Organizaciones resaltan 13 puntos a considerar por los países firmantes del Acuerdo de Escazú

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil –incluidas costarricenses- presentaron una declaración con 13 puntos claves de cara a la tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3), que tiene lugar esta semana en Santiago de Chile.

La declaración, de hecho, es el resultado de un encuentro previo a COP3 -realizado el 19 y 20 de abril- que contó con una agenda de más de 45 actividades de intercambio, capacitación y reflexión conjunta sobre “la importancia de los derechos de acceso para el desarrollo de una sana democracia y la necesidad de asegurar la defensa de los derechos de quienes protegen los territorios y bienes globales comunes”.

Dentro de estos consensos se destaca la necesidad de elaborar un plan de acción de género, dar garantía de derechos a las personas defensoras así como contemplar a personas indígenas, migrantes y jóvenes en el proceso de implementación, entre otros.

Las organizaciones también dejan en evidencia la urgencia de que este tratado haga intersección con otros grandes temas, como es el cambio climático.

Y sigue: “El Acuerdo de Escazú debe contribuir al empoderamiento climático y a la generación de una ciudadanía informada y activa y a una sociedad con sistemas de justicia adecuados a fin de fortalecer la democracia ambiental”.

Implementación centrada en las personas

Para la sociedad civil, la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú debe considerar un enfoque intergeneracional para involucrar a las nuevas generaciones en la promoción de la justicia ambiental.

Pero, no sólo se trata de los niños y jóvenes. De allí que una de las recomendaciones sea la elaboración de un Plan de Acción de Género en el corto plazo. “Resulta clave reconocer los efectos e impactos diferenciados de las mujeres en materia de satisfacción de los derechos de acceso y para ello, es clave que los países acuerden la construcción de directrices para la efectiva transversalización de género en sus planes de implementación a nivel nacional”, se destaca en la declaración.

Otro grupo que se pide visibilizar en el proceso de implementación es el constituido por personas que han sido desplazadas forzosamente de sus territorios, migrantes y refugiadas climáticas o ambientales.

Para ello, uno de los primeros pasos es “definir el concepto de personas desplazadas forzosamente, migrantes y refugiadas climáticas y ambientales para establecerlo como una de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad que son prioritarios para efectos de acceso a la información y justicia ambiental”.

Para Gabriela Oviedo, abogada especialista en temas de movilidad humana y cambio climático del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), esta definición a nivel conceptual vendría a ayudar en el trabajo de incidencia que se realiza en pro de contar con una figura legal que brinde garantías de protección y genere mecanismos de acción estatal tanto en los países de origen como en los países receptores y tránsito.

Esto dado que muchas de las situaciones de movilidad humana que actualmente se están dando “no siempre encuadran con las figuras del derecho internacional existente”. “Por esa razón, es necesario que los Estados y la comunidad internacional busquen mecanismos para brindar, a estas distintas formas de desplazamiento, una figura que sea suficientemente fuerte para garantizar el acceso a otros derechos”, explicó Oviedo.

Por su parte, y en un ejercicio proactivo, los pueblos indígenas están solicitando contar con Caucus Indígena como espacio propio de y para personas defensoras indígenas, el cual esté integrado a las conferencias de las parte y cuente con apoyo técnico y financiero para su funcionamiento.

“Nos encontramos con una propuesta que con digno de respeto a la población indígena, en su nivel de participación de manera activa y efectiva, con las propuestas de implementar una mesa directiva, también implementar el Caucus indígena que ya se han dado en otros espacios y también tener una relatoría, que representa a los pueblos indígenas y con la propuesta también de sus amplios cumplimientos de las acciones que tiene el Acuerdo de Escazú”, señaló Jamner Manihuari, vice coordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

“En aras de seguir fortaleciendo la representatividad tal como son sus acuerdos de defensores y defensoras, son los espacios que acabamos de presentar y agradecer al espacio de la sociedad civil, que ayuda a construir un espacio objetivo, que trazamos desde muchos años. La COICA viene abogando esta participación para los espacios de los miembros de los pueblos indígenas en estos espacios. No podemos hablar de una democracia climática sin pueblos indígenas, esa es la justicia ambiental para los pueblos indígenas”, agregó Manihuari.

Desafíos

Durante la apertura de la COP3, Javier Medina Vásquez -Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)- habló que el Acuerdo de Escazú enfrenta tres desafíos.

“El primer desafío es lograr que todos los países de América Latina y el Caribe sean Parte. Hasta el momento, el Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países y cuenta con 15 Estados Partes. Hoy celebramos con orgullo que la Mancomunidad de Dominica se une al Acuerdo, y aunque no han logrado estar con nosotros en la sala, celebramos el depósito de su ratificación”, mencionó.

El segundo gran desafío, según Medina, es avanzar en la implementación de los contenidos del Acuerdo. Para lograr mayor justicia social, a la vez de proteger el medio ambiente, se requiere que la ciudadanía y, sobre todo, las personas y grupos en situación de vulnerabilidad cuenten con procedimientos que les faciliten el ejercicio de sus derechos a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, explicó.

“El tercer desafío nos remite al hecho de que vivimos en la región del planeta más peligrosa para las personas defensoras del ambiente. Cuidar a los que cuidan nuestro entorno es cuidarnos a nosotros mismos y asegurar nuestra capacidad para desarrollarnos. Confiamos que al final de estos tres días celebraremos la decisión que aprueba el plan de acción sobre la protección de los defensores ambientales”, enfatizó Medina.

La sociedad civil suma uno más: financiamiento para la implementación. “Es imperativo que los Estados Parte demuestren su compromiso con la implementación del Acuerdo de Escazú a través de aportes económicos significativos al Fondo Voluntario de Financiamiento”, se lee en la declaración.