Los países desarrollados, que defienden el marco jurídico actual, y las naciones vulnerables, que reclaman más acción, se enfrentan en las maratónicas audiencias sobre el cambio climático que se celebran hasta el 13 de diciembre en La Haya (Países Bajos).
Las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, son históricas: nunca antes un caso involucró a tantos países e instituciones que buscan influenciar a los jueces en torno al marco legal de la lucha contra el cambio climático.
La mayoría de las grandes economías, incluidos Estados Unidos, China e India, argumentan que la CIJ no debe cambiar la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Ese marco es "la expresión más actualizada del consentimiento de los Estados a estar vinculados por el derecho internacional en materia de cambio climático", afirmó la representante estadounidense, Margaret Taylor. Exhortó a la corte a "garantizar que su dictamen preserve y promueva la centralidad de este régimen".
Tal opinión es compartida por otros grandes contaminadores, como China e India, así como por Australia y Alemania. "La corte debe evitar crear obligaciones nuevas o suplementarias encima de las ya existentes", expresó el representante de India, Luther Rangreji.
Del otro lado del debate se encuentran los representantes de los pequeños países insulares, algunos de los cuales hablaron ante la CIJ por primera vez en la historia de su país. Sus tierras natales son destruidas por el cambio climático aunque ellos niegan ser responsables de ese fenómeno.
"Es una crisis de sobrevivencia. Es también una crisis de equidad", declaró el representante de Fiyi, Luke Daunivalu. "Nuestro pueblo (…) paga injustamente la factura de una crisis que no creó. Espera justicia,
claridad y decisión de este tribunal", sostuvo.
"Vuestro asesoramiento jurídico resonará a través de las generaciones, dando forma a un legado de responsabilidad, protección y esperanza para todos", agregó ante los jueces.
Más de 100 países y organizaciones participan en las audiencias. Después de meses, incluso años de deliberaciones, la CIJ elaborará una opinión consultiva no vinculante, un marco para el derecho internacional en la lucha contra el cambio climático.
Batalla
Las declaraciones de países ricos y grandes contaminadores suscitaron la ira de los activistas, que los acusan de "esconderse detrás" de los acuerdos existentes, como el Acuerdo de París de 2015, a veces considerado insuficiente.
"Asistimos a una verdadera batalla entre David y Goliat", observó Joie Chowdhury, abogada del Centro para el Derecho Ambiental Internacional, con sede en Estados Unidos y Suiza. "Algunos de los grandes contaminadores del mundo, como Estados Unidos y Australia, han intentado pasar por alto su comportamiento histórico y su conocimiento de larga data de las causas y consecuencias del cambio climático", declaró Chowdhury.
Naciones Unidas ha pedido a la CIJ pronunciarse sobre dos cuestiones: la primera, ¿qué obligaciones tienen los Estados, según el derecho internacional, de proteger a la Tierra contra las emisiones de gas de efecto invernadero?; y la segunda, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de esas obligaciones cuando los Estados, "por sus actos y omisiones", causaron daños importantes al sistema climático?
Es necesario más dinero para combatir los efectos del cambio climático, consideran los países en desarrollo, decepcionados por el anuncio de 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035 prometidos en la reciente COP29 celebrada en Bakú (Azerbaiyán).
"Cuando camino por nuestras costas, solo veo costas que se erosionan, veo las huellas que desaparecen de generaciones de marshaleses que han vivido en armonía en estas islas", declaró John Silk, representante de Islas Marshall.
"El pueblo marshalés tiene un dicho: 'Wa kuk wa jimor', que significa 'todos estamos en la misma canoa'", expresó Silk. "Hoy hago extensivo ese principio a nuestra comunidad internacional".