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<h4>Sobre el Acuerdo de Escazú</h4>
Acuerdo de Escazú es el nombre corto del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Fue adoptado el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2022.
A la fecha, este tratado ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y pero sólo ha sido ratificado por 15, que son los actuales Estados Partes. Estos últimos son: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental cuyo foco es fomentar la participación pública ciudadana en decisiones ambientales, asegurar el acceso a la información y la justicia, y proteger a los defensores de derechos humanos.
El tratado busca fijar una base sobre la cual cada país pueda construir normativa para garantizar —desde la óptica del acceso a la información, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos— el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Es el único acuerdo vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20).
También es el primer acuerdo regional de carácter ambiental de América Latina y el Caribe.
Y es el primero en el mundo en contener disposiciones para proteger a los defensores y defensoras ambientales.

Plan de defensores ambientales contempla acciones para próximos seis años

COP3 del Acuerdo de Escazú se desarrolla del 22 al 24 de abril, 2024

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