Huella de carbono del país se decidirá en las urnas
Hace casi veinte años el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional encuestaba a los costarricenses de la Gran Área Metropolitana para conocer su opinión sobre el uso de autobuses.
Los datos de 1999 reportaban que casi un tercio (33%) de los ticos no utilizaban ese tipo de vehículos públicos, y explicaban que se encontraron graves problemas en el mantenimiento del servicio, inconvenientes en el cumplimiento de los horarios y paradas incómodas o distantes.
La situación no ha cambiado mucho desde entonces. Para junio, según el Estado de la Nación del 2017, un 30% de los costarricenses afirmó no utilizar autobuses y aseguró que no lo hace porque el servicio es poco frecuente, es menos cómodo, se tarda más tiempo en llegar y las paradas se ubican a largas distancias.
Fuera de un servicio de autobuses casi idéntico al de hace dos décadas, nuestras calles sí se han transformado. En este tiempo la cantidad de vehículos en carreteras se ha multiplicado casi tres veces, hay cada vez más motocicletas, muchos más vehículos particulares, presas y, por tanto, más emisiones de gases de efecto invernadero.
Actualmente, las calles de Costa Rica, los atascamientos y el desmedido crecimiento del parque automotor son los principales responsables del aporte que hace el país al cambio climático. Dos terceras partes de las emisiones de dióxido de carbono del sector de energía del país proceden de las muflas en el país.
Mientras tanto, los candidatos presidenciales tejen un abanico de propuestas que pretende dar solución al problema y que abarca desde la sectorización de autobuses y la construcción de un tren en el Valle Central, hasta la habilitación de un servicio de metro.
Candil en la casa, oscuridad en la calle
El año pasado los medios internacionales destacaron que un 98,2% de la energía eléctrica generada en Costa Rica provenía de fuentes renovables: una matriz limpia que, incluso, impacta positivamente a los países de la región centroamericana a los que exportamos energía.
Esa, sin embargo, no es toda la historia. La verdad es que, de toda la energía que utilizan los costarricenses, la energía eléctrica solo representa una cuarta parte de lo que se consume. En el resto del pastel, prácticamente tres cuartas partes están acaparadas por derivados del petróleo, según calcula el Estado de la Nación del 2017, publicado esta semana.
“Nuestra matriz energética, en términos generales, es una matriz altamente contaminante y dependiente de los hidrocarburos. Un poco menos del 25% de esa energía, que corresponde a electricidad, es lo que generamos a partir de fuentes limpias”, dijo Karen Chacón, investigadora del Informe del Estado de la Nación.
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Eso explica por qué la cantidad de emisiones de los costarricenses son, incluso, más altas que las de los vecinos nicaragüenses, hondureños o salvadoreños, que sí utilizan –en su mayoría- fuentes sucias para generar electricidad.
El Quinto Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero estimaba que el 69% de las emisiones de dióxido de carbono de Costa Rica provenían del sector transporte, especialmente de los vehículos particulares, que representan la mayor parte del parque automotor, cada vez mayor.
El problema está en las muflas
¿Cómo puede un país enfrentar el problema de los embotellamientos o presas? El informe de la OCDE del 2017 acerca de la situación del transporte y la movilidad en el mundo revela algunas pistas. Según una de las investigaciones contenidas, a veces las ciudades llegan a tener tal cantidad de vehículos que, incluso aumentando la capacidad de las carreteras, continúan igual de congestionadas.
Allí la solución suele ser una sola: aumentar la eficiencia en el transporte público. El estudio "Opciones de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero para el Sector de Transportes de la Gran Área Metropolitana (GAM)", elaborado por la consultora Grütter en el 2016, concuerda con algunos de estos resultados para el país.
Según la consultora, las políticas de mitigación que podrían llegar a tener mayor potencial serían aquellas que fomentaran el transporte público e implementaran el cambio modal para hacer el sistema más atractivo. Ese tipo de medidas en la GAM podrían mitigar 1.720.000 toneladas equivalentes a dióxido de carbono.
El próximo Gobierno tendrá una enorme oportunidad para transformar esta situación. En el 2021 Zapote se encargará del proceso de la renovación de concesiones de todo el país, según confirmó el subdirector del Consejo de Transporte Público, Hernán Bermúdez, a Ojo al Clima.
Para Chacón, del Estado de la Nación, eso sería clave en el ordenamiento del sector.
“Esta sería una gran oportunidad para ordenar el sector y establecer algunos lineamientos mínimos sobre renovación de flotas, emisiones, rutas, entre otras. Hay muchas cosas que de forma complementarias podrían ayudar a mejorar el tema, y reducir nuestras emisiones contaminantes y presas”, dijo.
Concesiones: un camino abierto
Al respecto, los candidatos presidenciales que lideran las encuestas difieren en sus posturas. En Liberación Nacional aseguran que la negociación de las concesiones será útil para implementar la sectorización en las líneas de autobuses, la incorporación de rutas interurbanas que eviten pasar por el centro de las ciudades y el pago electrónico.
“No anticipamos gran conflicto (en las negociaciones). En eso no nos preocupa porque el candidato ha demostrado su capacidad de negociación”, dijo Ennio Rodríguez, coordinador del plan de gobierno del partido. Empero, Rodríguez descarta -por ahora- que un gobierno de Álvarez retire la concesión a aquellas empresas que no quieran implementar este tipo de cambios.
“Es temprano para anunciar amenazas al sector. Más bien estamos dispuestos a hacer una transición ordenada”, aseguran.
Rodolfo Piza sostiene que "hará cambios sustanciales", debido a su promesa de crear un metro entre Desamparados y San José.
"Esto significa una sectorización automática de esas rutas, la creación de muchas nuevas rutas de buses con horarios fijos y el robustecimiento de las rutas intersectoriales", dijo a Ojo al Clima.
Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana dice que su gobierno “no esperará a la renovación de concesiones para el año 2022”, sino que actuará de forma inmediata para que esas concesiones se adecúen a los planes de sectorización. “No continuaré con permisos provisionales y transitorios, que no están estipulados dentro de la legislación”, agregó.
Otto Guevara, del Movimiento Libertario, señaló que la renovación de las concesiones le permitirá obligar a los autobuseros a implementar el cobro electrónico y la sectorización.
“Utilizaremos ese músculo para forzar la sectorización y cambiar algunas de las rutas con el propósito de integrarlas al proyecto del Tren Urbano Metropolitano, donde las líneas de buses deben alimentar ese tren”, señaló. “También debe explorarse seriamente la posibilidad de contar con carriles exclusivos para buses”, agregó.
Por su parte, Juan Diego Castro, del Partido Integración Nacional decidió no dar declaraciones a Ojo al Clima sobre este tema. En algunos de sus videos disponibles en redes sociales, Castro ha señalado la construcción de un proyecto de un “Tren del Valle Central” (conocido como el Tren Rápido de Pasajeros), que pasaría por Paraíso, Alajuela y el Aeropuerto Nacional. Asegura que implementará terminales multimodales y aumentará la construcción de carreteras por medio de concesiones.
Autos eléctricos
Si el país no cambia su panorama en las carreteras, será mucho más difícil que logre la meta de carbono neutralidad, que todos los candidatos presidenciales señalan apoyar. El transporte público es una buena opción para ello, pero sería ingenuo pensar que todos los costarricenses cambiarían sus automóviles por un autobús.
Una revisión general de Ojo al Clima solo permitió encontrar tres modelos eléctricos en los catálogos de las agencias del país (BMW I3, Hyundai Ioniq y Volkswagen E-Up), aún a pesar de la amplia oferta que puede verse en el extranjero. Los altos precios y la baja oferta de productos dificultan que los costarricenses compren estos vehículos: para el 2016 las importaciones de vehículos de combustión interna representaron $678 millones, frente a $0,7 millones de importaciones de vehículos eléctricos.
La propia Organización de las Naciones Unidas ha instado a Costa Rica para implementar estos vehículos.
“Costa Rica es posiblemente el país de Latinoamérica con la matriz eléctrica más limpia, junto con Uruguay. Este país es el lugar perfecto para poner (el transporte eléctrico) en marcha”, dijo en setiembre el coordinador para Latinoamérica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), Gustavo Máñez.
Allí las propuestas de los candidatos son diversas. Antonio Álvarez Desanti asegura que, si resulta electo presidente, en el 2035 se prohibirá la importación de vehículos de combustión interna y al 2040 su uso estará prohibido. Juan Diego Castro, por su parte, omitió responder a este medio, pero ha expresado en varios debates que el transporte eléctrico no constituye una prioridad de su eventual gobierno.
Piza (del PUSC), por ejemplo, se limitó a expresar su apoyo a un proyecto que hoy se discute en la Asamblea Legislativa, impulsado por diputadas como Marcela Guerrero, que implementaría exoneraciones para los vehículos eléctricos, obligaría al sector privado a diversificar su oferta de vehículos eléctricos e impulsaría al sector público para modernizar su flotilla por autos eléctricos.
El candidato oficialista Carlos Alvarado señaló que impulsará atractivos para la sustitución de vehículos convencionales por vehículos eléctricos, y destacó su respaldo al actual proyecto discutido en el Congreso.
Por su parte, Otto Guevara, del Movimiento Libertario (uno de los diputados que bloqueó el proyecto para el transporte eléctrico, por querer incluir automóviles híbridos entre aquellos que estaban exonerados), señaló que ofrecerá incentivos para que las empresas privadas puedan instalar electrolineras.
“Hoy los vehículos que hay son muy caros y habría que facilitar las condiciones para que en diferentes zonas del país existan electrolineras. Eso requerirá de una inversión, y la idea es que el sector privado tenga todos los inventivos para realizarlo”, cerró.
Colaboró: Sebastián Rodríguez.
