Costa Rica afina posición ante temas clave de la COP16

A partir del 21 de octubre y hasta el 1 de noviembre, Costa Rica será uno de los 196 países firmantes del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) que negociará la forma en que se implementará y dará seguimiento al nuevo instrumento que busca contrarrestar la pérdida de biodiversidad en el mundo.

La decimosexta Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, la COP16, es la primera que se realiza tras haberse aprobado el Marco Mundial Kunming-Montreal (GBF, por su sigla en inglés), el cual establece 4 objetivos con miras al año 2050 y 23 metas con umbral de cumplimiento al 2030.

Si bien la agenda de negociación supera la treintena de ítems, son cuatro lo que se vislumbran como los principales: analizar cómo va la actualización de las estrategias y planes nacionales, establecer los indicadores para medir el progreso, los medios de implementación (incluido el financiamiento), y acordar el mecanismo para el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la información digital de las secuencias genéticas (DSI, por su sigla en inglés).

“Nosotros esperamos que de la cumbre salgan propuestas concretas en términos de negociación de acceso a beneficios genéticos para las comunidades, que salga una alianza que pueda reflejar la paz con la naturaleza y la paz con nosotros mismos”, declaró el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, a AFP.

En este sentido, ¿qué posición llevará Costa Rica a la cita en Cali?

Planes e indicadores

Los países deberán contextualizar los objetivos y metas acordados a nivel global a sus propias realidades mediante las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP, por su sigla en inglés). Asimismo, se deberá crear indicadores nacionales —acordes a los globales— que permitan ver los avances.

En este sentido, CDB les pidió una actualización de su NBSAP en esta COP16, aunque realmente están obligados a hacerlo hasta la COP17. Costa Rica no presentará todavía su NBSAP, porque antes se enfrascó en un proceso de evaluación.

“Lo que hicimos fue ver cuán alineadas estaban las metas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) con las del Marco Mundial Kunming-Montreal. Eso nos permitió ver las brechas que existen para así formular la nueva estrategia”, explicó Eugenia Arguedas, punto focal de la CDB en el país y negociadora en la COP16.

El 85% de las metas nacionales tienen algún nivel de alineamiento con uno o varios de los cuatro objetivos del GBF. “La ENB de Costa Rica tiene un alto nivel de alineamiento con 10 metas del GBF, lo cual representa un 44%; un nivel medio con 6 metas del GBF, correspondiente a un 26%; y un nivel bajo con 7 metas del GBF, para un 30%”, concluye el informe de evaluación.

La mayoría están alineadas al objetivo de gestión sostenible y conservación de la biodiversidad contemplando su integridad, conectividad y resiliencia. La principal brecha yace en el objetivo que tiene que ver con los beneficios monetarios y no monetarios de la utilización de los recursos genéticos y la información digital sobre secuencias genéticas (aún falta publicar los reglamentos).

En cuanto a los indicadores de la ENB, estos pueden aportar información medible a 24 de los 36 indicadores de cabecera del GBF, los cuales terminarán de afinarse en esta COP16.

A esta evaluación, según Arguedas, se sumará un informe país sobre el estado de la biodiversidad que integrará el criterio de expertos, como se hizo en un reporte anterior, con datos ya sistematizados en BioDataCR, que es la plataforma para la gestión de conocimiento e información sobre biodiversidad a nivel nacional.

Pero el esfuerzo no se quedará allí. Según Arguedas, la formulación de la NBSAP estará en armonía con la actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) que deberá presentar el país en la trigésima Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP30, a realizarse en Belém (Brasil) en 2025.

“Ya hemos hablado con Adriana Bonilla, directora de cambio climático, y ella tiene una visión interesante de integración, ya que el cambio climático es un precursor de la pérdida de biodiversidad y la biodiversidad, mediante las soluciones basadas en naturaleza, brindan posibilidades de adaptación al cambio climático”, comentó Arguedas. “La actualización de ambos planes nos brinda una buena ventana de oportunidad para fortalecer el vínculo entre ambas convenciones”, agregó.

Financiamiento

En el GBF, los países acordaron aumentar sustancial y progresivamente el financiamiento procedente de todas las fuentes públicas, privadas y cooperación internacional en al menos $200.000 millones al año para 2030. Esto incluye las transferencias de los países desarrollados a las naciones en desarrollo en al menos $20.000 millones anuales para 2025 y en al menos $30.000 millones anuales para 2030.

Para ello se creó el Fondo del Marco Global para la Biodiversidad, al que Canadá y Reino Unido prometieron dar, de manera conjunta, $160 millones de capital inicial para ponerlo en marcha. Este fondo yace en el seno del Fondo Mundial para el Medioambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), el cual es liderado por el exministro costarricense Carlos Manuel Rodríguez. 

Algunos países africanos y latinoamericanos no están de acuerdo con ello y quieren que el fondo esté fuera del GEF para que tenga su propia gobernanza. “Costa Rica no tiene esa posición”, dijo Arguedas. “Nuestra posición es que se mantenga en el GEF”, aclaró.

Al margen de esta discusión, lo cierto es que el dinero prometido no es suficiente para cubrir el costo de evitar la pérdida de biodiversidad. El déficit de financiamiento se calcula en $700.000 millones anuales a nivel mundial.

¿Cuál es el riesgo de no cubrir este déficit? Según la iniciativa de Financiamiento de la Biodiversidad (Biofin) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la pérdida de biodiversidad podría reducir el producto interno bruto (PIB) mundial en hasta $2,7 billones por año para 2030. El mayor impacto sería en los países de ingresos bajos y medio bajos. 

En este sentido, los negociadores de la COP16 barajarán opciones como la fiscalidad internacional (que también se discute en el G20), los bonos de biodiversidad, un fondo para proteger bosques tropicales (propuesto por Brasil) y los canjes de deuda (promocionados por Colombia).

En América Latina y el Caribe, el 81% del financiamiento para clima y biodiversidad recibido entre 2016 y 2020 fue en forma de préstamos. Esto ha agravado la crisis de la deuda debido a que los países terminan destinando recursos —que pudieran invertirse en salud, educación, ambiente y acción climática— al pago de intereses. De hecho, se prevé que el pago de deuda consuma el 41,5% de los ingresos presupuestados en este 2024 y el 8,4% del PIB, en promedio, en 144 países en desarrollo. 

Sin embargo, los canjes de deuda han demostrado no ser la panacea. “El mercado de canje de deuda por naturaleza es muy pequeño. Las estimaciones varían, pero los cálculos muestran que estos canjes solo compensaron alrededor del 0,11% de los pagos de deuda de los países de renta baja y media entre 1987 y 2023”, señaló María Marta Di Paola, investigadora de Zero Carbon Analytics y autora del informe Reformando el financiamiento climático: Los canjes de deuda por naturaleza en América Latina y el Caribe.

Los canjes de deuda no son un mecanismo nuevo: los primeros acuerdos datan de la década de 1980. Lo que propone esta herramienta es que parte de la deuda en divisa extranjera que tiene un país se cancele a cambio de destinar esos recursos en moneda local a proyectos ambientales. Según Di Paola, esto pone de manifiesto dos limitaciones: la dependencia de la moneda local y el hecho de que no canaliza ninguna nueva financiación internacional hacia el país.

Costa Rica ha tenido canjes de deuda en el pasado y actualmente tiene dos con Estados Unidos, cuyos fondos se destinan a proyectos vinculados al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y otras zonas prioritarias fuera de áreas silvestres protegidas. “A nosotros nos ha ido bien con estos dos canjes”, aseguró Arguedas.

Como parte del buró o la mesa directiva del Foro de Ministros de América Latina y el Caribe, en julio, Costa Rica decidió apoyar la propuesta colombiana de canjes de deuda por naturaleza y clima así como la necesidad de reformar el sistema financiero internacional.

DSI

El reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de las DSI es uno de los temas que quedaron pendientes de la COP15. No es para menos, ya que es lo suficientemente polémico.

En la búsqueda sistemática de componentes de la biodiversidad para elaborar nuevos medicamentos, cosméticos y aplicaciones para la industria alimentaria, la secuenciación del genoma de organismos y otros elementos de la biodiversidad se ha convertido en una gran fuente de información. De hecho, estos datos de ADN y ARN ahora se almacenan de forma digital, por lo que no es necesario realizar la secuenciación cada vez que se necesite la información.

El tema de reparto de beneficios está presente en las negociaciones desde que existe la CDB. A partir de 2014, cuando entró en rigor el Protocolo de Nagoya, se puso en marcha un sistema que otorga remuneración cada vez que se utiliza un recurso, pero este sistema sólo aplica a muestras físicas, es decir, las DSI quedaron por fuera. Actualmente, las DSI yacen en bases de datos de libre acceso, por lo que no generan ingresos a los países de origen.

“Cualquiera puede agarrar esa información y sacar beneficios. No pasa nada. Eso es lo que ha pasado históricamente. Entonces, esa plataforma hoy día tiene bases de datos de las que a veces no se sabe el origen geográfico de la secuencia genética”, comentó Ángela González, directora de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio) que es la institución que atiende en el país los temas relacionados al Protocolo de Nagoya.

Para González, la discusión debe partir de la definición de lo que se considera DSI, que aún no está lo suficientemente depurada y de allí las diversas interpretaciones, y también hay que establecer el alcance del uso que pueda tener esa información.

No obstante, la conversación en la COP16 girará en torno al mecanismo multilateral sobre reparto justo y equitativo de los beneficios, el cual busca reconocer económicamente a los países o territorios de donde provienen esos componentes de los cuales se deriva la DSI.

Costa Rica cuenta con un mecanismo bilateral desde 2004. “Si llega una empresa y quiere la información digital de la secuencia que está en el banco y resulta que es de Costa Rica, entonces pide un permiso a Conagebio”, resumió González. Amparado en la Ley de Biodiversidad, Conagebio tiene una serie de mecanismos que aseguran el acceso al recurso, la información relacionada a este, el consentimiento previo informado, protege al proveedor y exige un beneficio.

En la COP15, Colombia defendió la idea de tener un mecanismo que fuera mixto: bilateral y multilateral. “Nosotros apoyamos fuertemente esa posición porque el multilateral puede ser útil cuando no se sabe de dónde es el recurso genético, de dónde se sacó la información o cuando son muchos países de donde el investigador está sacando la información, porque ahí se hace inmanejable tener permisos con 15 países, por ejemplo. Entonces, se puede generar un mecanismo multilateral bajo esas condiciones”, dijo González. “Pero, si se sabe de dónde viene la información, entonces que funcione el mecanismo bilateral”, agregó.

Para González, el problema con el mecanismo multilateral es que no se sabe cómo va a funcionar, cómo se van a repartir los beneficios y a quién se le darán. Y a esto falta sumarle la variable del dinero: cómo se van a recaudar los fondos y cómo se distribuirán.