Reparar, no desechar: abordando el problema de los residuos electrónicos

Si comparamos nuestras vidas actuales con las de hace 15 años, la cantidad de dispositivos electrónicos de uso diario era significativamente menor. En 2010, una familia latinoamericana promedio contaba con un reproductor de música, una computadora de escritorio, teléfonos fijos y, en algunos casos, un beeper o teléfono celular.

La evolución de los aparatos electrónicos ha impactado áreas como el aprendizaje, la comunicación, la limpieza y hasta la industria automotriz. Sin duda, estos dispositivos han mejorado la eficiencia, la comodidad y la conectividad en nuestra vida diaria. 

Hoy, gracias a avances como las baterías de litio y nuevas tecnologías, es común usar más de 20 dispositivos electrónicos en el día a día. El cambio de las baterías convencionales por las de litio ha sido fundamental. Las baterías de litio, al ser recargables y de mayor duración, han permitido la producción masiva de productos más accesibles para el consumidor. 

No obstante, junto a este progreso han surgido nuevos problemas: conflictos armados y socioambientales provocados por la minería en países en desarrollo. Ejemplo de ello es el caso de países latinoamericanos como Perú, donde protestas de los habitantes contra el proyecto de mina de cobre de Tía María han dado lugar a un elevado número de heridos e inclusive la muerte de al menos dos personas.  

Un problema significativo surge del manejo inadecuado de los residuos tóxicos y contaminantes. Se ha comprobado que muchos países europeos exportan ilegalmente sus desechos a países en desarrollo en los continentes asiático y africano. Esta práctica ha dado lugar a un nuevo mercado laboral caracterizado por la escasa regulación en el manejo de estos residuos. 

Según estimaciones de diversas fuentes, en 2022, Europa es responsable de enviar, al menos, 1,1 millones de toneladas de residuos electrónicos anualmente a África y Asia. Las repercusiones del manejo inadecuado de estos residuos pueden incluir contaminación directa del aire, el suelo y fuentes de agua, las cuales pueden ser transferidas a alimentos. Los residuos tóxicos también afectan gravemente la salud humana, generando problemas como quemaduras, dificultades respiratorias, migrañas y otras afecciones.

Un tercer problema es la producción lineal y obsolescencia programada. Sí, esta última es la que obliga a cambiar el celular a los dos años porque empiezan las dificultades y no es como antes cuando las familias utilizaban la misma lavadora o cocina tras los 30 años de matrimonio de los padres. La proliferación de cargadores y adaptadores, entre otros, es el cuarto problema; ya que se diseñan para un tipo de dispositivo en particular.

Estos desafíos, junto con el aumento del consumismo global, han generado una presión sobre las cadenas de suministro y materias primas, resultando en una cantidad desproporcionada de residuos electrónicos. 

Convertida  en una problemática ambiental silenciosa, lo cierto es que  en muchos países aún no existen mecanismos adecuados para desechar estos residuos de manera responsable. Según la BBC, se prevé que, en 15 o 20 años, el descarte de dispositivos más complejos, como los paneles solares o las baterías de vehículos, sea uno de los mayores retos ambientales.

Para enfrentar esta problemática, alrededor del año 2000, surgió el concepto de "derecho a la reparación". Este movimiento comenzó en la industria automotriz en Estados Unidos, donde en 2012 se aprobó la primera ley estatal que obligaba a los fabricantes a proporcionar la información necesaria para la reparación de vehículos. 

Con el auge de la industria electrónica, los consumidores comenzaron a notar que muchos dispositivos se volvían más complejos y costosos de reparar, lo que impulsó demandas similares en Estados Unidos y Europa, y el surgimiento de iniciativas como iFixit y Repair.org para otros tipos de dispositivos electrónicos. 

Estas iniciativas, junto con la preocupación por la obsolescencia programada y el impacto ambiental de los residuos electrónicos, llevaron a la creación de marcos legales más sólidos que promueven la economía circular. Un ejemplo en la legislación europea es la obligación de que los teléfonos móviles utilicen un único tipo de cargador, obligando a los productores a estandarizar los productos con el fin de reducir la producción de cargadores. Además, se han desarrollado normativas, como la responsabilidad del productor, que hacen responsables a los fabricantes del ciclo de vida de sus productos.

Según el Global E-waste Monitor 2020 de Naciones Unidas, cada persona genera un promedio de 7,6 kg de residuos electrónicos al año, lo que se traduce en alrededor de 62 millones de toneladas anuales. Esta estimación muestra también cómo al desarrollarse más tecnología y aumentar el consumo de electrónicos a nivel mundial, es posible que se generen muchos más desechos en los próximos años. 

El informe también menciona que la cantidad de residuos crece a un ritmo cinco veces superior al que se tiene la capacidad de procesar como reciclaje. La huella de carbono promedio de reciclar una tonelada de residuos electrónicos se estima en aproximadamente 1,5 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) equivalente. Esto incluye la recolección, el transporte y el consumo de energía durante el proceso de reciclaje. 

Independientemente de su disposición final, uno de los mayores retos sigue siendo las diferencias en la capacidad del correcto manejo, descarte y reciclaje de los residuos electrónicos que se puede desarrollar en países desarrollados y en vías de desarrollo.  

Este número varía según el país, influenciado por el consumismo y la obsolescencia programada, donde algunos consumidores cambian de teléfono cada año debido a la aparición de nuevos modelos.

El derecho a la reparación viene a contrarrestar esto al fomentar un ciclo de vida más largo para los productos electrónicos, reducir la necesidad de extraer recursos naturales y disminuir la huella de carbono. Además, empodera al consumidor, permitiéndole tomar decisiones más responsables.

Y usted, ¿cuántos dispositivos electrónicos utiliza a diario? ¿Qué le parece la idea de no cambiar de teléfono cada dos años? ¿Exigiría su derecho a la reparación?

Maricruz Vargas es gestora en Ambiente y Política. Este artículo forma parte del proyecto Nuevas Plumas de Ojo al Clima.