Mapa revela falsas soluciones climáticas en América Latina y el Caribe
Proyectos que se promocionan como soluciones ante la crisis climática, pero terminan perjudicando a la biodiversidad y a las comunidades que yacen en los territorios donde se instalan. Eso es precisamente lo que revela el “mapa de falsas soluciones a la crisis climática”, construido de manera colaborativa por organizaciones de 15 países de América Latina y el Caribe.
El mapa está alojado en la plataforma Open Street Maps y es de libre acceso. Cada punto registrado corresponde a un caso y, al dar clic, se despliega información sobre los actores, los impactos, los afectados y las resistencias.
El mapa está en constante construcción y recibe insumos de organizaciones, por lo que se invita a participar. “Queremos que todas las comunidades afectadas se sumen a este mapa de falsas soluciones para que se sepa la verdad de lo que ocurre en nuestros territorios”, dijo Ivonne Yáñez de la organización Acción Ecológica.
¿Qué son falsas soluciones?
PLACJC y DCJ LAC catalogan como falsa solución a “cualquier iniciativa, proyecto o propuesta que afirme avanzar en la protección del planeta y sus habitantes con fórmulas que incluyen engaños, falencias técnicas, supuesta innovación tecnológica y un discurso que dice enfrentar el cambio climático, pero que continúa y consolida el sistema de sobreconsumo, el consumo de combustibles fósiles, la depredación natural y el acaparamiento de la riqueza”.
Las falsas soluciones se caracterizan por la falta de participación y democracia en la ejecución o instalación del proyecto así como poca transparencia en su administración. “El mayor riesgo es que son inútiles, generan mayor daño al planeta, demoran la adopción de medidas efectivas y urgentes e invisibilizan los verdades esfuerzos de los pueblos para superar las múltiples crisis que las han provocado”, afirman PLACJC y DCJ LAC en el sitio web.
Para facilitar la construcción del mapa, los casos de falsas soluciones se dividieron en seis categorías. La primera corresponde a energía verde y agrupa a aquellos proyectos que son invasivos al instalarse en los territorios, resultando perjudiciales para las comunidades y la biodiversidad.
Otra característica es que su instalación careció de procesos participativos y consulta, e incluso incurrieron en acaparamiento de territorio, lo que provocó desplazamiento. Algunos de estos proyectos generan energía para la industria extractiva.
La segunda categoría reúne a los proyectos que buscan la captura y fijación de carbono en bosques, otros ecosistemas y sistemas agrícolas. Se dice que son falsas soluciones porque estos proyectos terminan acaparando tierras en detrimento de las comunidades y pudieran favorecer plantaciones de monocultivos o forestales con tal de capturar carbono en vez de optar por sistemas más complejos que son afines a la biodiversidad, como lo son los bosques.
Además, estos proyectos permiten a las empresas comprar créditos de carbono en vez de reducir sus propias emisiones, creando una ilusión de mitigación.
Los proyectos de geoingeniería están en la tercera categoría. Se plantean como soluciones tecnológicas para contrarrestar los efectos del calentamiento global, esto mediante el manejo de la radiación solar, la intervención climática y la captura de gases de efecto invernadero (GEI).
En esta categoría también se incluyen los proyectos tecnológicos de captura y almacenamiento de carbono, los cuales consumen más energía y, por tanto, son intensivos en GEI.
La cuarta categoría agrupa los proyectos que producen insumos necesarios para tecnologías verdes. Aquí estarían los proyectos que buscan extraer minerales críticos, los cuales se destinarán a la fabricación de los componentes de paneles solares o baterías de vehículos eléctricos. Tras su instalación, los territorios sufren por la destrucción de los ecosistemas, la escasez de agua, la contaminación industrial, así como la explotación laboral y los problemas de salud tanto de quienes trabajan en ellos como de las personas que viven cerca.
La quinta categoría corresponde a los proyectos de falsas soluciones basadas en naturaleza. Para que funcionen y no terminen siendo una falsa solución, las comunidades deben estar involucradas desde el diseño hasta la ejecución y ser receptoras de los beneficios.
Lamentablemente, algunos de estos proyectos se han prestado para compensar las emisiones de industrias que, en vez de reducir sus emisiones, recurren a estos créditos en los mercados de carbono. Entre estas industrias se han identificado petroleras y otras de combustibles fósiles.
Por último, la sexta categoría reúne a los proyectos de adaptación basada en infraestructura o ingeniería. “Consiste en el impulso de grandes y costosas infraestructuras con la finalidad de asegurar la adaptación climática y continuidad de procesos extractivistas. En lugar de buscar la resiliencia de las comunidades y ecosistemas, generan despojo y destrucción de bienes comunes a través de la construcción de plantas desaladoras, carreteras hídricas, grandes embalses o represas”, se explica en la Guía para entender y resistir las Falsas Soluciones a la crisis climática.
¿Quiénes son los afectados?
La primera versión del mapa, lanzada en abril, reportó 76 afectados. Entre ellos, 16 comunidades indígenas, 14 comunidades campesinas, 13 comunidades sin identificar, 8 de campesinos sin tierra, 7 comunidades de pescadores, 4 cimarronas y 4 afrodescendientes.
También se identificaron 4 barrios urbanos, 2 sectores de trabajadores industriales y 2 representaciones gubernamentales locales, así como un caso que afecta trabajadores informales y otro que afecta recolectores de residuos.
En cuanto a los impactos, 17 comunidades enfrentan la pérdida de derechos sobre su territorio, mientras que en 13 casos se lidia con la pérdida de biodiversidad o agrodiversidad.
El mapa también revela cambios de propiedad de la tierra en 11 casos, profundizando las desigualdades ya existentes en otros 10 casos. En 11 casos se reporta contaminación de las aguas y suelos.
En 7 casos se alerta sobre desplazamiento forzado, mientras que la autonomía territorial se desvanece en 17 casos. La dependencia de insumos externos se incrementa en 11 situaciones y 6 comunidades enfrentan violencia directa, como amenazas a sus defensores.
También se registran 6 casos de deforestación, mientras que la pérdida de prácticas de conocimientos locales se convierte en una realidad palpable en 5 casos. Finalmente, se tiene conocimiento de 3 casos de extinción de especies.
¿De dónde viene el financiamiento de estos proyectos? El proceso de construcción del mapa reveló que la mitad están financiados por capital privado, mientras que la otra mitad se nutre de instancias públicas nacionales o internacionales: 15 casos son respaldados por financiamiento público, 25 se levantaron con el apoyo del sector privado, 6 son sostenidos por instituciones internacionales, 5 son alimentados por fondos de Naciones Unidas y 4 por fondos multilaterales.
“Nosotros también estamos en contra de las Falsas Soluciones que vienen a nuestras comunidades con el fin de aprovecharse de nuestros recursos con carreteras, hidroeléctricas, pero que realmente son para llenar las arcas de estos grandes capitales. Para empobrecer a nuestros territorios, quitar nuestros recursos y contaminar nuestras tierras”, declaró Kinyapiler Johnson, líder del pueblo Guna Yala (Panamá), en un comunicado.
