¿La adaptación climática avanza? Sí, pero a paso de tortuga

Por Hazel Daniela Muñoz Alpízar (Costa Rica) y Adela Tuy (Guatemala), fellows del programa LAYCS*

Han pasado 10 años desde el establecimiento del Acuerdo de París y seguimos discutiendo cómo medir la adaptación, mientras las comunidades más vulnerables enfrentan cada año más sequías, huracanes y tormentas tropicales. 

El Acuerdo de París trajo consigo una serie de metas que reflejan el compromiso de los diferentes países para enfrentar el cambio climático, como limitar el aumento de la temperatura media a 1,5°C al 2050. También  se reconocen las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países haciendo hincapié en el tema del financiamiento, donde los países desarrollados se comprometen a apoyar a las naciones en desarrollo. Además se establece el Objetivo Global de Adaptación (GGA, por sus siglas en inglés). 

El GGA es particularmente relevante para los países en desarrollo y, en consecuencia, para América Latina y el Caribe. Si bien es una de las regiones que menos ha contribuido con la crisis climática, también es una de las más vulnerables. 

A pesar de que el GGA puede ser la respuesta de muchas comunidades vulnerables, cuya necesidad urgente es llevar a cabo acciones para adaptarse, este ha avanzado “a paso de tortuga” dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). 

Si bien el Acuerdo de París entró en vigor en el 2016, no fue hasta el 2021 donde empezaron las negociaciones para definir qué se entendía como GGA. Durante la COP28, realizada en 2023, se estableció el Marco de los Emiratos Árabes Unidos para la resiliencia climática global, el cual cuenta con 11 objetivos establecidos en el GGA. 

En noviembre del 2025, durante la COP30 realizada en Brasil, los países adoptaron 59 indicadores (conocidos como los Indicadores de Adaptación de Belem). Estos fueron adoptados a pesar de una serie de polémicas, ya que no se tomaron en cuenta algunas de las recomendaciones del grupo de expertos, el cual brindó una matriz de 100 indicadores dentro de siete temáticas diferentes, por lo que los indicadores adoptados respondieron a un criterio político y no técnico. En el momento en el que una herramienta técnica es definida dentro de un criterio político, este podría entorpecer su finalidad y alejarse de su funcionalidad en el territorio. 

Durante la conferencia de los Órganos Subsidiarios N°64, celebrada el pasado junio en Bonn (Alemania), los países mantuvieron en discusión la decisión sobre la conformación de un grupo de trabajo técnico que tendrá la tarea de mejorar las metodologías, datos y metadatos, los cuales van a permitir la operacionalización de los Indicadores de Adaptación de Belém. 

La discusión se mantuvo sobre la postura de los países desarrollados en definir un grupo técnico sólo de expertos, y la postura  de los países en desarrollo donde proponía un grupo técnico conformado por expertos y negociadores, incluso países como Brasil propusieron la creación de un grupo de trabajo en donde se tome en cuenta a los pueblos indígenas, comunidades locales, afrodescendientes y representantes de la sociedad civil. Sobre esta última, la demanda de la sociedad civil fue incluir a representantes de las diferentes constituyentes de la sociedad civil dentro del espacio. 

Sin embargo, más allá de los instrumentos para definir cómo entendemos el GGA y las herramientas para medir sus avances, el financiamiento es uno de los factores más importantes para pasar de la articulación a la operacionalización. Este tema, junto con la discusión del grupo técnico, fueron de las principales razones por la que la Conferencia de los Órganos Subsidiarios N° 64 terminó sin ningún avance rumbo a la COP 31, y una vez más las negociaciones para adaptación se siguen atrasando. 

Por ejemplo, se sigue aplazando la discusión sobre el compromiso de triplicar el financiamiento para la adaptación para 2035, según el texto de decisión adoptado en la COP30. 

Mientras en el mundo diplomático han pasado 10 años para definir los pasos en materia de adaptación, aún se sigue evitando la discusión del financiamiento en las mesas de negociación, siendo  las comunidades las que  siguen enfrentando huracanes más fuertes y recurrentes, incendios forestales y un fenómeno de El Niño más intenso. El agravante está en que los proyectos en adaptación de las comunidades carecen de financiamiento para articularse a largo plazo y se concentran en proyectos pequeños, con requisitos de ejecución que muchas veces resultan exagerados según los contextos locales.  

Las comunidades urgen de una adecuada articulación y respuesta de las instituciones para responder a los nuevos desafíos climáticos, pero también de una gobernanza que les permita ser partícipes de la toma de decisiones más allá de los procesos de consulta. 

Desde el espacio de la diplomacia climática es crucial una respuesta a mejorar los mecanismos de financiamiento justos, que integren formatos en subvenciones y una reformulación de los procesos de fiscalización de la ejecución de los presupuestos. También que sea realista a los contextos locales, y permita la ejecución de lo que se articule desde el territorio. 

Mientras las negociaciones avanzan lentamente entre textos, metodologías y decisiones políticas, millones de personas ya viven los costos de la adaptación en papel. El éxito del GGA no dependerá de la cantidad de instrumentos técnicos, sino de la voluntad política para convertirlos en acciones reales. 

* El Fellowship LAYCS es un programa de fortalecimiento de capacidades y liderazgo diseñado para apoyar a jóvenes líderes negros, indígenas y personas de color (BIPoC) de América Latina en la profundización de su participación en los espacios de política.