Año con año, cuando se perfilan las metas en materia de cambio climático para Costa Rica, los cientos de miles de vehículos particulares del país emergen como el principal desafío a vencer para cumplir la esquiva meta de “descarbonizar” la economía.
Del mismo modo, año con año, el transporte aparece como la gran deuda de la acción climática tica.
Desde que en 2009 Costa Rica anunció al mundo su compromiso de ser carbono neutral para el 2021, el país logró aumentar levemente su cobertura forestal, implementar nuevas prácticas verdes en fincas ganaderas y cafetaleras, y acreditar docenas de empresas con huella de carbono cero; el transporte, sin embargo, se resiste al cambio.
“Resolver las emisiones de nuestro país empieza por resolver el transporte público a nivel del Gran Área Metropolitana”, explica la viceministra de energía, Irene Cañas.
¿Por qué dice esto Cañas? Porque en el país, más de la mitad de las emisiones de dióxido de carbono (CO2, el gas de efecto invernadero más común) está relacionada al consumo de gasolina y diésel que hacen carros, motos, camiones de carga y otros vehículos.
Visto de otra manera: Costa Rica desea reducir las emisiones de CO2, que en su mayoría provienen del transporte, pero para hacerlo necesita librarse del creciente número de vehículos que atiborran las calles del país.
“Bajo ese modelo, estamos condenados a aumentar congestión vial, con el agravante de los vehículos contaminan más en ralentí (velocidad mínima). Estamos apostando a un sistema que nos encierra y que nos hace contaminar más”, señala por su parte la viceministra de Transportes, Liza Castillo.
Los datos ticos marcan un contraste claro con los datos mundiales: mientras en Costa Rica el transporte representa 54% del CO2, año sí y año también, este sector representa solo 28% de las emisiones globales.
Esto ocurre porque nuestro país está mucho más avanzado en materia de electricidad (donde está la principal carencia a nivel mundial), pero no ha logrado contagiar este éxito al sector transporte.
Pero también significa que Costa Rica puede aprovechar la ventaja que tiene en algunos campos, como la electricidad, para apalancar el cambio en las calles.
Autobuses.
Desde el 2009, cada año se han inscrito más vehículos nuevos que en el anterior y también cada año ha aumentado la cantidad de combustibles para vehículos (súper, plus91 y diésel) que se vende en Costa Rica.
Por esto, autoridades estatales, informes especializados y expertos de la sociedad civil coinciden en el diagnóstico: cualquier esfuerzo que haga Costa Rica por llegar a la carbono neutralidad debe estar enfocado en reducir la cantidad de vehículos circulando y potenciar el uso de autobuses, trenes y bicicletas.
“La medida con mayor impacto (>70% del impacto total) es el fomento del transporte público combinado con medidas de manejo de la demanda”, dice el informe Opciones de Mitigación de GEI para el Sector de Transporte de la GAM preparado por la consultora Grütter Consulting.
Según este informe, un detallado análisis de la situación en la Gran Área Metropolitana presentado al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) a finales del 2016, las medidas urgentes involucran modernizar y reorganizar el sistema de transporte público de Costa Rica, particularmente los autobuses.
El documento plantea que el país necesita contar con autobuses de mayor capacidad de carga, con un sistema tarifario integrado y carriles dedicados que permitan mayor velocidad.
“Le debemos a la población costarricense una solución integral, de manera que el ciudadano se sienta cómodo dejando el vehículo en casa y viajando en transporte público”, dijo la viceministra Cañas.
Si se cumplen estas condiciones, el país “podría revertir la tendencia de un aumento de la participación del transporte particular y una reducción del transporte público”.
Así, el país evitaría 4.1 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) por mejoras en la eficiencia del transporte público, prácticamente sin tomar en cuenta el impacto del tren (evitar no es necesariamente reducir la contaminación actual, sino tomar medidas para que estas emisiones no ocurran).
En el 2012, año base para varios cálculos, el país liberaba poco más de 12 megatoneladas de CO2, una medición que integra diferentes gases de efecto invernadero para poder unificarlos en una sola cifra. Aquí están contemplados moléculas dañinas para la atmósfera, como el metano y los óxidos nitrosos.
Soluciones.
Antes que pensar en cómo se mejoran las gasolinas o se cambian los vehículos actuales por modelos eléctricos, las autoridades del país deben considerar otra idea, dice la ingeniera ambiental Andrea San Gil: evitar el desplazamiento.
San Gil, directora del Centro para la Sostenibilidad Urbana, plantea tres etapas para reducir la dependencia costarricense del petróleo y los vehículos particulares: evitar los desplazamientos, cambiar las prácticas de movilidad por la ciudad y después mejorar los sistemas actuales.
La ingeniera reclama que Costa Rica no ha tomado medidas para poblar las ciudades y hacer asequible vivir en zonas urbanas donde podrían evitarse desplazamientos motorizados al tener cerca de casa el trabajo, los centros de estudio o destinos comunes como supermercados y locales comerciales.
“Ahora la gente vive más lejos, el sistema (de transporte colectivo) no se ha mejorado y cada vez es más fácil adquirir un vehículo, que se convirtió en una cosa de estatus”, dice San Gil.
Con un adecuado sistema de planificación urbana se podrían “evitar” muchas de las emisiones, asegura la ingeniera. Esta no fue una hipótesis analizada por la consultoría de Grütter Consulting.
Sin embargo, siempre habrá una necesidad de movilidad dentro de las zonas urbanas y la apuesta es cambiar los medios de transporte que usa la gente. Para hacer esto, San Gil recomienda poner sobre la balanza las ventajas que ofrece cada uno: velocidad, precio, seguridad e información.
“Ahorita el medio de transporte más competitivo es el carro, porque es más seguro, uno va cómodo y llega más rápido. Pero hay gente que, por ejemplo, ya cambió carro por tren, porque llega más rápido o porque puede leer. ¿Qué opciones podemos dar entonces?”, apunta San Gil.
Como respuesta a esta pregunta, enunciada miles de veces en talleres, foros e informes durante los últimos años, la actual administración le apuesta al programa “Costa Rica se Mueve”, un plan de modernización del transporte público que lidera la viceministra Castillo y que se basará en un decreto publicado a inicios de febrero.
“Tenemos que permitirle a la gente viajar en bus, en tren y en bicicleta de manera coordinada, con herramientas que les permitan saber y predecir cuánto va a durar su viaje”, señala la viceministra.
En la última etapa del programa, que se ejecutará en el primer semestre del 2017, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) implementará un plan piloto para dar prioridad de paso para los autobuses y diseñar un sistema de pago electrónico.
Para este último punto, en enero firmó un convenio entre el MOPT, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y el Banco Central que permitirá el diseño de este sistema de pago electrónico.
Este programa incluye el plan de sectorización que impulsó el MOPT hasta el año pasado y que implica reducir la cantidad de rutas que entran en San José y crear sistemas unificados de trasbordos y nodos de integración.
Con estos primeros pilotos, el Gobierno buscará “convencer” a la ciudadanía a dejar sus vehículos en casa y moverse por la ciudad en transporte colectivo.
Otro cambio que permitiría reducir el uso del transporte particular es fomentar la movilidad no motorizada, que incluye invertir en ciclovías y zonas peatonales.
Mejorar.
Las medidas con menor impacto, pero que no pueden dejarse de lado, son aquellas destinadas a mejorar los sistemas actuales.
En el caso de las gasolinas, el Minae y la Refinadora Costarricense de Petróleo empezarán a importar gasolina de mejor calidad a partir del 2018, luego de estandarizar sus compras internacionales bajo el esquema Euro IV, un sistema europeo de calidad.
Con esta mejora en combustibles, los importadores de autos estarán obligados a traer al país únicamente aquellos vehículos que funcionen también con la tecnología Euro IV. Esta medida empezará a regir a partir del 1 de enero de 2018.
Otras medidas que impulsa el Ejecutivo es el etiquetado de vehículos, de manera que cualquier unidad que se venda en Costa Rica, sea nueva o usada, tenga una hoja informativa con datos de su rendimiento (en materia de kilómetros por litro) y de sus emisiones de gases contaminantes.
Esto va de la mano con otras medidas para hacer más eficiente la flota vehicular, como los proyectos de Ley para incentivar el transporte eléctrico en Costa Rica (impulsado por los oficialistas Marcela Guerrero y Franklin Corella) y el proyecto para prohibir la importación de vehículos impulsados por hidrocarburos a partir del 2030 (propuesto por el liberacionista Ronny Monge).