COP29 arranca hoy con la tarea de acordar una nueva meta de financiamiento
Con el mandato de acordar una nueva meta de financiamiento, los países se encuentran en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán, a propósito de la cumbre del clima. Si bien aún no hay un número sobre la mesa, se habla de billones.
Casi termina el 2024 y pareciera que el planeta vive un permanente dejà-vu: nuevamente los pronósticos indican que los últimos 12 meses serán los registros más calurosos de la historia. También será el período en que el promedio global de la temperatura superará el 1,5ºC, establecido como límite en el Acuerdo de París.
En este contexto, hoy comienza la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (la COP29) en Bakú, Azerbaiyán. Otra vez, una nación petrolera será la sede del encuentro que reúne anualmente a 197 países. Este año a propósito de un tema espinoso, el financiamiento de las medidas de adaptación y mitigación, es decir, quién pone el dinero, a quién está destinado y cuánto es el monto total que se debe aportar.
Hasta ahora, la meta vigente es la que se estableció en el Acuerdo de París: los países ricos debían alimentar un fondo con $100.000 millones de dólares al año desde 2020 hasta el año que viene. El 2025 llega dentro de poco y aparece el desafío de acordar una nueva meta, que ya cuenta con una sigla de difícil recordación: el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés).
Las conversaciones sobre este asunto llevan tres años y llegan a su punto álgido en Bakú.
Dinero para responder a la urgencia
El compromiso original de $100.000 millones de dólares se cumplió, por primera vez (y con dos años de retraso), en 2022, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este 2024, los países en desarrollo aspiran a alcanzar un objetivo de $500.000 millones hasta $1 billón de dólares anuales.
No obstante, las necesidades de financiación superan esas cifras. Un estudio, realizado por Climate Policy Initiative, evidencia que los flujos anuales de financiación deben multiplicarse al menos por seis en comparación con los niveles actuales, alcanzando los $8,5 billones de dólares anuales de aquí a 2030, y más de $10 billones anuales de 2031 a 2050.
Esas necesidades no sólo se refieren al dinero para invertir en tecnologías bajas en carbono que ayuden a reducir las emisiones. Para regiones como América Latina y el Caribe, se trata sobre todo de materializar medidas de adaptación y recuperación tras el embate de eventos y condiciones climáticas extremas como huracanes o sequías, entre otros.
Si bien los flujos de financiación para la adaptación aumentaron de $22.000 millones en 2021 a $28.000 millones de dólares en 2022, aún existe un déficit que se estima entre $187.000 y 359.000 millones de dólares al año, según se señala en The Adaptation Gap Report 2024.
En este sentido, se está pidiendo que se establezca un objetivo específico de adaptación dentro del NCQG. Eso sí, los países en desarrollo son enfáticos: ese financiamiento deberá ser adicional.
Para los países del Sur Global este debate también representa un desafío geopolítico. El año pasado, en la cumbre climática realizada en Dubái (la COP28), se aprobó la creación de otro fondo, uno para afrontar las pérdidas y daños derivados de los impactos del cambio climático. Hasta el momento, el consejo de administración se reunió en mayo y el Banco Mundial confirmó su capacidad y voluntad de acogerlo por los próximos cuatro años. Aún falta responder las preguntas esenciales: cómo se harán los aportes, quiénes tendrán acceso a financiamiento, cómo se desembolsará el dinero y a partir de cuándo.
El próximo año, la COP30 tendrá sede en Belém de Pará, y los anfitriones no quieren que toda decisión quede acumulada para ese momento. Y previendo esto, Brasil puso el tema de la movilización de recursos financieros en el centro de las discusiones del G20, el cual está presidiendo en este 2024.
En la declaración de octubre del G20 se lee: “para alcanzar estos objetivos, consideraremos herramientas económicas innovadoras, como los pagos por servicios ecosistémicos, entre otros, la fertilidad del suelo, el control de la erosión, la polinización y el suministro de agua”. Asimismo, Brasil está promoviendo el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés), un instrumento de inversión que aspira a estar operativo en la COP30.
Nuevos contribuyentes
Además del monto, otros temas desafían a la negociación. Uno de ellos es la base de contribuyentes. Para la meta anterior, se definió que los países donantes fueran Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Reino Unido, Canadá, Suiza, Turquía, Noruega, Islandia, Nueva Zelanda y Australia.
En este nuevo proceso, los países ricos piden que se comparta la carga y solicitan que se incluya a los países en desarrollo que se han vuelto más prósperos y cuyas emisiones también son altas. Aunque no se mencionan públicamente, China acapara las miradas así como Singapur y estados petroleros como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
“Es totalmente justo agregar nuevos contribuyentes, dado el continuo cambio de las realidades y capacidades económicas”, argumentó Estados Unidos en un escrito fechado en agosto dirigido a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
La cuestión ha provocado discusiones acaloradas en los meses previos a la COP29. Los países en desarrollo incluso han dicho que los países ricos están tratando de imponer este tema y negándose a abordar el monto a pagar.
“Esto es negociar de mala fe”, dijo Iskander Erzini Vernoit, de la Iniciativa Imal para el Clima y el Desarrollo, a AFP. “Por el bien de los países más pobres y vulnerables del mundo, no es justo mantener todo el proceso como rehén”, continuó.
No más deuda
Mientras esto se discute, los países en desarrollo piden que el acuerdo final no empeore la deuda. El 93% de los países más vulnerables a la crisis climática corren riesgo significativo de sufrir o ya están sufriendo problemas de endeudamiento, señala un informe de Zero Carbon Analytics.
De hecho, la deuda pública de los países en desarrollo ha aumentado al doble de velocidad que la de los países desarrollados desde 2010. En 2023, uno de cada tres países en desarrollo destinaba más fondos al pago de intereses que a áreas cruciales como la salud, la educación, la conservación y la acción climática.
En parte, esto se debe a que la financiación para el clima y la biodiversidad llega a los países principalmente en forma de préstamos en lugar de donaciones. El 81% del financiamiento climático recibido por los países de América Latina y el Caribe, entre 2016 y 2020, fue por empréstitos.
Debido a esta situación, un grupo de organizaciones latinoamericanas insta a los negociadores a acordar mejoras en términos de calidad y facilidad de los mecanismos, “de manera que el financiamiento sea principalmente público, altamente concesional, predecible, adecuado y adicional a los compromisos vinculados a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)”.
Asimismo, estas organizaciones solicitan que los instrumentos y mecanismos “no incrementen los actuales niveles de deuda”, y se prioricen más donaciones de fuentes públicas, alivio de deuda e incluso cancelación de la misma ante eventos climáticos extremos. Es más, se solicita a los países a “redirigir los gastos militares y los subsidios de los combustibles fósiles a la acción climática, y de manera específica, a la transición justa”.
Financiamiento para la transición
“El financiamiento es crítico para los países del Sur Global, donde las emergencias climáticas están afectando desproporcionadamente los territorios y sus comunidades. En el contexto de la COP29, es imperativo que se establezcan compromisos concretos y se asegure una transferencia de recursos suficiente para implementar soluciones que mitiguen estos impactos”, comentó Sandra Acevedo, coordinadora regional de la Alianza Potencia Energética Latinoamericana.
“El financiamiento no solo es necesario para abordar los retos inmediatos, sino para impulsar un desarrollo sostenible y una transición energética justa, fortaleciendo la resiliencia de los ecosistemas y las economías locales. Así, los resultados de esta cumbre deben reflejar un apoyo tangible y efectivo, garantizando que los países más afectados tengan las herramientas necesarias para construir un futuro en el que la vida no esté en riesgo”, continuó.
Por ello, llegar a un acuerdo es clave para apoyar la transición energética. Vale recordar que en la COP28, las partes se comprometieron a reducir progresivamente el carbón así como acelerar los esfuerzos en pro de sistemas energéticos de emisión neta cero, utilizando combustibles de baja o nula emisión mucho antes o alrededor de 2050. También prometieron triplicar la capacidad mundial de energía renovable y duplicar la eficiencia energética para 2030.
“Los movimientos recientes en Bonn y en la COP16 sobre la eliminación de los combustibles fósiles dejan en claro que estas acciones deben fortalecerse en la COP29. Mientras que la conferencia de Bonn arrojó dudas sobre dónde avanzar en las promesas de energías renovables y eficiencia acordadas el año pasado en Dubái, la COP16 optó por eliminar cualquier referencia a la transición de los combustibles fósiles en su texto final”, dijo Ricardo Baitelo, gerente de proyectos en el Instituto de Energía y Medio Ambiente (IEMA) de Brasil.
“Por lo tanto, reafirmar este compromiso y alcanzar un acuerdo sobre financiación será crucial para implementar la transición justa y proporcionar una nueva arquitectura de recursos a la escala necesaria para abordar la crisis climática tanto en términos de mitigación como de adaptación”, agregó.
¿La historia se repite?
A este debate se ha sumado un nuevo condimento: Donald Trump, el negacionista climático, ha sido elegido nuevamente como presidente de los Estados Unidos. Como ocurrió en 2016, cuando se celebraba la COP22 en Marrakech (Marruecos), algunos analistas temen que pueda perjudicar las negociaciones e incluso el multilateralismo.
Pero hoy, casi 10 años después, hay avances en torno a la transición energética que no se podrán detener sea cual fuere la decisión que tome Trump respecto del papel de Estados Unidos frente al Acuerdo de París.
Por otro lado, un nuevo informe de Net Zero Policy Lab muestra que, si Estados Unidos se retira de la economía de la energía limpia, países como Europa, China, Japón y Corea del Sur podrían ganar decenas de miles de millones de dólares en nuevas oportunidades mientras que costaría a las empresas estadounidenses hasta $50.000 millones de dólares en ingresos perdidos por exportación.
“La abdicación del liderazgo estadounidense en tecnología climática perjudicará a Estados Unidos más de lo que perjudica a otros países”, afirmó Bentley Allan, codirector del Net Zero Industrial Policy Lab de Johns Hopkins.
“A estas alturas, la transición climática es inevitable. Una presidencia de Trump con una Cámara controlada por los republicanos solo retrasará y creará problemas para la transición energética en el país. No puede impedirla y, por tanto, sólo puede perjudicar al público estadounidense tanto a corto como a largo plazo”, agregó.
Un tema de comercio
Último, pero no menos importante: la cooperación multilateral. Una financiación climática suficiente es un requisito previo para garantizar que las políticas comerciales no obstaculicen los planes de transición y los objetivos de los países en desarrollo, sino que los potencien.
La creciente preocupación por el comercio refuerza la necesidad de una cooperación multilateral constructiva y de compromisos ambiciosos en materia de financiación climática para apoyar a los países en desarrollo.
El probable cambio de postura de Estados Unidos sobre las políticas climáticas y comerciales ofrece un espacio para el liderazgo y la cooperación multilateral por parte de la Unión Europea y los BRICS (grupo integrado por Rusia, China, India, Brasil y Suráfrica).
Lo cierto es que el planeta espera definiciones.
Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que Ojo al Clima forma parte.
