La educación ambiental como motor para concientizar, motivar e involucrar a la juventud 

Por Isabella Monge Valerín, Dara Eunice Reyes Arce, Mariana Ramírez Cruz y Judith Camacho Soto. Comisión de Menores del Parlamento Joven Mujeres por el Clima (2025-2026).

Cuando hablamos de educación ambiental en Costa Rica, debemos tomar en cuenta sus debilidades y fortalezas. Aunque en el sistema educativo existen contenidos relacionados con el desarrollo sostenible, estos no se imparten mediante una asignatura formal, su implementación es desigual y no hay una formación docente suficiente para implementar la educación ambiental de manera integral. 

Los informes y pruebas diagnósticas realizados desde 2021 hasta 2023 por el Ministerio de Educación Pública (MEP) permiten entender más a profundidad la gravedad de los hechos:  los docentes de secundaria demostraron que solo el 44% de quienes aplicaron la prueba conocen la Política para la Educación de Desarrollo Sostenible, mientras que la mitad de ellos solicitaron capacitaciones para fortalecer la aplicación de estos contenidos. Además, los informes señalan dificultades para la implementación efectiva de estos contenidos sobre desarrollo sostenible como eje transversal.

Las limitaciones de acceso a la educación ambiental generan preocupación, ya que las personas jóvenes podrían no ser conscientes de las problemáticas de la crisis climática en su cotidianidad, como la falta de agua potable, los problemas de salud, el encarecimiento de los alimentos, la migración forzada por desastres, entre otros. Si no conocen en profundidad lo interconectadas que están estas problemáticas, también sería difícil incentivarles y enseñarles a tomar acción de forma creativa.

Es importante recalcar que existen estrategias educativas formales, entre ellas, la provisión de manuales y material de apoyo para los docentes en educación ambiental, así como alianzas entre centros escolares y universitarios para fortalecer el apoyo. De estas, sin embargo, no fue posible encontrar información pública sistematizada sobre su financiamiento y resultados. 

Uno de los factores que contribuyen a la escasa participación de la juventud es que los espacios para que la juventud participe activamente en la toma de decisiones sobre el cambio climático en su proceso educativo o proporcionados directamente por su institución educativa son limitados. Esta falta de oportunidades se debe a que los mecanismos de financiamiento y valoración para las iniciativas existentes sufren de déficits, aspecto también mencionado por los informes antes citados, creando así incertidumbre a la hora de evaluar el impacto o estudiar la capacidad de las inversiones de atender las necesidades de quienes participan de estos proyectos. 

A su vez, en la revisión de la legislación vigente se observó que esta se enfoca en fomentar solo el aprendizaje en jóvenes y no en su participación en temas que los afectan. Esta lista de obstáculos ocasiona brechas entre lo que se propone y lo que realmente está sucediendo en las aulas. Algunos docentes consultados en los informes señalaron que las prioridades institucionales dificultan la implementación sostenida de los planes de educación ambiental. En cuanto a la impartición de contenidos ambientales en la actualidad, según lo reportado por docentes en los diagnósticos, los contenidos ambientales suelen abordarse de forma introductoria. De igual manera, existen iniciativas innovadoras, las cuales cumplen con la función de promover la participación en acciones beneficiosas para el ambiente; sin embargo, las organizaciones mantienen una burocracia constante y solicitan una gran cantidad de documentos que pueden dificultar la participación de algunos centros educativos. 

Como consecuencia, se genera exclusión de muchos sectores de la población. Para traer respuestas y herramientas innovadoras ante el cambio climático, la educación sobre el tema es fundamental, tanto para ser conscientes de sus efectos, como para comprender que, al igual que muchos otros problemas, está interconectado con diversos ejes: es un tema interdisciplinario y complejo que requiere de cooperación y diversas perspectivas para tratarlo integralmente. Sin embargo, las problemáticas expuestas crean un terreno blando en el que resulta difícil ofrecer una educación sólida. 

La educación ambiental enfrenta desafíos similares a los de otras políticas públicas ambientales: contar con normativas que prioricen su enseñanza, pero su aplicación no refleja lo que dice el papel. Empezando desde la debida capacitación docente, una que permita involucrar la educación ambiental en todas las áreas y no sea vista solo como un tema de ciencias o biología, aunado a una mejor comunicación interna con menos excesos burocráticos que den paso a mayores inversiones para sacar la temática de las aulas y presentarlo como lo que es: una vivencia que afecta día a día de diferentes formas a cada grupo de la sociedad. 

Esta situación afecta especialmente a las niñas y adolescentes, considerando que, según la OCDE (2024), únicamente el 13 % de las jóvenes indígenas obtiene un título de educación secundaria. A esto se suma un estudio que señala que las niñas de zonas rurales se encuentran subrepresentadas en áreas como la ciencia y la tecnología, espacios desde los cuales tradicionalmente se impulsa la educación ambiental, limitando sus oportunidades de participación y liderazgo en la búsqueda de soluciones frente al cambio climático.  

En este contexto, el impacto de esta problemática reside en que es el acercamiento central de las futuras generaciones para generar un cambio real, por lo que este modelo educativo requiere soluciones que le permitan ser aplicado integralmente y dejar atrás la desigualdad entre regiones y género. 

El cambio climático exige respuestas educativas integrales. La UNESCO destaca que “el aprendizaje es esencial para encontrar soluciones y crear un mundo más sostenible”.

Tomando en cuenta las problemáticas de la educación ambiental en Costa Rica  y su impacto, de parte de la comisión de Menores del Parlamento Joven de Mujeres por el Clima se proponen las siguientes acciones concretas: la promoción de leyes que incluyan la creación de nuevos espacios de aprendizaje ambiental, pero que incluya expresamente participación de la juventud en la toma de decisiones informadas sobre aspectos ambientales con un enfoque en innovación y juventud; la incentivación de un plan de estudios con enfoque ambiental con base en las necesidades de la población de cada zona; creación de espacios seguros para la libre expresión femenina y juvenil en temas ambientales; además, se le solicita al Ministerio de Educación Pública (MEP) asegurar un sistema de formación docente integral y consciente de los ejes transversales, objetivos para la debida educación ambiental estudiantil; y presionar al Poder Ejecutivo a establecer un mecanismo de financiamiento etiquetado y con rendición de cuentas pública para programas de educación ambiental escolar. 

Estas medidas no son un lujo sino una urgencia: la educación surge como motor de la resiliencia frente al clima. Si el país aspira a un futuro sostenible, debe cerrar las brechas regionales y de género en la enseñanza ambiental y empoderar a las niñas y jóvenes como agentes de cambio.