Tormenta Sara recuerda cuán importante es la adaptación al cambio climático

Sara estuvo formándose en El Caribe de manera lenta por al menos dos semanas. Por ello, y aunque fuera declarada tormenta tropical hasta el jueves pasado, sus lluvias y fuertes vientos ya venían afectando al país.

Su ubicación, frente a la costa de Honduras, y su lento desplazamiento ejerció una influencia indirecta, con un flujo constante de humedad ingresando al territorio proveniente del océano Pacífico, explicó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

De allí, los récords: en Sardinal y La Cruz, ambos en Guanacaste, ocurrieron los aguaceros más intensos en 24 horas para un mes de noviembre en 27 años. Al 15 de noviembre, los acumulados de precipitación sobrepasaron los 1.200 mm en el Pacífico Sur y 1.150 mm en Guanacaste en lo que iba del mes. Aún falta contabilizar los últimos datos, pero este noviembre se perfila como el más lluvioso en más de 25 años de registro.

Asimismo, al viernes, los niveles de saturación de los suelos, según IMN, eran de 90-100%. De allí, las inundaciones en las regiones bajas del Pacífico así como los deslizamientos en las montañas del Pacífico, Valle Central, Zona Norte y Caribe.

Emergencia

Estos impactos llevaron a declarar, el pasado 13 de noviembre, el estado de emergencia. Al viernes se contabilizaban más de 900 viviendas y 343 centros educativos afectados, así como 3.000 personas reubicadas en albergues.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informó que, durante los últimos 12 días, se reportaron 94.000 clientes cuyo servicio eléctrico había sido afectado por las lluvias, sobre todo en Guanacaste y Puntarenas. En telecomunicaciones se contabilizaron 102 averías con un alcance total de 50.000 usuarios.

Debido al alto riesgo, el viernes, la Dirección General de Aviación Civil optó por cerrar el aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós en Liberia. Esto se tradujo en la suspensión de 36 vuelos internacionales, tanto entrantes como salientes. 

Aparte del turismo, el agro fue el otro sector económico fuertemente afectado. Las lluvias provocaron que 2.000 cabezas de ganado quedaran aisladas o sin pasto para comer en Guanacaste y la Zona Sur. Los productores de arroz, frijol y café sufrieron importantes pérdidas y los apicultores reportaron colmenas afectadas.

Al 13 de noviembre, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) reportaba daños por más de ₡500 millones. “Las cebollas se están pudriendo en las bodegas en vista de la alta humedad relativa que no permite el secado, igualmente los cultivos de hoja están sufriendo mucho y se están pudriendo, lo mismo pasa con el tomate y chile dulce”, dijo Óscar Arias Moreira, presidente ejecutivo de la CNAA, a Universidad.

Así como Sara golpeó a Costa Rica, también lo hizo en Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice. De hecho, se calculan más de 100.000 afectados.

El domingo, Sara llegó como depresión tropical al sur de México. “A pesar de estar perdiendo fuerza, el riesgo continúa”, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). “La depresión continuará causando inundaciones y deslizamientos de tierra significativos que amenazan la vida a medida que se mueva tierra adentro”.

Temperatura

Mientras Centroamérica lidia con lluvias, otros países sortean inundaciones (Colombia) e incendios forestales (Estados Unidos). Todos son impactos del que se perfila será “el año más cálido jamás medido”, según el Servicio Copernicus de Cambio Climático (C3S).

El 2024 fue 0,71°C más cálido entre enero y octubre que la media de 1991-2020, la cual había sido la más alta registrada para este periodo, y fue 0,16°C más cálido que el mismo periodo de 2023. 

Según Copernicus, estos récords continuos son impulsados por el calentamiento sin precedentes de los océanos, los cuales han absorbido más del 90% del exceso de calor proveniente de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). De hecho, la temperatura media de la superficie del mar se ha mantenido en niveles anómalos desde mayo de 2023.

Tal como explicó Samantha Burgess, subdirectora del C3S, la combinación de altas temperaturas y humedad ha provocado grandes precipitaciones de lluvia y tormentas en prácticamente todo el planeta.

Para la Organización Meteorológica Mundial (OMM), tanto las sequías como las lluvias extremas son indicadores de un ciclo del agua más irregular.

Adaptación

Según las estimaciones del Informe sobre la brecha de emisiones 2024, elaborado por ONU Ambiente, el planeta se encamina hacia un aumento de 2,6 - 3,1 °C de temperatura en este siglo, esto si no se reducen de inmediato y de forma significativa las emisiones de GEI.

Ante este panorama, incrementar los esfuerzos de adaptación se vuelve una prioridad para países como Costa Rica. Las medidas de adaptación son aquellas que permiten reducir los impactos en los sistemas humanos y naturales. Se diseñan a partir del contexto del lugar y se aplican a nivel de territorio. Un ejemplo de medida de adaptación es el ordenamiento territorial, el cual permite identificar zonas de riesgo y planificar donde estarán los asentamientos, las zonas de recarga acuífera, las áreas de protección, etc. 

Debido a su importancia, el Acuerdo de París estableció una Meta Global de Adaptación para que los países puedan “mejorar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, con miras a contribuir al desarrollo sostenible y garantizar una respuesta de adaptación adecuada en el contexto del objetivo de temperatura” (Artículo 7.1).

En la 28va Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP28, que tuvo lugar en 2023, se acordó un nuevo marco con objetivos temáticos y otros relacionados a la implementación como, por ejemplo, motivar a los países a desarrollar sus planes de adaptación para 2025.

Posterior a esto, y enmarcado en un programa de trabajo de dos años, los países deben acordar indicadores para medir avances. Actualmente hay 10.000 indicadores sobre la mesa, elaborados a partir de propuestas y el análisis de los planes nacionales.

Avanzar en la negociación de esos indicadores es el proceso que la presidencia de la COP29 –representada por Mukhtar Babayev, ministro de Ambiente de Azerbaiyán- encargó a Irlanda y Costa Rica este año, al nombrarlos como co-facilitadores del grupo de adaptación. Babayev encomendó a los ministros de ambos países dirigir las consultas bilaterales y multilaterales para avanzar con el Programa de Trabajo Emiratos Árabes Unidos-Belém, que deberá estar listo en 2025.

Precisamente, contar con indicadores sólidos es importante para que los recursos que se inviertan en adaptación aumenten la resiliencia, eviten el ‘maquillaje verde’ y los fondos lleguen a quienes están en primera línea, incluidos los agricultores, los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Financiamiento

Además de ser eficientes en el uso de los recursos disponibles, es imperativo incrementar el financiamiento dirigido a la adaptación. Si bien los flujos de financiación pública internacional pasaron de $22.000 millones en 2021 a $28.000 millones en 2022, este monto se quedaría corto ante lo que realmente necesitan los países en desarrollo.

Según el Informe sobre la brecha de adaptación 2024, también elaborado por ONU Ambiente, el déficit de financiación para la adaptación se calcula entre $187.000 y $359.000 millones anuales.

Es así como en este momento se está negociando el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) y, dentro de este, se está pidiendo un objetivo específico para adaptación. 

El NCQG reflejará el acuerdo de movilización de recursos que harán los países desarrollados –responsables históricos de la crisis climática- a las naciones en desarrollo para que puedan tanto mitigar como adaptarse al cambio climático.

En cuanto a la cifra, un informe del Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Financiación Climática calculó que deberá ser $1 billón al año para 2030 y deberá aumentarse a $1,3 billones en 2035.

El informe advierte de que cualquier retraso en la consecución del objetivo financiero incrementará los costes en el futuro. De hecho, se hace hincapié en que alcanzar el NCQG no es solo una necesidad medioambiental, sino también económica.

Aparte del número, los países en desarrollo y la sociedad civil han sido vocales en cuanto a la calidad de este financiamiento. Un grupo de organizaciones latinoamericanas pide que el financiamiento “sea principalmente público, altamente concesional, predecible, adecuado y adicional a los compromisos vinculados a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)”.

También solicita que los instrumentos y mecanismos “no incrementen los actuales niveles de deuda”, y se prioricen más donaciones de fuentes públicas, alivio de deuda e incluso cancelación de la misma ante eventos climáticos extremos. Es más, pide a los países “redirigir los gastos militares y los subsidios de los combustibles fósiles a la acción climática”. 

Hasta el momento, iniciando la segunda semana de negociaciones, el texto sobre NCQG aún está abierto. “Este es el tipo de cosas que resuelven los ministros y presidentes, pero son las figuras menos presentes en esta cumbre”, comentó Adrián Martínez, director de la Ruta del Clima. “El problema es que si hay una mala decisión, la pagamos todos”, recalcó.

Más allá de la adaptación

¿Qué pasa cuando los esfuerzos de adaptación alcanzan su límite y los territorios sufren más allá de sus posibilidades de recuperación? Aquí es cuando se habla de daños y pérdidas, concepto también contemplado en el Acuerdo de París.

Si bien en la COP28 se aprobó un Fondo para Pérdidas y Daños, las contribuciones a este son voluntarias. En ese momento, se anunciaron compromisos por $700 millones, los cuales apenas cubren el 0,2% de lo requerido. “Es preocupante. En esta COP29 se anunciaron $15 millones por parte de Suecia, eso es poco”, dijo Martínez y agregó: “La necesidad para daños y pérdidas es mucho más alta de lo que se está hablando”.

“Y eso es un gran riesgo, porque si no se mencionan daños y pérdidas, pues queda excluido de la discusión principal de financiamiento, como si no fuera uno de los pilares del Acuerdo de París, o peor aún, como si no fuera la primera necesidad que tiene la gente”, continuó.

Tras Sara

Sin llegar a ser huracán, la tormenta Sara cerró escuelas, aisló comunidades, devastó cosechas, suspendió vuelos… “Causó un trastorno significativo en nuestra actividad social y económica, con ramificaciones para nuestro desarrollo. El costo acumulativo de eso lo vamos a sentir en los próximos años”, señaló Martínez.

Y continuó: “Si esto vuelve a pasar el otro año, habrá que volver a darle recursos a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), se tendrá que volver a atender a la gente y así año con año. Se vuelve un costo reiterativo de sufrimiento, porque lo más probable es que esas personas que perdieron sus cosas regresen a donde tienen su parcela, donde estaba su casa, porque no tienen dónde ir, pero ahí se les desmejora su calidad de vida y su nivel socioeconómico porque ese territorio es vulnerable. Y eso lo pagamos todos como país”.