Plan de acción es cada vez más urgente ante incremento de amenazas, asesinatos y criminalización de los defensores ambientales
La preocupante situación de los defensores ambientales en América Latina y el Caribe, quienes están viendo cómo sus derechos son violentados, fue el tema de fondo del Segundo Foro Anual sobre Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, el cual se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá del 26 al 28 de septiembre de 2023.
La reunión fue organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en colaboración con el Gobierno de Panamá, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), ONU Mujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Banco Mundial, esto en el marco de las conversaciones alrededor del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales del Acuerdo de Escazú, el cual se considerará en la tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3) a realizarse del 22 al 24 de abril de 2024 en Santiago de Chile.
En este sentido, este segundo foro se enfocó en analizar la situación de los defensores y defensoras, haciendo hincapié en la necesidad urgente de fortalecer la protección y crear un entorno seguro para aquellos que defienden el medio ambiente.
Situación crítica
Según el informe de la organización Global Witness, los asesinatos de ambientalistas se duplicaron en un año en Colombia, con un total de 60 víctimas en 2022. En 2021, se registraron 33 víctimas, lo que indica un aumento significativo en la violencia contra los defensores del medio ambiente en el país. Colombia siempre ha estado entre los países más peligrosos para los ambientalistas debido a su conflicto armado de medio siglo.
En cuanto a otros países de América Latina, se informa que Brasil tuvo 34 asesinatos de ambientalistas, México tuvo 31 y Honduras 14 en el año 2022. Estos números resaltan la preocupante situación en la región, donde el 88% de los asesinatos de ambientalistas a nivel mundial ocurrieron en América Latina.
Las causas exactas de los asesinatos no son siempre claras, pero según Global Witness, la mayoría de estos crímenes están relacionados con la agroindustria, la minería, la tala de árboles, el acceso al agua y la caza furtiva. Además, la violencia se dirige no sólo contra los adultos, sino también contra los menores de edad, con cinco casos reportados en Brasil, Colombia y México, tres de ellos siendo indígenas.
En la selva amazónica, que abarca ocho países, se registraron 39 asesinatos de defensores del medio ambiente en 2022. Esta región, clave para mitigar el cambio climático, está siendo devastada por la tala e incendios para dar paso a la ganadería, lo que representa una grave amenaza para el medio ambiente y la vida de los activistas.
A pesar de los esfuerzos por parte de algunos líderes políticos, como el presidente Gustavo Petro en Colombia, la violencia contra los activistas sigue siendo alarmante y persiste la impunidad en muchos casos. En Brasil, la hostilidad hacia los ambientalistas se agravó durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro, conocido por su negacionismo del cambio climático. En México, aunque hubo una disminución en los asesinatos en 2022 en comparación con 2021, la situación sigue siendo alarmante.
A esto se suma que las protestas contra proyectos extractivos son criminalizadas y perseguidas penalmente. "Los indígenas amazónicos somos perseguidos en Perú”, dijo la dirigente Elaine Shajian Shawit, de la región selvática de Loreto, a AFP. "La gente sale a las calles a protestar para que sean protegidos sus territorios, sus ríos, pero son denunciados penalmente", agregó.
El abogado chileno Carlos Baraona, quien vivió un calvario tras denunciar la tala ilegal de árboles en el sur de su país, contó su testimonio en el plenario del segundo foro para ejemplificar que todas las personas, no sólo los defensores o defensoras denominados como tales, pueden estar en riesgo.
"Yo no era activista, el caso mío es bien atípico, pues yo era un abogado independiente que trabajaba con el mundo privado", contó Baraona a la AFP. Mientras hacía un estudio de títulos de un predio forestal en 2004, descubrió tráfico ilegal de alerce, un árbol protegido, manejado por funcionarios forestales que "seguían las instrucciones de un senador".
El abogado denunció el hecho en una entrevista de televisión, pero se ganó una querella del senador. Fue condenado por injurias a 360 días de prisión, aunque cumplió la pena en libertad. "Pasé por tres juicios penales y un juicio civil con demanda millonaria", recordó el abogado de 56 años.
Su caso terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo fallo condenó a Chile en 2022, al invocar que el Acuerdo de Escazú protege a los defensores del ambiente. "Para mí esto es una larga historia de derrotas, pues fracasé en todos los juicios, hasta que la Corte consideró que soy una víctima y que Chile es culpable", señaló Baraona.
Es por ello que los participantes del foro, que representaron una amplia diversidad de realidades y perspectivas, incluyendo a pueblos indígenas y afrodescendientes que enfrentan discriminación y desigualdades, reconocieron la importancia de que el Plan de Acción refleje esta diversidad y se adapte a las necesidades de todos los defensores ambientales.
