Nuevo plan le da perspectiva de género a la acción climática
No se trata sólo fomentar los emprendimientos verdes y azules liderados por mujeres, este esfuerzo debe venir concatenado con el acceso al financiamiento y a la asistencia técnica. “Muchas mujeres tienen sus productos, sus ideas de negocios, pero carecen de las facilidades para que la institucionalidad o la academia puedan darles asistencia y, a partir de esa capacitación, ellas puedan superar esa barrera para que sus prácticas sean más adaptativas”, explicó Suiyen Ramírez Villegas, funcionaria del departamento de Construcción de Identidades y Proyectos de Vida del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), a Ojo al Clima.
Esa labor de enlazar acciones que respondan a ejes estratégicos, como en este caso relativo al fortalecimiento y empoderamiento económico de las mujeres, es la razón de ser del Plan de Acción Nacional sobre Igualdad de Género en la Acción por el Clima, presentado hoy en el auditorio del Museo de Jade.
Este plan de acción es un esfuerzo conjunto del INAMU y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), con el apoyo técnico y financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El plan no sólo reconoce sino que también potencia la acción climática que muchas mujeres ya realizan en el país, e invita a otras a sumarse para así contribuir en la mitigación y adaptación al cambio climático con una perspectiva de género.
“No tener una perspectiva de género es abandonar al 50% de la población”, declaró el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, quien añadió que este enfoque de género responde a la transición justa.
De hecho, este plan se sumará a la próxima actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) que el país presenta ante el Acuerdo de París. Es por ello que se declaró de interés público nacional, vía Decreto Ejecutivo N°44053.
“Con este plan se establecen mecanismos para que las mujeres sean partícipes en un modelo económico más sostenible, verde y azul -este último para las mujeres de las costas- y para valorizar sus aportes a la economía del país en armonía con la naturaleza. Reconoce además a las mujeres como las primeras en dar respuesta ante los desastres climáticos no sólo en prevención y atención, sino en la movilización y cuidado de otras personas”, manifestó la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández.
Al respecto, Ramírez puso un ejemplo sobre una acción relativa a la gestión de riesgo: fortalecer la perspectiva de género en los comités comunales de emergencias, especialmente en lo referente a la participación de las mujeres.
“De esta manera se podrán romper estereotipos tradicionales que se presentan cuando viene una emergencia, y si bien las mujeres están muy involucradas en su atención, las dirigen a cocinar o cuidar a los niños y niñas en los albergues, cuando ellas han demostrado tener otras capacidades en la gestión de riesgo como es la realización de los censos, las alertas tempranas, la comunicación y demás”, señaló la funcionaria de INAMU.
Los 5 ejes del plan
Como primer paso, se realizó un análisis para identificar las brechas de género que exacerban los efectos del cambio climático en las mujeres. Ese análisis se hizo tomando en cuenta seis sectores que fueron priorizados: agropecuario, forestal, movilidad y transporte, turismo, infraestructura y energía.
Aparte de la revisión de documentación, datos y normativa, este proceso conllevó entrevistas a funcionarios y funcionarias de instituciones públicas vinculadas a los sectores priorizados así como personas expertas y organizaciones afines a las temáticas de cambio climático y/o género. Posteriormente se realizaron grupos focales con organizaciones de mujeres, población LGBTIQ+, activistas independientes y el grupo de trabajo Informe Sombra CEDAW.
“Había muchos vacíos de datos, no sólo en Costa Rica sino en todo el mundo; lo que refleja que hace falta que se hable más de las brechas de género”, comentó Ramírez.
Ese análisis de brechas sirvió de base para formular el plan, cuyas acciones responden a cinco ejes estratégicos: acciones afirmativas para la igualdad y el empoderamiento, fortalecimiento de capacidades e innovación, fomento de empleabilidad y fortalecimiento de autonomía económica, gestión de riesgo climático y producción de información.
El borrador se llevó a consulta a seis regiones socioeconómicas para que las mujeres representantes hicieran sus observaciones e identificaran puntos de mejora. Por ejemplo, “necesitamos mejorar el registro de datos y la divulgación de la información sobre buenas prácticas de emprendimientos, proyectos conservacionistas y gestoras de biodiversidad que lamentablemente están invisibilizados. Necesitamos que eso se conozca y se valorice como un derecho humano a la autonomía económica”, señaló Ramírez.
Al final se identificaron 40 acciones para cada uno de los sectores priorizados, así como otras acciones que se centran en incorporar la perspectiva de género y climática en el accionar propio de la institucionalidad. “Esto implicará capacitaciones y herramientas para los funcionarios para así llegar de una manera más asertiva a los territorios”, destacó la funcionaria del INAMU.
Asimismo, el plan establece un modelo de gobernanza y gestión compartido entre INAMU y MINAE. La Unidad de Gestión es la encargada de la coordinación interinstitucional e intersectorial para la implementación, seguimiento y reporte de las 40 acciones prioritarias inscritas por diversas instituciones, organizaciones y gobiernos locales.
“Esta Unidad estará dando acompañamiento a las instituciones para saber por dónde anda la acción, que mejoras tiene, si se está alcanzando la meta y si no es así, entonces cuáles son las alianzas que se necesitan establecer para potenciar esa acción y poderla poner en marcha”, especificó Ramírez.
En cuanto a la medición para el reporte de avances, cada acción priorizada tiene sus indicadores y sus metas. Un ejemplo de acción es: aumentar los planes operativos institucionales (POI) que incorporan acciones del plan. En este caso, esta acción tiene dos indicadores: 1) el número de acciones del plan incorporadas en los POI de cada institución participante, y 2) el presupuesto ejecutado sobre las acciones del plan en los POI institucionales. En cuanto a la meta, y siguiendo con el ejemplo, esta sería: al menos cinco instituciones incorporan acciones del plan en sus POI a partir del 2024.
Ahora bien, y según Ramírez, el plan es abierto a nuevas propuestas de acciones que se deriven de las instituciones y los sectores.
