¿Quién no quiere que el carbón se quede enterrado en Colombia?

El Gobierno de Gustavo Petro quiere reducir la minería de carbón térmico, el combustible fósil más intensivo en emisiones de dióxido de carbono. Su uso no solo ha causado la contaminación de suelos y fuentes de agua, sino que también ha impactado la salud pública. No obstante, en departamentos tradicionalmente carboníferos, aún hay muchos sectores que quieren impulsar su explotación, en medio de una disputa que no tiene salida fácil.

Por María Camila Bonilla

Aunque el gobierno de Gustavo Petro ha indicado que su intención es que en Colombia no se aprueben nuevos contratos de minería de carbón térmico a gran escala; en uno de los departamentos tradicionalmente carboníferos del país, algunos grupos piden que se reabran minas de carbón, con unos 460 millones de toneladas del mineral.

En departamentos del norte de Colombia, como La Guajira o Cesar, no se puede hablar de la minería de carbón sin también referirse, de alguna forma u otra, al desarrollo económico, a miles de trabajos e industrias y hasta a la identidad local.  Tres municipios del departamento del Cesar—La Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril—incluso son conocidos como el “Corredor minero” de esa región, pues, desde hace varias décadas, han funcionado minas de carbón térmico, principalmente para ser exportado a países como Turquía, Alemania, Chile, Israel y México.

El carbón térmico, utilizado para la generación de electricidad, es el principal recurso que se ha exportado durante décadas desde las minas de Drummond y de Prodeco, filial de la multinacional suiza Glencore, en Cesar. Entre 2013 y 2019, ambas empresas  produjeron al menos 313 millones de toneladas de carbón.

Sin embargo, a finales de 2021, un suceso interrumpió ese “reinado” de la minería de carbón. Prodeco renunció a tres de sus títulos mineros en el departamento, lo que terminó disminuyendo extensamente la actividad en varios municipios de Cesar, como La Jagua de Ibirico. Allí, miles de trabajadores de las minas han denunciado que la salida de Prodeco los dejó, básicamente, en el aire.

Así lo indica Silvio Mendoza, uno de los directivos del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón) y extrabajador de Prodeco, quien dice que, ahora, están esperando a que la empresa cumpla con sus responsabilidades sociales, ambientales y laborales. 

Además, agrega que otra de las peticiones del sindicato es que “por lo menos se termine de explotar el carbón que quedó ahí. En la mina de La Jagua se sabe que hay 90 millones de toneladas y en la de Calenturitas, 370 millones. Hay que aprovechar  esos recursos que están ahí”.

En enero de este año, incluso, un grupo de ciudadanos que, al parecer, fue respaldado por algunas empresas mineras, realizó una protesta en la que pidió al gobierno que reabra las minas de carbón que dejó Prodeco. 

Sin embargo, esto va directamente en contra de lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro en varias ocasiones, quien ha abogado por el “cero uso” del carbón y repetido que, durante su gobierno, no se entregarán nuevos contratos de minería de carbón térmico, a gran escala, a cielo abierto. Este es el mismo carbón que explotaban las minas de Prodeco y que sigue siendo protagonista en las exportaciones del país, desde la mina del Cerrejón, también filial de Glencore, en el departamento de La Guajira.

Es importante mencionar que el presidente también manifestó hace poco su intención de darle una “salida concertada” a la operación del Cerrejón, así como de evitar la expansión de la actividad en la zona, por los posibles impactos que podría tener en algunas fuentes hídricas.

Una fecha de salida inminente

Aunque la mayor parte del carbón térmico extraído en Colombia se exporta, para 2019 el país todavía utilizaba el mineral para generar el 9% de la energía eléctrica total, además de aportar el 30 % del consumo energético final del sector industrial.

Pero este combustible fósil, como ha advertido en varias ocasiones la Agencia Internacional de Energía (AIE), es el que más emite dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero (GEI) más asociados al cambio climático.

A nivel local, en departamentos como Cesar, también se han documentado las consecuencias de la minería de carbón en los ecosistemas y la salud de las personas de municipios mineros. Andrea Cardoso, PhD en Ciencia y Tecnología Ambientales, y quien ha investigado sobre la cadena productiva del carbón y su salida, realizó un estudio hace unos años sobre el costo de los pasivos ambientales de la extracción de carbón en Cesar.

Concluyó que las regalías que trae la minería de carbón no compensan los costos causados como la contaminación del suelo, del aire y del agua, así como los impactos en la salud pública. “Incluso si la tonelada de carbón se está vendiendo a un alto precio, no se compensan los otros impactos”, dice.

Incluso si no se tuvieran en cuenta estos efectos, hay otro factor que hace más probable que la “fecha de salida” del carbón sea cada vez más inminente: el mismo mercado. Algunas estimaciones proponen que, aunque el precio internacional del carbón está en un máximo histórico—como resultado de la invasión rusa a Ucrania—esta tendencia solo se mantendrá durante esta década. 

De hecho, de acuerdo con Felipe Corral, investigador que ha analizado las tendencias del carbón en Colombia, su precio está disminuyendo antes de lo anticipado. Agrega que, como el carbón térmico del país se exporta casi por completo, “en el momento en que países como Turquía o Alemania lo encuentren a un mejor precio, la operación en Colombia se podría ver muy afectada”.

Por todas estas razones, es probable que el carbón sea uno de los primeros combustibles fósiles que países como Colombia decidan eliminar progresivamente. 

¿Hay compromisos para decirle adiós al carbón en Colombia?

Hasta hace relativamente poco, en el país se empezó a hablar sobre los compromisos para dejar de lado el carbón. Por ejemplo, dentro de la contribución nacionalmente determinada de Colombia (NDC por sus siglas en inglés)— que constituyen las promesas de cada país para disminuir los gases asociados al cambio climático—escasamente se menciona al carbón.

De hecho, hasta su última actualización en 2020, ese documento solo establece que, para 2025, se tendrá un instrumento de planificación en el Ministerio de Minas y Energía para la minería de carbón que cuente con “lineamientos de cambio climático orientados al aseguramiento de las condiciones de operatividad integral bajo nuevos escenarios de demandas operativas y ambientales”.

El presidente Petro, en cambio, estableció como una de sus banderas, desde su programa de gobierno, la descarbonización de la economía y el abandono progresivo de combustibles fósiles como el carbón, para “generar capacidades nacionales que nos permitan enfrentar los efectos del cambio climático y contribuir con ello a superar la crisis ambiental global que pone en juego la vida”.

Y, de hecho, esa era una de las propuestas que el gobierno de Petro había apuntado a incluir dentro de su Plan Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta del país para los próximos tres años.

En el borrador del documento estaba incluido el artículo 186 que, precisamente, buscaba prohibir los nuevos contratos de carbón térmico a cielo abierto, a gran escala. Como explica Álvaro Pardo, director de la Agencia Nacional Minera (ANM), este artículo propuesto por esta entidad y el Ministerio de Minas y Energía “es consecuente con la política ambiental del país”.

Sin embargo, antes de que ese borrador quedara aprobado como ley, el artículo sobre la minería de carbón térmico se cayó. De acuerdo con fuentes conocedoras del tema, que siguieron de cerca los debates del Congreso, el representante de la Cámara por el partido de la U, José Eliécer Salazar, fue quien lideró la oposición al artículo.

Salazar, oriundo de Cesar, argumentó en ese momento que el artículo afectaría directamente al departamento y a miles de familias que dependen, directa e indirectamente, de la minería de carbón.

Para Pardo, de la ANM, lo que sucedió es que en el Congreso “se propagaron versiones contrarias” a lo que realmente pretendía el artículo. “Corrió una versión de que se iba a acabar con las explotaciones de carbón que ya existen, como Cerrejón o Drummond, pero eso no es cierto, los contratos existentes nunca se iban a ver afectados”, explica.

Ante la “presión” de representantes gubernamentales, Salazar explicó en una entrevista con el medio regional El Pilón que se tuvieron que buscar aliados, y los encontró en todos los miembros de las Comisiones Económicas del Congreso”, así como en el director Nacional de Planeación, Jorge Iván González y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. 

En particular, la Comisión Tercera Constitucional, que maneja los temas de Hacienda y Crédito Público, está integrada por 33 miembros de la Cámara de Representantes y 17 del Senado. A mitad de este año, tuvieron lugar las votaciones por las presidencias de las comisiones y la económica quedó en manos de conservador Efraín Cepeda, uno de los críticos más grandes del Gobierno de Petro.

Después de que se cayera el artículo 186, la ANM ha mantenido que no se entregarán nuevos contratos de este tipo de minería, ya que es una decisión del ejecutivo. Pero para expertos consultados para este reportaje, es claro que el PND le habría dado un respaldo legislativo a esa política. 

Además de esto, el Gobierno no ha expresado nada más sobre qué pasará con el carbón, aunque su reciente unión a la alianza “Powering past coal” da algunas pistas. Para unirse a ese grupo, los gobiernos deben comprometerse a detener la construcción de nuevas centrales de carbón, dejar de proporcionar financiación internacional al carbón y fijar una fecha de eliminación progresiva para el combustible fósil.

Los actores que siguen impulsando la minería de carbón en Cesar

En La Jagua, uno de los municipios mineros del Cesar—y de los más afectados por el abandono de las minas de Prodeco—es poco común encontrar a una persona que esté abiertamente en desacuerdo con reabrir las minas de carbón, según Mendoza, extrabajador de Prodeco.

Dice que, aunque en el municipio están de acuerdo con las políticas del gobierno, “una cosa es la transición energética y otra la reconversión productiva de las comunidades”. De los 8.000 trabajadores que estaban en ambas minas de carbón, varios todavía están esperando respuesta sobre qué opciones de empleo tendrán para el futuro. “No estamos viendo una transición justa, solo desempleo”, agrega el sindicalista.

Y es que el Gobierno no ha presentado una estrategia clara y específica para el caso de los exmineros de Cesar. Ha afirmado que buscará consolidar en la región un “corredor de la vida”, donde se consolide una nueva economía. A finales del año pasado, la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, anunció que, junto al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), se adelantarían capacitaciones para vincular a los extrabajadores a un nuevo mercado laboral.

Sin embargo, según fuentes consultadas para este artículo, el Gobierno no ha logrado dar una solución sólida a la crisis en La Jagua de Ibirico. Los planes anunciados no se han logrado concretar, por lo que la posición del Gobierno aún se percibe, casi totalmente, como discursiva.

Estas preocupaciones han sido protagonistas en jornadas de protestas que han tenido lugar en La Jagua de Ibirico desde noviembre del año pasado. Sin embargo, durante esas jornadas, líderes locales también han reportado que no son solo ciudadanos participando en esos espacios.

En algunas de las protestas, indicaron, ciertas empresas del sector minero estuvieron apoyando en la logística. Por ejemplo, se vieron vehículos de la empresa Drummond, que llegaron con refrigerios para los manifestantes, así como de Prodeco, que contaba con agua para quienes protestaban.

En la región, las empresas mineras, históricamente, han empleado varias estrategias para seguir impulsando sus intereses. Según Elisa Arond, investigadora del Instituto de Ambiente de Estocolmo (SEI por sus siglas en inglés) una de ellas es que las empresas se han apropiado y adaptado al discurso de la transición energética, utilizando expresiones como que “la transición justa tiene que ser gradual y que la minería es necesaria para obtener los recursos que faltan para la transición”.

La alcaldía local, por su parte, es otro actor que también está interesado en que continúe la minería para el municipio. Como expresa Ovelio Jiménez, alcalde de La Jagua de Ibirico, la salida de Prodeco dejó una crisis “sin precedentes”. No solo provocó una reducción de más del 50 % de las ganancias del municipio en industria y turismo, sino que, en general, afectó “entre el 80 y 90 % de la economía local”.

Por eso, opina que, si hay recursos de carbón, “¿por qué no reabrir las minas? Incluso si solo bastan durante seis años más, esos recursos sirven para el empleo del municipio y para poder financiar la transición energética”. Explica que las ganancias de la minería servirían para desarrollar “proyectos estratégicos para la transición”, como energías renovables, “que todavía no tenemos en La Jagua”.

¿Cuáles son las posibilidades de que se reabran las minas en Cesar?

Ya se van a cumplir dos años desde que el Gobierno colombiano aceptó que Prodeco renunciara a las minas en Cesar. Hasta ahora, no hay una respuesta clara sobre lo que pasará con el carbón que está ahí. Según lo que han reportado algunos medios nacionales, empresas de Alemania, China, Japón y Estados Unidos estarían interesadas en las minas y, para mediados del año pasado, cinco compañías específicamente estaban habilitadas para entrar en concurso por las minas: Drummond, Colombian Natural Resources II y III, Comercializadora Internacional Milpa y el Consorcio Cyprus Latam.

Sin embargo, en agosto de 2022, la ANM y un tribunal del país ordenaron suspender este proceso de licitación de las minas. Por ahora, indicó el director de la ANM, la prioridad es liquidar los títulos de Prodeco pues, hasta la fecha, ese proceso ni siquiera ha finalizado.

Una vez termine ese proceso, probablemente, será más fácil saber si la promesa de Petro, de no entregar más contratos de gran minería de carbón, se mantendrá. Por ahora, la Agencia Nacional de Minería indica que el carbón metalúrgico, producido en regiones como Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarcá y Córdoba, será uno de los enfoques para la transición energética.

A partir de este mineral, se produce coque, material esencial para la producción de acero. Como explica Pardo, el acero será necesario para construir turbinas eólicas, por ejemplo, porque es un “material de la transición energética”. El investigador Corral, sin embargo, hace la aclaración de que el carbón metalúrgico no podrá reemplazar el “hueco” que dejará el térmico.

Explica que, en su pico, se llegaron a producir 100 millones de toneladas para la exportación de carbón térmico, mientras que el metalúrgico habrá llegado a 12 millones de toneladas, como máximo. “No vamos a pasar de producir eso a llegar a los 50 millones de toneladas, por ejemplo; no es costo eficiente”, dice.

Otros países, como Australia, Mozambique o Rusia producen ese tipo de carbón a un precio “mucho menor”, por lo que el mercado para este “no es infinito”. Si el país quisiera apostarle a su mercado interno, por otra parte, este no tendría la capacidad de “absorberlo”, indica. Dentro de Colombia, solo hay una instalación industrial, Acerías Paz del Río, que utiliza el coque para producir acero nacional.

Aunque la apuesta del Gobierno es desarrollar una industria en torno a las energías renovables, lo que también implicaría apostarle al acero, Corral recuerda que ese proceso no es tan sencillo y, sobre todo, es demorado.

El inicio del próximo año, probablemente, traerá más certezas sobre cuál es, exactamente, el plan del Gobierno para la transición energética. En febrero de 2024 se publicará la Hoja de Ruta para la Transición Energética Justa, el documento que especificará los plazos para realizar los cambios y qué pasará, por ejemplo, con el carbón en Colombia en los próximos años.  

Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina