Subsidios a los combustibles fósiles, los grandes ausentes en la discusión sobre la reforma financiera del clima

Echando mano de una pancarta transparente que parecía que flotaba, activistas aprovecharon el efecto óptico para transformar la Torre Eiffel en una enorme turbina eólica, junto a las palabras “Fin a la financiación fósil” y “Que paguen los contaminadores”.

Con ello, pretendían llamar la atención de los líderes mundiales que asistieron a la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Global, organizada por el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra de Barbados Mia Mottley, la cual tuvo lugar en la ciudad de París, los días 22 y 23 de junio de 2023.

La cumbre pretendía visibilizar la necesidad de reformar la actual arquitectura financiera mundial para que sea más eficaz y equitativa, de manera que permita a los países, sobre todo a los más vulnerables, enfrentar las diferentes crisis interconectadas como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la pobreza. “Ningún país debe tener que escoger entre reducir la pobreza y proteger el planeta”, declaró Macron al inaugurar la reunión.

La idea de reforma fue acogida por consenso por parte de los 40 mandatarios que asistieron a la cita, entre los que se encontraban los presidentes de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva) y Colombia (Gustavo Petro).

Conceptualizada como un laboratorio de ideas para trazar una hoja de ruta a discutirse en próximas reuniones internacionales, esta cumbre puso sobre la mesa propuestas como un gravamen al comercio marítimo, ampliar la capacidad de préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, aliviar la deuda de los países más vulnerables y movilizar al sector privado.

Sin embargo, el freno a los subsidios a los combustibles fósiles –cuya quema es la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al calentamiento global- ni siquiera estuvo presente en el evento oficial, aunque sí en boca de la sociedad civil.

“Para alcanzar estos objetivos (limitar el calentamiento), la mayoría de los científicos coinciden en que los combustibles fósiles deben permanecer bajo tierra y que el mundo debe hacer la transición a la energía limpia lo antes posible. Sin embargo, los bancos han seguido financiando cada año, directa e indirectamente, miles de millones de dólares destinados a los combustibles fósiles”, señalaron activistas agrupados en Glasgow Actions Team y la coalición The Big Shift Global.

En este sentido, los activistas pidieron al Banco Mundial y a los países del Norte Global dejar de “financiar los combustibles fósiles y, en su lugar, ayudar al Sur Global a realizar una transición inmediata hacia las energías limpias, pagando al mismo tiempo para ayudar a los países a adaptarse a los daños inevitables de la crisis climática que ya están ocurriendo”.

Alto financiamiento a combustibles fósiles

La cumbre se realizó en un contexto de desconfianza por parte de los países del Sur Global, los cuales se quejan de estar escuchando al Norte Global decir que no tiene dinero para financiar acciones orientadas a atender el cambio climático y la pobreza, pero no dudan en subsidiar proyectos de energía basados en combustibles fósiles.

“Está muy bien hablar de la arquitectura financiera internacional, pero necesitamos plazos, y de momento no los estamos viendo. Si empezamos a hacer todo esto en la década de 2030, será mucho más caro y las soluciones serán bastante más difíciles”, dijo Sara Jane Ahmed, consejera financiera del Grupo de los Veinte Países Vulnerables (V20), a AFP. Este grupo consta de 58 países, incluyendo once naciones de América Latina y el Caribe como Colombia, Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

Precisamente la semana previa a la cumbre, el Banco Mundial publicó un informe donde se señala que actualmente se conceden US$1,25 billones anuales en subvenciones directas a los sectores agrícola, pesquero y combustibles fósiles. Además de US$6 billones anuales en subsidios implícitos.

Específicamente, los subsidios a los combustibles fósiles representan casi seis veces lo que los países se comprometieron -en el marco del Acuerdo de París- a destinar anualmente para energías renovables y desarrollo bajo en carbono.

Solo en 2021, se otorgaron US$577.000 millones en subvenciones gubernamentales para reducir de manera artificial el precio de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Un año más tarde, las grandes petroleras reportaron beneficios récord obtenidos en el 2022, debido a la demanda de crudo y gas combinada con la guerra Rusia-Ucrania. Y todo apunta a que esta tendencia continuará en 2023.

De hecho, cuatro de las cinco empresas más importantes de petróleo (Shell, Chevron, Exxon Mobil y Total Energies) batieron su récord de beneficio neto en 2022, mientras que BP batió un récord dejando al margen elementos excepcionales. En total  sumaron US$151.000 millones en beneficios.

En otras palabras, los países están subsidiando a un sector que no lo necesita y además es impulsor del calentamiento global, mientras que otros sectores están viendo cómo sobrellevar la crisis climática.

“Se dice que no hay dinero para el clima pero hay, solo que está en los lugares equivocados”, dijo Axel van Trotsenburg, director del Banco Mundial, y agregó: “si pudiéramos redireccionar los billones de dólares despilfarrados en subsidios y darles un uso mejor y más ecológico, podríamos abordar muchos de los retos más acuciantes del planeta”.

Según el informe, reformar los subsidios puede “eliminar incentivos distorsionados que obstaculizan los objetivos de sostenibilidad, pero también puede desbloquear una importante financiación nacional para facilitar y acelerar los esfuerzos de desarrollo sostenible”. De hecho, el Banco Mundial calculó que se liberaría al menos medio billón de dólares.

Los países no son los únicos. “La financiación de los combustibles fósiles por parte de los 60 mayores bancos del mundo ha alcanzado los US$5,5 billones en los siete años transcurridos desde la adopción del Acuerdo de París, con US$673.000 millones solo en 2022”, concluye un informe realizado por las organizaciones Rainforest Action Network (RAN), BankTrack, Indigenous Environmental Network (IEN), Oil Change International (OCI), Reclaim Finance, Sierra Club y Urgewald.

Según el informe, “la financiación de los combustibles fósiles sigue dominada por un puñado de bancos con sede en Estados Unidos, Canadá y Japón. Estados Unidos, Canadá y Japón”.

Pero, el financiamiento directo o indirecto a los combustibles fósiles está lejos de ser el único problema. Estos flujos de dinero propician distorsiones en el sistema que resultan perversas. Un estudio, realizado Overseas Development Institute (ODI), alertó sobre la preocupante magnitud del endeudamiento por combustibles fósiles en los países de renta baja y media.

La investigación evidenció la excesiva dependencia de la extracción de combustibles fósiles por parte de países de renta baja y media para hacer frente a los pagos resultantes de deudas adquiridas, lo cual termina por sumirlos en un círculo vicioso: el aumento de los pagos de la deuda incentiva a los países a ampliar la producción de gas y petróleo para generar ingresos con los que hacer frente a lo adeudado.

Los países de renta media tienen un ingreso nacional bruto per cápita de entre US $1.026 y US $12.375 millones. Al no calificar para ser receptores de subvenciones, estas naciones se ven obligadas a recurrir a préstamos para atender la crisis climática. De hecho, once de los países más vulnerables al cambio climático financian sus proyectos de mitigación y adaptación, incluso su reconstrucción tras una emergencia, mediante préstamos. Su dependencia de deuda oscila entre 61% y 84%.

Reformar las instituciones de Bretton Woods

El tema que sí estuvo presente en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Global fue la necesidad de revisar la arquitectura financiera internacional que nació con los acuerdos de Bretton Woods en 1944, cuando la prioridad era reconstruir Europa tras la II Guerra Mundial.

La Primera Ministra de Barbados propuso esta reforma durante su intervención en la COP27. Ahora, en la cita parisina, Mottley varió el lenguaje: pasó de sugerir “una reforma” a exigir “una transformación absoluta”.

Los acuerdos de Bretton Woods crearon el FMI y el Banco Mundial. Esta propuesta de reforma es uno de los puntos centrales de la Iniciativa Bridgetown, liderada por Mottley. Este plan se basa en tres petitorias a las entidades financieras: proporcionar liquidez de emergencia, ampliar los préstamos multilaterales a los gobiernos en US$1 billón y activar la participación del sector privado en la mitigación climática y financiar la reconstrucción tras un desastre climático a través de nuevos mecanismos multilaterales.

En las reuniones de primavera, realizadas en abril del presente año, el FMI y el Banco Mundial empezaron a discutir su eventual reforma, la cual debe quedar a punto en la próxima reunión a realizarse en octubre en la ciudad de Marrakech (Marruecos).

Durante la cumbre de París, se retomaron algunos de los puntos inspirados en la Iniciativa Bridgetown. Por ejemplo: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España y Barbados, entre otros, acordaron con el Banco Mundial un sistema para suspender la devolución de la deuda en caso de desastres.

Asimismo, el Banco Mundial anunció que ampliará su ayuda internacional mediante nuevos instrumentos. La principal novedad, según explicó Ajay Banga (presidente del banco multilateral), será “ofrecer una pausa en el pago de la deuda para que los países puedan centrarse en lo que importa cuando hay una crisis, y dejen de preocuparse por la factura que está por llegar”.

Concretamente, la institución financiera prevé integrar esa nueva cláusula en los acuerdos que establezca con los países más vulnerables.

Otra medida anunciada por Banga es ofrecer avales a los países para llevar a cabo proyectos de desarrollo y también crear un mecanismo que aligere “las barreras a la inversión privada en los países emergentes”, esto con tal de asociar dicha inversión a la acción climática. Asimismo, el banco reiteró su compromiso de aumentar su capacidad de financiación en US$50.000 millones en los próximos diez años.

En cuanto al FMI, en el 2021, la comunidad internacional acordó una emisión de derechos especiales de giro en el orden de US$650.000 millones. De estos, US$33.000 millones debían ir a los países africanos.

Los Estados que son miembros del FMI quisieron ir un poco más lejos y aumentaron el monto para alcanzar los US$100.000 millones. Aunque con retraso, la meta se cumplió. “El objetivo se fijó en US$100.000 millones y en este momento alcanzamos el objetivo, tenemos los US$100.000 millones”, declaró Kristalina Georgieva, directora del FMI, durante la cumbre.

Al respecto, Climate Action Network (CAN) –que agrupa a diversas organizaciones de la sociedad civil- criticó a la cumbre por hacer parecer “algo viejo” como “nuevo” y lamentó la idea de una posible suspensión de los reembolsos “en lugar de una cancelación completa de la deuda”.

A los pies de la Torre Eiffel

Un día después de que los activistas convirtieran la Torre Eiffel en una turbina eólica, Luiz Inácio Lula da Silva –presidente de Brasil- escogió el mismo escenario para decir que los países ricos “contaminaron el planeta en los últimos 200 años, al hacer la revolución industrial y por eso deben asumir ahora la responsabilidad (...) de financiar a los países en desarrollo”, consignó AFP.

La discusión alrededor de las finanzas climáticas está lejos de acabar en París. La “hoja de ruta” seguirá en construcción en las próximas reuniones del G20 a realizarse en India en setiembre y Brasil en 2024, así como en la COP28 que tendrá lugar en Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

Lo cierto es que, para 2030, los países en desarrollo, excluyendo a China, deberán estar invirtiendo más de US$2,4 billones anuales para responder a la crisis climática.