Vanuatu recurre a la Corte Internacional de Justicia a causa del cambio climático
Vanuatu es un estado insular que se encuentra en Oceanía, cerca de Australia y Fiyi. El 64% de su población vive a un kilómetro de la costa y, debido al incremento de la temperatura media del planeta a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producto de las actividades humanas, el nivel del mar está subiendo año con año.
“El aumento del nivel del mar y la erosión costera son mucho más que una grave amenaza medioambiental: también son una peligrosa fuente de desigualdad, porque sus efectos son devastadores para los medios de vida de millones de personas”, señaló Oxfam Internacional.
“Además, ellas son las que menos han contribuido a este desastre: la mayoría no tienen coche (carro) ni viajan en avión y suelen servir la comida en hojas de plátano en lugar de utilizar plástico. Sin embargo, son quienes más sufren sus consecuencias: padecen fuertes tormentas y ciclones que tienen efectos destructivos en las comunidades y la producción agrícola, y además ven cómo el agua de sus pozos y manantiales se vuelve salada y el mar va ganando día tras día más metros a sus tierras y las deja sin sus casas y sin medios de vida”, continuó la organización no gubernamental.
Esa vulnerabilidad motivó a Vanuatu a recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para consultarle cuáles son las obligaciones que tienen los países en relación al cambio climático y los derechos humanos. Específicamente, Vanuatu está planteando la siguiente pregunta: ¿cuáles son las consecuencias jurídicas en virtud de estas obligaciones para los Estados que, por sus actos y omisiones, hayan causado daños significativos al sistema climático y a otras partes del medio ambiente?
Y detalla que la interrogante se plantea teniendo en cuenta dos principales afectados. El primero, “los pequeños Estados insulares en desarrollo y otros Estados que, debido a sus circunstancias geográficas y a su nivel de desarrollo, resulten perjudicados o especialmente afectados o sean particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”.
El segundo se refiere a “las personas y los individuos de las generaciones presentes y futuras afectados por los efectos adversos del cambio climático”.
“La crisis climática no consiste simplemente en manejar toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Se trata de la equidad entre generaciones y de proteger los derechos fundamentales de personas que están perdiendo sus recursos para subsistir alrededor del mundo, y sus vidas”, dijo Ralph Regenvanu, ministro de Cambio Climático de Vanuatu, en la COP27 que se realizó en Sharm el-Sheij, Egipto, durante noviembre de 2022.
Vanuatu no solo es uno de los fundadores de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés), influyente bloque de negociación en las cumbres climáticas que agrupa a 39 países, sino que también fue de los primeros en hablar del término “pérdidas y daños”, incluso antes de la existencia de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
De hecho, durante la COP27, los países acordaron –tras una ardua negociación- crear un fondo específico para pérdidas y daños, concepto que se refiere a aquellos impactos del cambio climático que van más allá de las posibilidades de adaptación. Son los impactos inevitables, siendo la subida del nivel del mar uno de ellos y los países insulares sus principales víctimas.
¿Qué se gana con la consulta?
Aparte de dictar sentencias en litigios entre países, la CIJ –también conocida como Corte de La Haya- puede pronunciarse –mediante opiniones consultivas- para esclarecer cuestiones de derecho internacional. Si bien estas opiniones consultivas no son vinculantes, otros tribunales pueden basarse en ellas para sustentar sus fallos.
“La iniciativa de solicitar una opinión consultiva de la CIJ sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático aclarará y fortalecerá el marco jurídico internacional y promoverá la acción ambiciosa necesaria para estar a la altura de la urgencia y la gravedad de la crisis climática”, declaró Marta Schaaf, directora del Programa de Justicia Climática, Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas de la organización Amnistía Internacional.
“Una opinión consultiva sólida de la CIJ puede guiar la acción. La Corte no producirá legislación nueva, sino que examinará el derecho internacional existente, especialmente el derecho ambiental y el derecho concerniente a los derechos humanos, a la luz del consenso científico sobre las causas y las consecuencias del cambio climático”, agregó Schaaf.
Apoyo
Si bien Vanuatu presentó su propuesta de manera oficial en la Asamblea General de Naciones Unidas, realizada en setiembre de 2022, fue en la COP27 donde empezó a hacer lobby y le resultó.
Al menos 18 países manifestaron su respaldo a la consulta; entre ellos se encuentran Alemania, Bangladés, Nueva Zelanda, Portugal, Vietnam y Costa Rica.
“Costa Rica considera que esta acción constituye un compromiso político de carácter universal que debe ser valorado como una fuente de soft law de la más alta relevancia, y hace un llamado a todos los actores, no menos a los Estados Miembros, a pasar colectivamente de la declaración a la implementación”, manifestó Carlos Isaac Pérez, viceministro del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en un comunicado.
En el pasado, Costa Rica apoyó la solicitud de opiniones consultivas a la CIJ. Una de ellas fue en 1994 con respecto a la Resolución sobre la Legalidad de la Amenaza o el Uso de las Armas Nucleares y en el año 2008 concerniente a la Declaración Unilateral de Independencia respecto a Kosovo.
¿Qué sigue?
La solicitud de consulta deberá votarse a inicios de 2023. Para su adopción, se requiere una mayoría de votos por parte de los Estados que son miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Anteriormente, en 2011, Islas Marshall y Palaos anunciaron una iniciativa similar, pero desistieron de esta.
