejor modelo tarifario que podemos tener. Los operadores dicen que si traen tecnología de punta, en la escala del CTP no se reconoce el valor de este vehículo entonces Aresep reconoce un precio inferior. A pesar de esta no articulación de políticas públicas, hoy tenemos vehículos trabajando con biocombustibles.

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