Cambio climático es mencionado tímidamente en planes de gobierno

El cambio climático ha sido inclemente con Costa Rica en los últimos diez años. La frecuencia e intensidad de eventos extremos devastan la infraestructura vial, obligando al país a invertir millones en reconstrucción. 

Asimismo, el aumento de las temperaturas y la alteración de los ciclos de lluvia golpean al agro, provocando una mayor inestabilidad en los precios de los alimentos; mientras que la erosión costera está acortando playas y amenazando pueblos turísticos. Por si fuera poco, la subida del nivel del mar comienza a salinizar las fuentes de agua potable. 

En conjunto, estos impactos representan un costo anual del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), transformando el cambio climático en el mayor desafío para la estabilidad económica del país.

Aunque aún no ha estado presente en los debates, a excepción del organizado por la Red Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica (RJCCCR) y una pregunta en el de ¡Opa!, el tema es clave de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 1 de febrero, precisamente por su relación con la agenda de desarrollo.

Por esta razón, en Ojo al Clima nos dimos a la tarea de analizar los 20 planes de gobierno presentados al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Este análisis se complementa con lo dicho por los candidatos y candidatas que participaron del debate climático de la RJCCCR y los expertos del programa Praxis Electoral de la Universidad Nacional (UNA).

Los planes más detallados

Todos los partidos políticos incluyen, en mayor o menor medida, el cambio climático en sus planes de gobierno. No solo reconocen el fenómeno, sino que proponen medidas específicas de mitigación y adaptación.

Los partidos con propuestas más detalladas, dedicándole un capítulo al tema en sus planes, son la Coalición Agenda Ciudadana (PAC/ADN) y el Frente Amplio (FA).

Entre sus principales propuestas, PAC/ADN propone la creación de la Secretaría de Planificación para la Transición Energética y Ambiental (Septea) bajo la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). También plantea transformar la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en una empresa de energías limpias y crear un Fondo Verde Nacional.

En justicia climática, PAC/ADN aboga por la protección de las personas defensoras del ambiente mediante la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú. En esto coincide con el FA, el cual sostiene una posición de apoyo, absoluto y prioritario, hacia este tratado regional, proponiendo su ratificación inmediata.

La propuesta central del FA yace en la declaratoria de emergencia nacional por el cambio climático, la cual le permitiría al Poder Ejecutivo ejecutar medidas inmediatas a gran escala. Además, el FA impulsa un programa de empleos verdes y propone convertir a Recope en una empresa de energías químicas limpias (hidrógeno verde y biocombustibles), con capacidad de investigación, producción y comercialización de alternativas sostenibles.

A estos dos partidos les siguen Liberación Nacional (PLN) y Liberal Progresista (PLP), cuyas propuestas se dan en términos de infraestructura y normativa que facilitarían la implementación de las acciones de mitigación y adaptación.

Por ejemplo, dentro de su capítulo “Liderazgo Ambiental”, el PLN propone una Ley de Finanzas Sostenibles y la creación de un Banco Verde de Desarrollo Local para canalizar fondos internacionales hacia comunidades y pymes. También plantea frenar proyectos extractivos mediante la digitalización de activos ambientales para generar títulos valores transables.

El PLN es el único partido que propone la educación climática obligatoria en el sistema educativo formal (primaria y secundaria).

Por su parte, el PLP propone una Ley Marco de Cambio Climático que unifique la normativa de descarbonización (mitigación) y adaptación. Además, exige que toda inversión en infraestructura pública incorpore evaluaciones de vulnerabilidad climática. Asimismo, busca crear una plataforma nacional de datos climáticos abiertos para la toma de decisiones basada en ciencia.

Las otras propuestas

Los restantes 16 partidos políticos presentan propuestas en cambio climático menos articuladas que los cuatro ya mencionados, sin que el tema llegue a ser transversal en su visión de desarrollo. En algunos casos, estas ideas son aisladas y no detallan el cómo se pondrán en práctica.

El PPSO, actualmente en el gobierno, enfoca sus promesas en la infraestructura estratégica resiliente y el cumplimiento de metas de electromovilidad masiva. Menciona la implementación de un plan de reciclaje de activos viales para atender el rezago en mantenimiento de la red vial. Asimismo, aboga por la apertura del mercado eléctrico.

A diferencia de otros planes, el PPSO propone la exploración y eventual explotación regulada de minería metálica a cielo abierto en la zona de Cutris (San Carlos).

En cuanto la Unidad Social Cristiana (PUSC), su “propuesta estrella” se decanta por un cambio de enfoque estratégico: pasar de la mitigación hacia la adaptación y la resiliencia. Esta visión se sustenta en que el país debe priorizar el uso de sus recursos limitados en prepararse para recibir los efectos inevitables del cambio climático.

Los partidos Costa Rica Primero (CR1), Justicia Social Costarricense (PJSC), Nueva República (PNR), Unidos Podemos y Unión Costarricense Democrática (PUCD) centraron sus principales propuestas en el tema energético.

Unidos Podemos, por ejemplo, busca convertir a Costa Rica en un “país energético”, acelerando la generación renovable y la innovación tecnológica para exportar energía limpia y conocimiento al mundo. PNR prioriza el desarrollo del hidrógeno verde y PJSC apuesta a la innovación verde y el uso de tecnologías limpias (solar, eólica e hidrógeno) para erradicar los hidrocarburos en la flota vehicular.

Por su parte, CR1 habla de formular una Estrategia Nacional de Energía Soberana y fomentar la creación de 100.000 empleos verdes en agroindustria y energía limpia; mientras que el PUCD plantea aprovechar la biomasa y los residuos orgánicos para generar energía.

Otros tres partidos enmarcan sus “propuestas estrella” en la agenda urbana. Progreso Social Democrático (PPSD) menciona una nueva Ley de Planificación Urbana Sostenible, mientras que Esperanza y Libertad (PEL) impulsaría las obras grises-verdes, que consisten en soluciones basadas en la naturaleza (restauración de manglares y humedales) que se combinan con infraestructura tradicional en cuencas críticas.

El Centro Democrático y Social (CDS) propone un modelo de “ciudades esponja” como medida de resiliencia urbana, permitiendo que las zonas urbanas absorban y reutilicen el agua de lluvia mediante zonas verdes y lagos artificiales. También plantea la creación de un Observatorio Nacional de Cambio Climático y Salud.

Dos partidos se inclinaron por lo económico: Integración Nacional (PIN) aboga por un Fondo Soberano de Inversión Estratégica que utilice reservas internacionales para financiar el desarrollo regenerativo y la economía circular. Aquí Costa Rica Manda (ACRM) opta por un modelo de economía regenerativa que incluya la creación del Tesoro Ecológico Nacional, gestionado por el Banco Central y una Moneda Ecológica respaldada por servicios ecosistémicos.

La agricultura y ganadería regenerativa es el eje central de Nueva Generación (PNG), enfocándose en la captura de carbono en los suelos agrícolas.

En cuanto a Avanza, su propuesta se encuadra en la gestión basada en evidencia, utilizando tecnología para realizar predicciones georreferenciadas de riesgos climáticos y conectar la acción local con programas de adaptación territorial.

El enfoque del Partido de la Clase Trabajadora yace en la expropiación y recuperación de recursos estratégicos (bosques, agua, minerales) para que los trabajadores y trabajadoras decidan sobre su beneficio colectivo ante la crisis socioambiental.

Por último, Esperanza Nacional (PEN) opta por la continuidad y profundización de las políticas climáticas actuales, como el Plan Nacional de Descarbonización y la Política Nacional de Adaptación. 

Petróleo y gas

Ninguna propuesta en cambio climático es realista si no aborda los combustibles fósiles, cuya quema es responsable de más del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.

Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), la infraestructura de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) que ya existe o que está planeada emitirá suficiente carbono por sí sola para superar el 1,5 °C de calentamiento, establecido como el límite seguro para la vida tal cual la conocemos. Por lo tanto, cualquier nueva inversión en petróleo o gas es incompatible con las metas climáticas.

En reiteradas ocasiones, el actual gobierno ha planteado la posibilidad de explorar y explotar petróleo y gas en Costa Rica, actividad que está prohibida por decreto (pero no por ley) y cuya moratoria se extiende a 2050.

Existe una diferencia marcada entre los partidos que buscan prohibir estas actividades mediante una ley y aquellos que ven una oportunidad en su explotación, sobre todo del gas.

En el primer grupo se encuentran PAC/ADN, FA, CDS y PEN. En sus planes de gobierno, PAC/ADN y FA hablan explícitamente de impulsar el expediente Nº 23579 en la Asamblea Legislativa para declarar a Costa Rica como país libre de exploración y explotación de petróleo y gas.

El PEN también se opone a la idea de explotación, argumentando que las características geomorfológicas del país dificultan la extracción. Por su parte, CDS alega que el país no tiene la infraestructura necesaria para hacer uso del gas, además los costos ambientales serían muy elevados “en comparación con mantener y potenciar el modelo de electrificación actual”. Asimismo, advierte sobre los posibles daños ambientales que la explotación de este recurso podría causar a la naturaleza del país.

Un segundo grupo de partidos ven el gas como combustible de transición. El PUSC y Avanza rechazan el petróleo, pero apoyan la exploración de gas. PLP mantendría la prohibición indefinida del petróleo mediante reforma legal, pero evaluaría proyectos de gas siempre que se demuestre científicamente que no dañan el ambiente. PNG propone permitir que Recope importe gas para sustituir el diésel en el transporte público.

En el tercer grupo están los partidos a favor de la exploración y explotación de petróleo y gas. El PNR propone una política de explotación racional de gas y petróleo mediante alianzas público-privadas donde el Estado sea socio fundamental. 

Por su parte, el PIN plantea iniciar la exploración técnica de hidrocarburos en yacimientos identificados para reducir el costo de los combustibles. Su propuesta incluye que Recope retome la refinación nacional y que el eventual aprovechamiento de gas y petróleo se integre a un Fondo Soberano de Inversión Estratégica.

Por último, Unidos Podemos aboga por realizar estudios modernos con tecnologías de última generación sobre el potencial de yacimientos de gas y petróleo en territorio continental y marítimo. Su objetivo es utilizar la evidencia científica para decidir sobre su aprovechamiento y reducir la “petrolización” de la economía basada en derivados importados.

Los partidos restantes no mencionaron el tema en sus planes de gobierno.

Intersección de agendas

Hay temas abordados en los planes de gobierno que, si bien no se conciben como agenda climática dentro de estos, sí inciden en la descarbonización, adaptación y resiliencia de la economía nacional.

Ese es el caso del transporte, cuyo aporte de emisiones es el 42% del total y cerca del 75% de las emisiones del sector energía. Precisamente, la mayor parte de estas emisiones provienen del consumo de gasolina y diésel en vehículos particulares y carga.

En este sentido, la mayoría de los partidos coinciden en la electrificación de la flota vehicular (pública y privada), la modernización ferroviaria (tren de pasajeros y carga) y reorganizar las rutas de autobuses. Solo 12 partidos mencionan la construcción de ciclovías urbanas seguras, aceras amplias y promoción de la caminabilidad.

Todos los partidos coinciden en la necesidad de consolidar una matriz energética basada en fuentes renovables, donde se fomente la energía solar, eólica, geotérmica, biomasa y energías oceánicas (olas y mareas). Nueve proponen el hidrógeno verde como estrategia para descarbonizar el transporte pesado y generar un nuevo sector de exportación. 

Todos los partidos abogan porque el sector agropecuario se adapte al cambio climático mientras reduce emisiones. Aunque difieren en lo específico, se mencionan prácticas de labranza mínima, agroforestería y pastoreo rotacional así como uso de drones, sensores y biotecnología para reducir el uso de agroquímicos y optimizar el riego.

Tres partidos proponen de manera específica el uso de la tecnología de seguros paramétricos o indexados (Avanza, CDS y PLP), mientras que un total de 13 agrupaciones incluyen en sus planes el aseguramiento agrícola o climático en términos generales.

En cuanto a valorización de residuos, se habla de fomentar el reciclaje, el compostaje y la transformación de residuos orgánicos en bioenergía. También de la aplicación de leyes para que las empresas gestionen el ciclo de vida de sus productos y empaques. Se menciona la prohibición de plásticos de un solo uso y microplásticos.

Finalmente, algunos partidos proponen nuevas estructuras institucionales y financieras para ejecutar estas políticas. En financiamiento, se plantea el uso de bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y creación de fondos soberanos para la transición ecológica.