La paz en Colombia: una oportunidad clave para un desarrollo sostenible
Tras 52 años de guerra, el gobierno ha finalizado el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Después de cuatro años de negociaciones y con casi 300 páginas, el acuerdo profundiza en diferentes áreas claves para el cese al fuego, la desmovilización de la guerrilla, la reforma rural integral, los términos de justicia transicional, la participación política de excombatientes, la política de drogas, entre otras.
El 2 de octubre, los colombianos podremos votar para decidir si aprobamos los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
En este artículo, explicamos que tiene que ver el acuerdo de paz y cese al fuego con el medio ambiente y las nuevas oportunidades que se abrirán para el desarrollo sostenible si el país decide votar a favor del SI en el plebiscito.
La guerra, el posconflicto y el medio ambiente
Aunque los acuerdos de paz no tienen un componente sobre medio ambiente o cambio climático, la paz tiene mucho que ver con estos temas. El año pasado, Colombia se comprometió ante la comunidad internacional a reducir sus emisiones en un 20% al 2030 sobre un escenario de “business-as-usual” para contribuir a la lucha mundial contra el cambio climático. Es decir, una reducción del 20% comparada con una proyección donde el país no hiciera nada para reducir sus emisiones.
En el documento presentado ante las Naciones Unidas, Colombia consideró los desafíos que una paz eventual traería al país en materia de desarrollo sostenible.
Por ejemplo, el documento identifica específicamente las tendencias de deforestación bajo escenarios de posconflicto. También relata cómo el proceso de la consolidación de paz puede estar relacionado con impactos negativos en el medio ambiente por patrones migratorios, presión en los recursos naturales en las zonas más vulnerables y un aumento en la deforestación.
Es indudable que el conflicto armado ha dejado huella en los paisajes y ecosistemas colombianos.
Según la organización colombiana Dejusticia*, el conflicto armado ha sido acompañado de voladuras de oleoductos, la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, la contaminación química por minería ilegal, la presencia de grupos armados y minas antipersonales en áreas protegidas y la ampliación de la frontera agrícola como resultado del desplazamiento forzado entre otros.
Según el gobierno, el país podría ahorrar $2.2 mil millones de dólares al año en daños ambientales. Desde 1990 al 2013, 58% de la deforestación en el territorio ocurrió en municipalidades afectadas por el conflicto, con 3 millones de hectáreas perdidas. Los diferentes ataques a oleoductos durante los últimos 35 años han tenido como consecuencia 4.1 millones de barriles derramados, el equivalente a 16 desastres como Exxon Valdez.
El fin del conflicto presenta oportunidades para reparar los daños ambientales y repensar en el desarrollo del país. Esta visión está recogida en el acuerdo, el cual incluye consideraciones para el desarrollo social y ambiental sostenible. Entre las razones ambientales para decir “SI al acuerdo de paz” se encuentran la disminución de la deforestación, mayor control sobre la restauración, recuperación y conservación de zonas ecológicamente estratégicas (como parques naturales y paramos), un ordenamiento del territorio ambiental y una economía más sostenible, eficiente y diversificada.
Oportunidades y desafíos de la paz
El impacto de la guerra en la riqueza natural del país ha sido contundente. En este sentido los puntos del acuerdo sobre la "Reforma Rural Integral” y la “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas" juegan un papel central en las implicaciones que la política de posconflicto tendrá en el desarrollo económico, social y ambiental sostenible y las oportunidades para empoderar el país en el manejo de sus recursos naturales. A continuación, exploramos cuales son algunas de esas oportunidades.
1. Reforma Rural Integral
Uno de los componentes más importantes del acuerdo de paz es la sección sobre la reforma rural integral, que busca la transformación estructural del campo, creando condiciones de bienestar para la población rural. Uno de los grandes objetivos es no solo reversar los efectos que el conflicto ha dejado en el campo, pero cambiar las condiciones que facilitaron la persistencia de la violencia y están ligadas con las causas históricas del conflicto.
El acuerdo considera que los campesinos y otras comunidades rurales contribuyen al cierre de la frontera agrícola y que, en el marco de la reforma, los planes y programas que se desarrollen deben garantizar la sostenibilidad ambiental.
El acuerdo también crea un Fondo de Tierras de distribución gratuita con el fin de lograr la democratización al acceso de tierra y así beneficiar a las comunidades rurales más afectadas por el abandono y el conflicto. El Fondo dispondrá de 3 millones de hectáreas durante sus primeros 10 años de creación. Algunas de estas tierras serán provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la Reserva Forestal y su entrega será condicionada con la formulación (con la participación de las comunidades) de planes que garanticen sostenibilidad social y ambiental. El acuerdo también establece que las personas que se beneficiaran de las tierras reparadas incluirán aquellas que participen en programas de asentamiento y reasentamiento con el objetivo de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos ilicititos y fortalecer la producción alimentaria.
La reforma agrícola también incluye las necesidades de delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental. El gobierno tendrá un plazo de no más de 2 años para desarrollar un plan de zonificación ambiental donde delimite la frontera agrícola y así permita actualizar y ampliar el inventario de áreas que deban tener un manejo especial ambiental como las zonas de reserva forestal, zonas de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas, paramos, y humedales entre otros.
2. Conservación y deforestación
Este es uno de los temas ambientales más complejos ligados al conflicto y la paz. Mientras el conflicto ha contribuido a la deforestación y destrucción de los ecosistemas, también ha limitado la explotación de recursos como la madera, la minería y la agroindustria en varias de las áreas rurales y territorios de más difícil acceso del país, muchos de los cuales se caracterizan por su alta biodiversidad.
De aprobarse el acuerdo de Paz en el plebiscito, es posible que se facilite el acceso a estas áreas y sus recursos, lo cual podría abrir paso a una explotación insostenible de los recursos naturales. Además, en otros lugares de mundo los procesos de posconflicto han llevado a migraciones internas que incrementan la presión en los recursos naturales y en muchos casos, resultan en in incremento en la deforestación.
En este sentido, el acuerdo establece dentro de los considerandos y principios e la reforma rural integral, que los planes y programas que se desarrollen en el marco de la reforma deben garantizar la sostenibilidad socio-ambiental. Así mismo, hay un enfoque importante en la protección de zonas de reserva, en las cuales el gobierno deberá apoyar la estructuración de planes y programas que tengan como fin el cierre de la frontera agraria y la conservación ambiental como el pago por servicios ambientales, los sistemas silvopastoriles, los de reforestación y las zonas de reserva campesina.
Además, la sección sobre reincorporación económica y social del Acuerdo establece que los programas y proyectos para excombatientes le darán especial atención a la protección y recuperación ambientales y desminado humanitario. De una manera similar, el componente sobre las Victimas del Conflicto aclara que, como parte de reparación a las víctimas, las FARC se comprometen a participar en programas de reparación del daño ambiental como la reforestación.
3. Drogas
Uno de los factores que contribuyen a la deforestación y por lo tanto a que el sector sea uno de los responsables de las emisiones de carbono es la producción ilícita de drogas como la marihuana, cocaína y heroína. El acuerdo crea programas voluntarios de sustitución de cultivos de uso ilícito para establecer que las alternativas sean sostenibles desde un punto de vista ambiental y económico.
El acuerdo también explica que el programa nacional de sustitución debe contribuir al cierre de la frontera agrícola. Los planes de sustitución deberán incluir acciones para la mitigación de daños ambientales en zonas de especial interés ambiental y para la recuperación de bosques. En estas zonas también se deben establecer proyectos silvopastoriles, pagos por servicios ambientales y otros.
Nuevos recursos, nuevos retos
De acuerdo con la ONU, la guerra ha limitado el desarrollo económico que Colombia puede alcanzar gracias a su biodiversidad. También es cierto que las áreas que enfrentan el conflicto más intenso son áreas de gran biodiversidad como el Chocó. A la vez, son áreas de gran necesidad económica y de olvido estatal.
La paz abre la oportunidad para que estas áreas puedan explotar sus recursos naturales de una forma que no enriquezca grupos al margen de la ley ni a políticos corruptos. Es la oportunidad de aprovechar la tierra para crear e implementar programas de turismo sostenible u otras formas de desarrollo económico que no solo dependan en la extracción de recursos si no que los preserve y utilice responsablemente para ofrecer una mejor calidad de vida a comunidades vulnerables y de bajos recursos.
Mucho se ha dicho sobre los dividendos económicos de la paz. Colombia gasta alrededor de 3.4% de su producto interno bruto en defensa, siendo el país de América Latina que más dinero le dedica a este sector. Aunque al liberar este dinero público no significa directamente que haya más crecimiento económico o mejor inversión social, si abre una oportunidad para redirigir el presupuesto a educación, salud y medio ambiente. De acuerdo con el gobierno, la paz puede resultar en in incremento del 1.5% en el PBI y podría ser del 5% al 8% en la regiones más impactadas por el conflicto.
Otro componente que no hemos mencionado, pero también hace parte del acuerdo es la apertura de participación política detallada en el acuerdo. Este punto establece la importancia de fortalecer los Consejos Territoriales de Planeación para una representación más inclusiva de diferentes actores, entre ellos los ambientales. Se identifica la necesidad de fortalecer los diseños institucionales para mejorar la participación ciudadana que, aunque no solo aplica al medio ambiente, tendrá implicaciones importantes en los temas de democracia ambiental.
Si se firma el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla, es posible poder reinventar la gobernanza ambiental del país. El gran desafío de ahí en adelante será el manejo responsable y proactivo para manejar la apertura de recursos. El fortalecimiento de la capacidad institucional, el monitoreo, la transparencia en la implementación y la rendición de cuentas deben ser componentes centrales en el posconflicto para lograr avanzar hacia un desarrollo sostenible.
Este artículo fue publicado originalmente en Nivela.
